Por: María del Pilar Blanco Echeverry, PhD
Profesora Programa académico de Trabajo Social 
Universidad del Valle sede Norte del Cauca 


La igualdad de género es definida por las Naciones Unidas como un derecho humano fundamental, donde el sexo de las personas no limite su acceso al crecimiento económico, al desarrollo sostenible o a alcanzar el potencial de su ser.  Asumiéndolo desde esa perspectiva ¿qué relación tiene la igualdad de género con la universidad y con el desarrollo sostenible?.    

La respuesta a esa cuestión data de tres fenómenos coyunturales que confluyeron para que el tema de la igualdad de género “aterrizara” en las universidades.  El primer fenómeno:  la modernidad, el novedoso concepto de la igualdad y el movimiento feminista; el segundo: los Estados de Bienestar (EB) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y el tercero: el proyecto de desarrollo e igualdad de género en el mundo occidental.  Podría parecer un exceso de simplificación reducir a tres las circunstancias que conllevaron al escenario actual, sin embargo, este ejercicio permite ubicar el tema en cuestión de manera más sencilla.  

En este sentido el primer fenómeno se enmarca en el valor que la sociedad moderna (S.XVIII) le dio a la igualdad; convirtiéndose junto a la justicia, en una exigencia jurídico política para garantizarle a la ciudadanía el principio de igualdad ante la ley (Pérez, 2007). Eventualmente la igualdad pasó a ser uno de los pilares de los derechos humanos de primera y segunda generación, adoptados por los Estados Modernos de Bienestar (Sen, 1998; Valcárcel, 2006) para reconocer a las personas como sujetos de derecho. 

La igualdad como valor social politizado y casi que como “fuego revolucionario” avivó el discurso y el accionar de distintos movimientos sociales, entre ellos el feminista, que durante sus tres o cuatro “olas" (Astelarra, 2005; Fernández, 2017; Lamus-Canavate, 2020) viene manifestando que existen y/o permanecen discriminaciones hacia las mujeres que les impiden gozar plenamente de sus derechos humanos en igualdad de condiciones respecto a los hombres. La bandera del movimiento feminista ha sido lograr el reconocimiento de los derechos de las mujeres, la reivindicación jurídica, social, económica, el goce de sus derechos sociales y reproductivos, entre otros.    

El segundo, se enmarca en el final de la II guerra mundial, donde en un escenario desolador respecto a los derechos humanos, la paz y el desarrollo en general, la igualdad comenzó a erigirse como una meta política esencial de sistemas democráticos y liberales que adoptaron la figura del Estado de Bienestar (EB), eso se dio en la mayor parte de Europa y el continente Americano. 

En teorías tradicionales sobre el EB, la igualdad se asoció con la noción de justicia y ciudadanía, sin embargo, la incorporación paulatina de la perspectiva de género y las exigencias del movimiento feminista (Castro, 2015), trazaron la necesidad en los EB de responsabilizarse frente a su rol en el sostenimiento o disgregación de las relaciones de poder entre los hombres y las mujeres. Incluso, distintas corrientes del feminismo, aseguran que dicho modelo no se reducía exclusivamente a prestar servicios, pues también contenía una serie de ideas sobre la niñez, la mujer, la familia, que facilitaron el proceso emancipatorio de las mujeres, y gracias a las cuales ellas adquirieron mayor independencia frente al vínculo familiar y conyugal (Astelarra, 2005; Pautassi, 2000).  

Articulado a lo anterior, se da el tercer fenómeno, consolidado en la intención directa de la ONU en trazar una agenda internacional donde los derechos sociales ganaran protagonismo y se corrigieran problemáticas sociales por medio de la participación activa de poderes políticos y el desarrollo de políticas públicas.  En esa coyuntura, los esfuerzos de los Estados miembros de la ONU, se volcaron a distintas problemáticas, entre ellas la desigualdad y la discriminación de la que eran víctimas las mujeres, dando pie a lo que se conoce como “políticas públicas de género” que se bifurcarían en tres tipos:  las políticas públicas para la igualdad de oportunidades; las políticas públicas de acción positiva y las políticas públicas transversales o mainstreaming (Alcañiz y Carbadillo, 2011; Astelarra, 2005).  

