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“Ustedes tienen la oportunidad de vivir en un país en paz”: José Antonio Ocampo

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Martes, 09 Enero 2018
Agencia de Noticias Univalle


A continuación, la Dirección de Comunicaciones publica el discurso pronunciado por José Antonio Ocampo, co-director del Banco de la República, durante la ceremonia solemne de grados de pregrado, realizada el pasado 16 de diciembre de 2017 en el Coliseo Alberto León Betancur en el Campus de Meléndez. 

“Quiero agradecer al Rector de la Universidad, el Profesor Edgar Varela Barrios, por la invitación para acompañarlos en esta ceremonia de grados. La Universidad del Valle tiene, por supuesto, un inmenso significado para mí, no solo por ser la institución preeminente de estudios superiores e investigación en mi región de origen, sino también por todo lo que representó para mi padre, Alfonso Ocampo Londoño, rector también de esta casa, así como Decano de Estudios, co-fundador de la Facultad de Medicina, Decano de dicha Facultad y director del Hospital Universitario. Y, también, cabe recordarlo, fue el gestor de esta ciudad universitaria, que de alguna manera fue su gran sueño. Quiero agradecer a la Señora Gobernadora del Departamento del Valle del Cauca, Dra. Dilian Francisca Toro, como Presidente del Consejo Superior, y al Dr. Varela y a los vicerrectores todas las muestras de cariño de esta Universidad con mi padre con motivo de su fallecimiento el año pasado.

Entre todos sus hijos, soy el que heredé el amor por la vida universitaria y por lo que ella encarna: la pasión por la búsqueda del conocimiento, la libre expresión y la formación de la juventud en estos mismos valores. Siguiendo su ejemplo, he dedicado la mitad de mi vida profesional a la docencia y la investigación universitarias. Coloco, por lo tanto, en su memoria, en esta ciudad universitaria con la cual soñó, una huella de mi amor.

Para mí, la Universidad del Valle guarda también grandes recuerdos. Incluyen, por supuesto, los de mi niñez y mi adolescencia, a través de la trascendencia que tuvo para mi padre. Fue aquí, además, donde inicié mis estudios universitarios, en la sede de San Fernando, y en varias ocasiones posteriores he tenido oportunidad de participar en eventos organizados con profesores de esta casa, con muchos de los cuales he mantenido relaciones profesionales de gran valor.

Estimadas y estimados graduandos

Pertenezco a una generación de colombianos que ha vivido toda su vida bajo una u otra forma de violencia. Nací durante el periodo que se conoce en nuestra historia simplemente como La Violencia, cuyos horrores, asociados especialmente su degeneración en el bandolerismo, son todavía recuerdos de mi niñez. Me tocó vivir posteriormente los períodos de auge de los movimientos guerrilleros y del paramilitarismo, así como la violencia paralela asociada al narcotráfico. Los horrores de esta etapa los conocemos en algunos casos en forma directa y otras a través de la reconstrucción que han hecho diversos investigadores y más recientemente el Centro de Memoria Histórica. Déjenme, por lo tanto, dedicar a la paz mis palabras el día de hoy.

Debido a los grandes perjuicios que ha generado la violencia en nuestro país, he apoyado todos los esfuerzos que han hecho sucesivos gobiernos desde los años ochenta por establecer la paz y lamentado el fracaso de muchos de ellos. Estos esfuerzos incluyen la iniciativa del Presidente Betancur con las FARC, que terminó en la lamentable masacre de los líderes de la Unión Patriótica y en el fortalecimiento de las FARC como movimiento guerrillero, resultados sin duda paradójicos para un proceso de paz. Celebré los múltiples éxitos de las negociaciones con grupos rebeldes bajo la Administración Barco y apoyé el movimiento estudiantil que se expresó en la llamada “séptima papeleta” y la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Una de las expresiones más importantes de lo que se logró bajo esos años fue la incorporación a la vida política del M-19, cuya contribución a dicha Asamblea y su participación pacífica en la vida política colombiana con posterioridad debemos recordar hoy. Apoyé también las iniciativas de paz, más tímidas, de las administraciones Gaviria y Samper y la más ambiciosa de la Administración Pastrana. En este último caso, sin embargo, terminó también en el fortalecimiento de las FARC, como una nueva paradoja para un proceso de paz.

