Los anteriores desafíos tienen como precondición un mayor financiamiento por parte del Estado y una estructura de la financiación que haga sostenible a la Universidad en el mediano y el largo plazo. Por lo tanto, este desafío tiene que ver con el modelo nacional de financiación de la educación superior, que estipula la Ley 30, y que ha llegado a su agotamiento en las actuales circunstancias y con un nuevo modelo de financiación que, aunque busca nuevas fuentes de financiación, debe estar bajo la responsabilidad fundamental del Estado.

Algunas de las estrategias pueden giran alrededor de los siguientes objetivos: gestionar recursos para la financiación de la Universidad ante el Gobierno Nacional, el Gobierno Departamental y los Gobiernos Locales, especialmente la Alcaldía de Santiago de Cali por ser el 70% de los estudiantes de esta ciudad, y otras entidades; incrementar y diversificar la generación de ingresos de la Universidad; realizar una planeación financiera de corto y mediano plazo; actualizar los estudios de sostenibilidad de los programas y proyectos de la Universidad; continuar con la reducción de algunos gastos por procesos de contratación más efectivos, entre otros.