Desde entonces, las políticas encontraron eco en organismos internacionales como la ONU y posteriormente la Unión Europea,  quienes han ejercido una presión “armonizadora” para defender y extender los derechos humanos. La “Carta de las Naciones Unidas” publicada en 1945 (ONU, 2025) marcó el inicio de una nueva etapa en dicha óptica, ya que por primera vez se reconoció a las mujeres como sujetos de derechos y convirtió la igualdad de género en una meta prioritaria para varios países del mundo. 

En el plano de la educación universitaria, la mencionada perspectiva se instaló con la “Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el siglo XXI: visión y acción” (UNESCO IESALC, 1998) en la cual la ONU y la UNESCO, hicieron un llamado a las universidades del mundo a prestar atención a las reivindicaciones de movimientos sociales de corte feminista y a la agenda internacional de igualdad de género.  La intención siempre ha sido despertar un compromiso universitario para ejecutar transformaciones internas encaminadas a eliminar las barreras estructurales, ideológicas y culturales que impidan la igualdad entre hombres y mujeres en y desde el sector educativo (Blanco-Echeverry, 2022).  

Así, las universidades se involucraron en un proyecto internacional supervisado por la Commission on the Status of Women (CSW) y la comisión del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) que promueve desde entonces la igualdad de género basándose en la CEDAW o Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y que, en su artículo 10 destaca la relevancia de la educación para promover la igualdad entre hombres y mujeres. 

En la misma línea y en concordancia con los entonces objetivos de desarrollo del milenio (ODM) y los actuales objetivos de desarrollo sostenible (ODS), la igualdad de género es una meta transversal a los 17 ODS; en donde el sector educativo debe velar particularmente por el número 5, que expresa:  “lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas” y el ODS número 4, que persigue una educación de calidad para todas y todos, pues para las Naciones Unidas y la UNESCO, la igualdad en todos sus matices, es la vía para el desarrollo inclusivo y sostenible.  

Y es que en el escenario de la educación superior se tienen varios retos al respecto, porque no ha sido un espacio especialmente fácil de transitar para las mujeres, teniendo en cuenta que desde sus inicios la universidad y la ciencia fueron exclusivas para los hombres y vetadas para las mujeres hasta finales del siglo XIX, cuando el movimiento feminista y su “punta de lanza” de reconocerle a las mujeres sus derechos civiles, lograron su incursión en la universidad (Buquet, 2016; Palomar, 2018). 

La entrada de las mujeres a la educación superior se considera uno de los hitos más importantes del movimiento feminista, en su transitar por la conquista de la autonomía política y simbólica de las mujeres (Palomar, 2018; Pessina, 2018) y sentaría las bases de luchas posteriores en este escenario; pues con la masificación del ingreso de mujeres a la universidad desde la década de los 80, se empezaron a cuestionar las estructuras y lógicas de poder que pudiesen obstaculizar las oportunidades de desarrollo y auto realización de la población femenina en espacios distintos al doméstico.  En ese sentido, la presencia de las mujeres en las aulas universitarias no eliminó de por sí las desigualdades de género en las universidades, pero, junto a los feminismos, si las vino a poner en crisis.  

Esto dispuso la ruta para que las feministas que conforman la comunidad universitaria (las investigadoras/docentes, las trabajadoras, las estudiantes) hayan  intensificado en años recientes el cuestionamiento de tensiones y problemáticas tradicionalmente invisibilizadas en la universidad. Para ellas, este puede ser un espacio hostil donde las discriminaciones y los prejuicios en razón del género están a la orden del día; donde persiste la idea de la superioridad de lo masculino sobre lo femenino y donde incluso la violencia tanto simbólica como física (y psicológica) tiene cabida, solo que en los campus universitarios a veces se da en maneras tan sutiles que pueden pasar inadvertidas o ser ignoradas premeditadamente, porque se cree que la universidad es un contexto democrático, intelectual y neutral, en donde no se presenta la desigualdad, ni la vulneración de los derechos humanos en razón del género (Blanco – Echeverry, 2022). 