También entendí que un elemento esencial de la paz es la transición hacia el monopolio definitivo en el uso legítimo de la fuerza por parte del Estado y, por lo tanto, el fortalecimiento de nuestras fuerzas militares. A ello contribuí como administrador que fui por unos años de las finanzas públicas nacionales. Por eso mismo, también lamenté profundamente la forma como algunos segmentos del ejército se involucraron en la parte sucia de nuestro conflicto interno, tanto por sus alianzas locales con el paramilitarismo como por su peor expresión, los llamados “falsos positivos”.

Traigo todo esto a colación, no tanto como memoria incompleta, sino por todo lo que el actual proceso de paz representa para ustedes, estimadas y estimados graduandos, primero como oportunidad, pero también, y sobre todo, como responsabilidad. Muchos de ustedes han vivido la historia reciente de nuestros conflictos internos como me tocó vivir mi niñez y mi juventud vivir la de La Violencia. Ahora, sin embargo, existe la posibilidad real de que ustedes, así como mis hijos y todos mis parientes jóvenes, tengan por fin la oportunidad de vivir en un país en paz, e incluso para que mi esposa, mis hermanos y yo, tengamos la oportunidad de vivir los últimos años de nuestras vidas y de morir en un país en paz. Aportar a este proceso es, por lo tanto, la gran responsabilidad que recae sobre todos nosotros.

Por este motivo, he apoyado el proceso de paz de la Administración Santos y no he podido entender la polarización que ha generado. Más aún, como residente en el exterior que fui hasta medio año y por mi estrecha asociación con las Naciones Unidas a lo largo ya de dos décadas, soy testigo del apoyo y la confianza que ha generado en el exterior el proceso de paz de Colombia, que de hecho se visualiza como uno de los pocos éxitos en su género a nivel mundial.

Los riesgos de este proceso son, sin duda, inmensos. El primero y principal es que la polarización impida la reconciliación y la convivencia, tanto a nivel nacional como en las zonas de conflicto, ya que la reconciliación es la esencia de la construcción de la paz. A nivel nacional, ello exige, por supuesto, que las FARC participen en la vida política con respeto a nuestras instituciones, e incluso ayuden a transformarlas en un sentido positivo, como en su momento lo hizo el M-19. Y, por supuesto, exige que las complejas negociaciones con el ELN culminen exitosamente, y dicho grupo se incorpore también como un movimiento pacífico a la vida política colombiana.

Un elemento esencial de todo este proceso es, por supuesto, garantizar que el Estado ocupe las zonas que fueron el epicentro de la violencia para implantar en ellas el monopolio del uso legítimo de la fuerza y nuestras instituciones de justicia, e impedir que nuevas formas de violencia sustituyan las anteriores o que en ellas se implanten nuevas formas de ilegalidad, en especial el narcotráfico. Aún más, es esencial que se garantice su desarrollo económico y social.

En torno a este último tema, sobre el cual quiero detenerme, déjenme decir con toda claridad que la paz tiene rostro rural. La construcción de paz está, en efecto, estrechamente asociada es un gran salto en materia de desarrollo rural. Esto es cierto, en particular, en relación con las zonas más atrasadas del país. Esto exige una gran estrategia de reducción de las brechas rural-urbanas en materia social, así como una mejoría significativa de las oportunidades económicas de los campesinos colombianos, en particular de la agricultura familiar, la actividad que ejercen casi nueve de cada diez habitantes rurales colombianos.

Este objetivo quedó incorporado en el punto 1 del Acuerdo de la Habana, bajo el nombre de reforma rural integral. Fue también objeto de atención de la Misión para la Transformación del Campo que convocó el gobierno y que tuve la oportunidad de dirigir. Debo decir que llevar a cabo la suma de las propuestas incorporadas en estos documentos representa uno de los retos históricos más importantes del país.

Lo que esto implica en materia productiva es, en primer término, una acción ambiciosa para darle acceso a la tierra a los campesinos que carecen de ella y formalizar la propiedad rural a través de un programa masivo que se lleve a cabo a lo largo y ancho del país, ya que al menos el 60% de quienes hoy tienen posesión de sus tierras carecen de títulos formales de propiedad. Más aún, este proceso es incluso necesario para que el Estado tenga un inventario correcto de cuántas tierras siguen siendo baldíos y para alimentar el Fondo de Tierras que requiere el acuerdo de paz.

