El modo de ser público de la Universidad Pública

Por: Delfín Grueso

Filósofo, Vice-decano de investigación

Facultad de Humanidades

Hay varios modos en que la universidad pública es pública. En primer lugar, por ser la universidad financiada por el Estado. Este rasgo, que es muy a menudo recordado casi como una culpa, como una simple carga presupuestal, debe ser reivindicado a través de un carácter público positivo. Debe afirmarse institucionalmente el carácter de bien público de la universidad pública y esto connota, al menos, dos cosas.  Por una parte, que frente a ella la sociedad, como un todo, tiene el mismo tipo de derecho de acceso que se tiene sobre todo bien público. Por otra parte, que además de ser un servicio al que se debe garantizar un acceso abierto e igualitario, es también un patrimonio público, algo que no sólo identifica a una determinada sociedad, nación o comarca, sino una poderosa reserva con que la misma cuenta para proyectarse a sí misma.  Finalmente, debe destacarse que, como otras instituciones de lo público, la universidad pública cumple un importante rol en el proceso de construcción de la identidad colectiva, de superación de las barreras sociales y económicas y de canalización de las tendencias críticas que permiten a una sociedad, nación o comarca renovarse y lograr consensos nuevos para la vida en común.  

En cuanto bien público, la universidad debe existir como un derecho abierto a todos, en igualdad de condiciones, para evitar la tiranía que imponen las leyes del mercado, las barreras sociales, las diversas formas de discriminación, exclusión e invisibilización social.  En todo momento se debe tener presente que esa tiranía está más propensa a emerger si sólo existieran universidades privadas o si se careciera en absoluto de universidad. El que exista, alienta la esperanza de que esa sociedad puede aún luchar contra la fragmentación.  

En cuanto patrimonio científico e intelectual, la universidad pública es una reserva que no debe ser feudalizada por ninguna clase, confesión religiosa, credo político o ideología social.  Es un espacio en permanente renovación, un espacio de libertad que a veces se expresa en conflicto social, no pocas veces utilizado por sectores radicales, pero la mayor parte del tiempo un espacio para el ejercicio de la investigación, la innovación, la crítica y la creación artística.  En él la ciencia y las humanidades, el arte y la tecnología, se recrean a sí mismas y, a través de ello, la sociedad misma. Esa es la realidad funcional de las universidades en las sociedades modernas. Sólo que en las públicas esa realidad no está condicionada por directrices extraacadémicas como las confesionales, las que emergen de las demandas del mercado y las que imponen los ocasionales dueños de los centros privados de enseñanza e investigación.

Por lo anterior, la universidad pública no puede ser tiranizada por los criterios de eficiencia que rigen la empresa privada, ni medida por parámetros puramente eficientistas en términos cortoplacistas. Esto implica, en gran medida, revisar la tendencia a medir la eficiencia universitaria exclusivamente por el número de estudiantes en clase, por el tiempo de profesionalización meramente funcional de un estudiante, por la utilidad inmediata de una investigación o por la apropiación acrítica de una tecnología foránea. No se trata de propender por una universidad de calidad y sin exigencias. Se trata de respetar y hacer respetar los propios ritmos que la universidad, desde su práctica, se da para definir su contribución al contexto, una contribución que puede ser más creativa que reproductiva, más crítica que complaciente, más formativa que simplemente profesionalizante y utilizable en términos de pura ganancia económica.  

La universidad pública tiene, anexo a su carácter de bien público, una función política de alto nivel, y esta vez es en la construcción de lo público. Por ser la universidad de más amplio espectro social en su composición, es un espacio de concertación de las diferencias.  Es un espacio de creación de lo público como esfera que trasciende las fragmentaciones e inaugura lo común. Y es, cada vez más, un espacio justiciero en el sentido de que ayuda a cerrar la brecha distribuyendo, lo más democráticamente posible, las oportunidades de movilidad social a través del conocimiento.  La universidad pública debe, entonces, mantener sus puertas abiertas a todos los sectores garantizando financieramente el acceso a aquellos que, queriendo estudiar y teniendo capacidades, no dispongan de los medios necesarios para hacerlo; a aquellos que, por sus limitaciones físicas, orientación social o creencia religiosa (o falta de ella), no son aceptados en los centros donde se privilegia cierto funcionalismo profesional, cierta hegemonía confesional o moral, etc.; a aquellos que, por su desventajosa situación social, llevan a cuestas deficiencias educativas; etc.  La universidad cumple una función niveladora y por ello, además de estar al servicio del saber y de la crítica, está al servicio de la sociedad ayudando a superar la inequidad social, cerrando la negativa influencia de las diferencias sociales sobre las oportunidades educativas y, a través de ellas, sobre la movilidad social.  

Adicionalmente, la universidad pública toma a su cargo aquella labor investigativa y creativa de más largo plazo, aquella que no se mide por los cortoplacistas parámetros de la utilidad ni por los actuales criterios de lo aceptable sino que se da un mayor plazo para mostrar sus bondades.  De esa manera, se hace cargo de disciplinas no rentables, de investigaciones cuya bondad no se ve inmediatamente, del arte cuya factura trasciende los actuales cánones, de la crítica que no  encuentra aceptación en los círculos actuales del poder.  Sintoniza, además, los saberes internacionales con las realidades contextuales, con la idiosincracia del medio, produciendo de esta manera, de nuevo, una identidad común fundamental para lo público. Y esto es de nuevo una función política en el más alto sentido.