Es menester reconocer que algunas universidades del mundo han tenido avances en materia de igualdad de género, como aumentar la percepción positiva en la comunidad universitaria sobre la paridad entre los sexos en dimensiones institucionales como los procesos administrativos, el clima laboral, las prestaciones sociales, entre otras (Blanco-Echeverry, 2025).  Sin embargo también subyacen profundamente en su cultura organizacional,  imaginarios, conductas y presunciones que entorpecen el pleno alcance de la meta de la igualdad. 

Desafortunadamente en algunas universidades, con mayor o menor intensidad que otras, se presentan aún hacia las mujeres y las personas LGBTIQ+, violencias basadas en género (VBG), que van desde lo simbólico a lo físico y psicológico; segregaciones verticales y horizontales como los llamados “techos de cristal”, “escaleras rotas”, los “maternal walls” (Williams, 2004) entre otras analogías, que proyectan la supremacía del hombre y de lo masculino, perpetuando, y algunas veces encubriendo las VBG y la desigualdad de género a la cual históricamente han estado expuestas las mujeres y las personas LGBTIQ+ en distintos escenarios de la vida cotidiana.  

Puede ser una realidad difícil de ver, o incluso de admitir, y más si hacemos parte activa de una comunidad universitaria, pero a su vez, puede convertirse en una oportunidad de acción institucional, en la medida en que se pueden fortalecer las políticas de género universitarias, apoyar (en todos los niveles) a la creación y permanencia de una unidad de igualdad, acompañar procesos de participación de los colectivos universitarios que propenden por la igualdad y la inclusión; en otras palabras, la universidad de la actualidad tiene un rol supremamente importante para el alcance de los ODS, y en el futuro de educación mundial, especialmente cuando vienen reapareciendo discursos políticos con tintes discriminatorios, xenofóbicos, racistas, transfóbicos, homofóbicos, machistas, que buscan retroceder el camino ya recorrido en materia de igualdad de género en el mundo occidental.  

En este orden de ideas, la universidad como actor clave para el cambio y desarrollo social, deberá estar a la altura de estos fenómenos y en algún momento definir una postura que para bien o para mal - según la elección realizada- será recordada por las futuras generaciones, aquellas para las cuales se piensa un mundo desarrollado y sostenible. 