Más allá de ello, se necesita una estrategia integral para promover la agricultura familiar, que incluya, aparte de acceso a la tierra, asistencia técnica, así como la adquisición de capacidades empresariales y de conocimiento de los mercados. Dicha estrategia debe incluir también acceso al crédito y apoyar las cadenas de comercialización para asegurar que los pequeños agricultores tengan buen acceso al mercado, ya sea a través de formas asociativas propias o de relaciones equitativas con sectores empresariales y compradores en el exterior. Todo esto no será posible sino a través de promover la asociatividad de los agricultores familiares, a través de cooperativas u otras organizaciones de productores.

El apoyo a la agricultura familiar debe estar acompañado de una promoción más amplia del sector agrícola, incluyendo la agricultura empresarial y la de tamaño mediano. Y esta depende, a su vez, de grandes programas de promoción de inversiones en el campo, de un impulso en gran escala del sistema de tecnología y formación de capital humano para el sector. Aquí, por supuesto, la universidad colombiana tiene una tarea esencial.


El impulso al sector agrícola es esencial para transformar a Colombia en una de las despensas alimentarias del mundo, como bien lo ha destacado la FAO. Y soy consciente que lo digo en la región líder de Colombia en materia agropecuaria, donde debemos dar, sin embargo, el salto de la caña de azúcar hacia la conversión de esta región en líder en nuevos productos agropecuarios para el mercado interno y externo.

Las inversiones que se requieren para dar este salto en materia de desarrollo rural no son, por lo demás, inmanejables. La Misión las estimó en unos $13 billones por año, que representa solo un poco más de un punto porcentual del ingreso nacional, de los cuales aproximadamente la mitad se podrían obtener de la reasignación de recursos existentes. Esta suma es consistente, además, con los montos que el gobierno ha estimado que se requieren para el posconflicto. Por eso, la restricción más importante es la capacidad de ejecución, que requiere poner a plena marcha las tres nuevas agencias creadas para el desarrollo rural: la Agencia Nacional de Tierras, la de Desarrollo Rural y la de Renovación del Territorio. Y exige consolidar las previamente existentes, así como el concurso de los gobiernos departamentales y municipales y de la nutrida red de asociaciones gremiales del sector.

Estimadas y estimados graduandos

La transición a una Colombia en paz requiere de muchos otros ingredientes. En este sentido, quisiera mencionar, aunque solo sea de paso, la necesidad de reconstruir nuestro sistema político, caracterizado por la destrucción virtual de los viejos partidos sin la formación adecuada de nuevos, así como de la presencia, ya francamente descarada, no solo de las prácticas clientelistas del pasado sino de altos grados de corrupción. Y la evidencia reciente de esta última práctica ha contaminado ya las más altas esferas de nuestro sistema judicial. Todo esto nos debe dar vergüenza como nación. Celebro, por lo tanto, que nuestro sistema haya comenzado a combatir esta epidemia, y debemos exigir que lo haga con total firmeza.

Quisiera detenerme, sin embargo, en un elemento adicional de la Colombia en paz, que se relaciona estrechamente con mis reflexiones sobre el desarrollo rural: la superación de nuestras inmensas desigualdades sociales, otros de los temas que nos deben hacer sentir vergüenza como nación.

Como se sabe muy bien, América Latina tiene, conjuntamente con África al sur del Sahara las peores distribuciones de ingreso del mundo. Pero al interior de nuestra región, competimos con Guatemala, Honduras y Paraguay por tener los peores niveles de distribución de ingresos de la región. Bolivia y Brasil nos superaban en este campo, pero ahora están en una situación mejor que nosotros. Además, aunque hemos mejorado un poco en los últimos años, los índices correspondientes se encuentran todavía por encima de los registros de 1980 o 1990, que eran ya malos entonces. El índice de Palma, que es más fácil de comprender, indica que en Colombia el ingreso del 10% más rico supera cuatro veces el del 40% más pobre. Este nivel es el doble de los de Argentina y Uruguay y cuatro veces el que es normal en los países europeos con una buena distribución del ingreso.

