COMITE COORDINADOR DE LAS REPRESENTACIONES PROFESORALES DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE

En la madrugada del sábado 4 de abril, antes de iniciarse el receso académico de la Semana Santa, durante la cual se dispersa la comunidad universitaria, se produjo el allanamiento a la sede de Meléndez. Un acto violatorio de la autonomía universitaria que, simbólicamente, pertenece a una especie de crónica de un acontecimiento anunciado o profecía autocumplida, si se tiene en cuenta que algunas semanas antes se había dispuesto el desalojo por el anuncio de una supuesta bomba en el edificio de la administración central; se habían presentado los recurrentes "tropeles" de los “encapuchados” que tanto daño le hacen a la Universidad y, el 30 de marzo, un cierre preventivo ordenado desde instancias gubernamentales externas por razones de orden público.

Todo en el marco general del ambiente de zozobra y preocupación por la existencia de rumores sobre una posible crisis financiera, preocupación que se refuerza con la información sobre las gestiones de los rectores de las universidades estatales ante el Gobierno Nacional para cubrir la necesidades financieras crecientes de las instituciones; con el informe del Rector al claustro de profesores a comienzos del mes de febrero anunciando posibles dificultades para el cumplimiento de los pagos después del mes de junio; con los recortes presupuestales a las Facultades e Institutos y los incumplimientos del Gobierno Departamental con los compromisos voluntarios y de ley para el funcionamiento de la Universidad, incumplimiento acompañado de la inasistencia sistemática del Gobernador a las reuniones del Consejo Superior, contraviniendo el mandato de ley que lo designa como su presidente.

La movilización de los estudiantes para exigir a la Gobernación el cumplimiento de sus obligaciones fue efectiva para lograr su asistencia a la reunión del Consejo Superior, lamentablemente precedida de declaraciones a los medios de comunicación sobre supuestos malos manejos presupuestales de la Universidad, que no sustentó ante los demás miembros del Consejo, como corresponde a su magistratura de Presidente del mismo, generando un manto de duda que afecta negativamente la imagen de la institución ante la opinión pública.

Sobre el tema financiero, en varias reuniones de Corpuv, nos hemos ocupado de analizarlo, con base en los informes del Jefe de la División Financiera de la Universidad, Javier Fong, del Rector ante los Consejos Superior y Académico y el trabajo de una comisión multiestamentaria, orientado a precisar la dimensión del problema, sobre el cual ha aparecido una profusa variedad de comunicados de los distintos estamentos universitarios activos y pensionados, entre los cuales es notable la disparidad de datos y apreciaciones, hecho que genera confusión y desinformación, no precisamente por fallas de interpretación, sino por la falta de claridad de la información brindada por la administración central de la Universidad.

La zozobra y el malestar se acrecienta por las tensiones y contradicciones, entre las universidades públicas y el Estado, que llevan progresivamente a un debilitamiento de la frágil autonomía universitaria, agravado con los allanamientos por razones de orden público, como lo ilustran los casos recientes de las Universidades de Antioquia, Tecnológica de Pereira y Pedagógica Nacional, entre otras.

Desde luego, las fronteras entre los conceptos de violación de la autonomía universitaria y violación de domicilio se vuelven difusas, ante decisiones judiciales, en este caso de la Fiscalía 21, que lo ordena porque supuestamente se estaba organizando desde los predios de la Universidad un grave atentado, según lo dicho por un informante. Todos sabemos que la autonomía universitaria no es absoluta, tiene límites en el ordenamiento jurídico y en su propio ethos académico y no implica fuero especial para no acatar ordenes superiores en materia de orden público. Pero lo que nadie puede negar es la existencia de autoridades universitarias que deben ser tenidas en cuenta en todos los casos, comenzando por el Rector de la Institución quien, dada su investidura, debe velar por la garantía del debido proceso, para evitar manipulaciones con la información y la concomitante construcción de falsedades o ligerezas. En este sentido resulta muy preocupante leer sus ambiguas declaraciones a los medios de Comunicación y el Comunicado a la comunidad universitaria en las cuales sus afirmaciones son inconsistentes con lo expresado verbalmente a algunos profesores y miembros de la comunidad universitaria y sustentado por personal interno de la Universidad que tiene responsabilidades con la vigilancia institucional y la defensa de los derechos humanos, acerca de lo cual existen las actas correpondientes; precisamente porque su misma investidura le impone el máximo de coherencia y rigurosidad, para evitar manipulaciones informativas, y, al menos, menguar el daño mediático a la Universidad, que ha sido mostrada ante la opinión pública como recinto de conspiración de fuerzas irregulares, con base en hechos aislados e irresponsables generalizaciones.

Los problemas que vive la Universidad son complejos y nada ajenos al contexto nacional y regional. Su manejo requiere el máximo de prudencia, lucidez y relativa discreción; pero la situación financiera, como la de orden público requieren total rigurosidad informativa, para construir consensos en la comunidad universitaria y cerrar filas en su defensa, fortaleciendo los espacios colegiados y promoviendo la participación democrática de la comunidad universitaria, de tal manera que la Institución pueda funcionar como corresponde a la senda de su excelencia académica construida a la largo de más de sesenta años, reconocida claramente en el ámbito nacional e internacional. Ante todo, teniendo presente que la Universidad es una institución académica y no un campo de confrontación o de violencia; es un espacio de pluralismo y múltiples visones, de ejercicio público de la razón, ajeno a falsas dicotomías como las que corresponden a pugnas de poder y prácticas amiguistas o clientelistas que constituyen la peor patología de las instituciones públicas.

Los conflictos o disparidades entre los funcionarios públicos, en este caso- Gobernador y Rector, deben despersonalizarse para ser tratados de manera institucional en los cuerpos colegiados correspondientes. Por eso consideramos necesario y conveniente realizar pronto la reunión conjunta entre los consejos Superior y Académico, con un ánimo propositivo que le muestra a propios y extraños un visión integral de la Universidad.

Las agendas individuales o de grupos, incluso las estamentarias deben supeditar sus propósitos a la tarea máxima de defender la Universidad ante las graves amenazas externas e internas que la asedian, para cumplir sus compromisos con la sociedad, con autonomía, pluralismo y tolerancia, con amplia participación de la comunidad universitaria, en los salones de clase, reuniones por unidades académicas, foros, asambleas estamentarias y acuerdos multiestamentarias, para poder garantizar la marcha académica, sin excluir el debate y la movilización de sus estamentos por reivindicaciones propias y las que correspondan a la articulación con otros sectores sociales.

Para ampliar y socializar la información y el análisis de la situación actual de la Universidad; incluyendo los avances en la discusión sobre el llamado “código de ética”, los ajustes a la resolución 022, el informe del Rector y otras inquietudes que se expresen por parte del profesorado, hemos convocado la Asamblea General de Profesores para el día jueves 16 de abril/09 a las 9:00 a.m en el Auditorio No. 3 (Ingenierías).