Referencias 
Alcañiz Moscardó, M., & Carballido González, P. (2011). Las políticas de igualdad en España: desde la agenda política internacional al marco de la aplicación municipal. 
Astelarra, J. (2005). Veinte años de políticas de igualdad. Editores Cátedra.
Blanco Echeverry, M. del P. (2025). Igualdad de género en el marco de las “culturas generizadas” y las políticas universitarias. Estudio internacional de casos. Cambios Y Permanencias, 16(2), 81–96. https://doi.org/10.18273/cyp.v16n2-202506 
Blanco-Echeverry M del P. Emergencia y urgencia de las políticas de género universitarias en Colombia. Revista Prospectiva (35): e20512225.  https://revistaprospectiva.univalle.edu.co/index.php/prospectiva/article/view/12225 
Buquet, A. G. (2016). El orden de género en la educación superior: una aproximación interdisciplinaria. Nómadas, 44, 27–43.
Castro, C. (2015). Modelos de Bienestar, igualdad de Género y permisos por nacimiento en un contexto de crisis del modelo social Europeo [Universidad Pablo Olavide]. https://rio.upo.es/xmlui/bitstream/handle/10433/2080/castro-garcia-tesis15.pdf 
Fernández, M. (2017). Olas del feminismo: la perenne búsqueda de la igualdad. Agnosia. Revista de Filosofía Del Colegio de Filosofía y Letras. http://www.ucsj.edu.mx/agnosia/index.php/component/k2/item/414-olas-del-feminismo-la-perenne-busqueda-de-la-igualdad#_ftn1 
Lamus-Canavate, D. (2020). La irrupción de una nueva ola feminista : ¿La cuarta ola? La Manzana de La Discordia, 15(2), 1–29. https://doi.org/10.25100/lamanzanadeladiscordia.v15i2.9808 
ONU. (2025). Carta de las Naciones Unidas.
Palomar, C. (2018). Equidad de género en la Educación Superior. Revista de La Educación Superior, 47(187). https://doi.org/10.23857/pc.v4i3.980 
Pautassi, L. (2000). Igualdad de derechos y desigualdad de oportunidades: ciudadanía, derechos sociales y género en América Latina. Las Fisuras Del Patriarcado. Reflexiones Sobre Feminismo y Derecho, 65–90. 
Pérez, A. E. (2007). Dimensiones de la igualdad (R. González (ed.); 2da ed. Editorial Dikinson
Pessina, M. (2018). Reflexiones sobre las mujeres en la educación superior en el Ecuador. Las persistentes brechas de género. El Cotidiano, 34(212), 55–64.
Sen, A. (1998). Las teorías del desarrollo a principios del siglo XXI. Revista Cuadernos De Economía, 29, 73–200. http://econpapers.repec.org/RePEc:col:000093:007577 
UNESCO IESALC. (1998). Declaración Mundial Sobre la Educación superior en el siglo XXI : Visión y acción. Educación Superior y Sociedad, 9(2), 97–113. https://www.iesalc.unesco.org/ess/index.php/ess3/article/view/171/162 
Valcárcel, M. (2006). Génesis y evolución del concepto y enfoques sobre el desarrollo (p. 40). Pontificia Universidad Católica del Perú.
Williams, J. (2004). Hitting the maternal wall. Academe, 90(6), 16–20. https://doi.org/10.2307/40252700 

No es ficción ni descuido

Por: Laura Sofia Rodríguez Pulecio
Docente Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación (EISC)
Grupo de Mujeres STEM - Facultad de Ingeniería

Las deepfakes ya no pertenecen al terreno de la ciencia ficción ni del entretenimiento digital. Hoy son una tecnología utilizada para ejercer violencia, principalmente contra mujeres y niñas, con consecuencias reales, profundas y duraderas. Lejos de ser un problema marginal o anecdótico, se trata de una forma contemporánea de violencia de género que opera en entornos digitales pero impacta la vida material, emocional, laboral y académica de las víctimas. Frente a este escenario, la pregunta no es menor: ¿quién garantiza los derechos de las víctimas?

Las deepfakes son contenidos audiovisuales —imágenes, audios o videos— creados o manipulados mediante inteligencia artificial, en particular a través de técnicas de aprendizaje profundo. Estos sistemas analizan grandes volúmenes de datos visuales y sonoros disponibles en internet para imitar rostros, cuerpos y voces con un alto grado de realismo. De manera general, funcionan a partir de la interacción de dos componentes: uno que genera contenido falso y otro que intenta distinguirlo del contenido real. En este proceso competitivo, el resultado final puede volverse casi indistinguible de lo auténtico.

Uno de los aspectos más preocupantes es que no se requiere material íntimo previo para producir este tipo de contenidos. En muchos casos, basta con una fotografía pública: una imagen en redes sociales, en una página institucional o incluso en un perfil profesional de LinkedIn. Esto desmonta uno de los mitos más dañinos que rodean estas violencias: la idea de que la víctima “hizo algo” para provocarlas. ¿De qué se les va a culpar ahora, de tener una foto de perfil? Como advierten Lazard et al. (2025), el riesgo no es solo la falsificación en sí, sino la erosión de la noción de verdad: cuando una imagen “parece real”, la duda deja de recaer sobre la tecnología y se traslada a la mujer que intenta demostrar que no lo es.