Las encuestas con las cuales se estiman estos indicadores no captan muy bien los ingresos de los más ricos. Por eso, la medida alternativa que se ha venido utilizando cada vez más es el ingreso del 1% más rico de los hogares. Este indicador señala que en Colombia el 1% más rico concentra el 21% del ingreso total. Esta es, nuevamente, uno de los peores registros del mundo. Cabe agregar que los indicadores que existen sobre la distribución de la propiedad rural y de otras formas de riqueza son peores que los de la distribución del ingreso.

El combate a la desigualdad debe ocupar, por lo tanto, un lugar privilegiado en la construcción de paz. Los instrumentos para hacerlo exigen de la acción redistributiva del Estado y por ello más gasto público social y un sistema tributario más amplio y más redistributivo. Es cierto que el gasto público ha ganado peso dentro de nuestra economía, tanto durante los años posteriores a la Constitución de 1991 como durante el auge petrolero que terminó en 2014. Pero aun así sigue estando por debajo del promedio latinoamericano y muy distante de los niveles de los países desarrollados miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, la institución a la cual esperamos pronto pertenecer.

Lo mismo acontece con los ingresos tributarios, que también están por debajo de los promedios de América Latina y la OCDE. Y esto es pese a la frecuencia de reformas tributarias que ha caracterizado al país. Lo que acontece es llana y simplemente que esta secuencia de reformas ha dejado un sistema en el cual las personas de altos ingresos pagan muy pocos impuestos como personas naturales. Un informe de este año de la CEPAL mostró que el impuesto de renta a las personas naturales en Colombia es uno de los que menos contribuyen en América Latina a reducir la desigualdad. La razón básica es que el diez por ciento más rico de la población paga a través de dicho impuesto una proporción mucho menor de sus ingresos que en el promedio de la región. Las personas jurídicas están sujetas a tasas de tributación más altas y sin duda su nivel básico debe reducirse para hacer más competitivo el país, pero el régimen correspondiente está plagado de beneficios específicos que será necesario eliminar más temprano que tarde. Las reformas nunca han logrado atacar a fondo estos problemas, por lo cual deberán continuar ocupando un papel importante en la agenda pública del próximo gobierno.

De acuerdo con las investigaciones que se han realizado a nivel latinoamericano, la educación es el instrumento más importante para mejorar la distribución del ingreso. Esto significa no solo acceso, algo en lo que sin duda hemos avanzado, sino también a una educación de buena calidad, algo en lo que hemos avanzado bastante menos. Así se refleja en las pruebas PISA de la OCDE, las cuales muestran que hemos progresado en todos los campos (lectura, matemáticas y ciencias), pero estamos todavía muy por debajo de los promedios de la OCDE por debajo de algunos países de América Latina, especialmente de Chile, Uruguay y Costa Rica. Además, los análisis realizados con estos datos muestran que el bajo rendimiento en estas pruebas está asociado al estrato socio-económico de los estudiantes. La mejora en la calidad de la educación debe ser, por lo tanto, un objetivo esencial de la política pública colombiana, y especialmente la mejora en la calidad de la educación de los sectores de más bajos ingresos, otro reto inmenso para la Universidad del Valle y para todo el sector universitario del país.

Uno de los resultados más positivos que surge de múltiples investigaciones académicas es que la mejor distribución del ingreso tiene efectos positivos sobre el crecimiento económico y que las acciones redistributivas del Estado tienen, por lo tanto, impactos positivos en tal sentido. Por lo tanto, la equidad social y el crecimiento económico no son objetivos antagónicos de la política pública sino altamente complementarios.

Estimadas y estimados graduandos

Quería dejarle estas reflexiones en un momento de gran significado para ustedes, que simboliza muy bien esta ceremonia de grados. Ustedes tienen la oportunidad de vivir en un país en paz, oportunidad que se le negó a mi generación. Pero eso también significa responsabilidad. Será, por lo tanto, su tarea ayudar a construir un país más equitativo y en paz. Esta es una tarea que les compete en sus propias familias y comunidades, así como en las empresas donde trabajen y en la vida política, a aquellos que se dediquen a la vida pública, pero a todos también como ciudadanos.

Los felicito por el logro que significa para ustedes y sus familias el terminar los estudios universitarios y les deseo los mayores éxitos en la nueva fase de la vida que inician.”

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