La evidencia académica es clara: algunos autores explican que el 90% de las imágenes generadas por la IA son de carácter sexual y afectan de manera desproporcionada a mujeres y niñas (Laffier & Rehman, 2023; Lazard et al., 2025). Sus impactos son múltiples, acumulativos y profundamente desiguales. A nivel psicológico, generan miedo, ansiedad, vergüenza, culpa, autocensura e incluso puede llegar a tener efectos estéticos en las victimas. En el plano social y reputacional, producen descrédito, aislamiento y daños severos a la vida académica y laboral. A nivel institucional, se suman el temor a la revictimización y la impunidad.

Desde su perspectiva, Akter y Ahmed (2025) señalan que estas violencias operan como mecanismos de control y silenciamiento que expulsan a las mujeres del espacio digital y del espacio público. Frente a estos daños, aún persiste una pregunta profundamente injusta que circula en la opinión pública: “si no es su cuerpo real, ¿cuál es el problema?”. La respuesta es clara: el daño no reside solo en el cuerpo, sino en la violencia simbólica, social y estructural que se ejerce cuando se fabrica una mentira creíble para disciplinar, humillar o silenciar. Por eso, la pregunta que muchas víctimas se hacen no es “¿por qué lo hizo?”, sino “¿me van a creer?”.

Los casos recientes evidencian la magnitud del problema. En México, el caso de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional marcó un precedente regional. Un estudiante utilizó inteligencia artificial para crear imágenes sexuales falsas de sus compañeras a partir de fotografías públicas. La respuesta institucional fue revictimizante, inadecuada y lenta, y el proceso judicial evidenció un profundo desconocimiento tecnológico y ausencia de enfoque de género. A la fecha, no se le ha imputado directamente el delito de creación de deepfakes, al no poder demostrarse que las produjo más allá de tenerlas en su dispositivo. Aunque el agresor permanece detenido por pornografía infantil, lo que abre una reflexión inquietante: si estos casos se relacionan pero la ley no está siendo suficientemente efectiva para proteger a las mujeres?

En España, lo ocurrido en Almendralejo afectó a decenas de niñas cuyas imágenes fueron sexualizadas digitalmente a partir de fotos comunes, con impactos inmediatos en su bienestar y su vida escolar. Incluso mujeres con enorme visibilidad pública han enfrentado escenarios similares: en 2024, las imágenes falsas de Taylor Swift circularon masivamente antes de ser retiradas, y situaciones parecidas han ocurrido con Rosalía, sin que se conozcan sanciones contundentes contra quienes crearon y difundieron el material. La pregunta es inevitable: si ni siquiera las mujeres más famosas logran justicia rápida y clara, ¿qué pueden esperar las mujeres y niñas que no cuentan con esa visibilidad ni con esos recursos?

En Francia, el allanamiento de las oficinas de X (antes Twitter) abrió un debate internacional sobre la responsabilidad de las plataformas tecnológicas. La investigación incluye la difusión de deepfakes sexuales y el papel de Grok, la inteligencia artificial integrada en la plataforma. Este caso deja una pregunta incómoda pero inevitable: ¿qué ocurre cuando las propias empresas tecnológicas facilitan, directa o indirectamente, estas violencias? Y, más aún, ¿hasta dónde debe llegar la regulación de las empresas tecnológicas cuando sus herramientas amplifican daños estructurales? Aunque las plataformas tienen una responsabilidad ineludible en la prevención, detección, cooperación con la justicia y el diseño ético de la tecnología, la evidencia muestra que no actúan con la diligencia necesaria y que, con frecuencia, priorizan el lucro sobre los derechos.

Existen marcos legales que intentan responder a este fenómeno, como la Ley Olimpia en México o las regulaciones europeas y coreanas emergentes. En Estados Unidos, se han presentado iniciativas como el proyecto de ley Disrupt Explicit Forged Images and Non-Consensual Edits Act (DEFIANCE Act), aunque esta legislación aún no se ha convertido en ley federal vigente. La mayoría de las leyes llegan tarde, se enfocan en la difusión y no en la creación del contenido y no contemplan la responsabilidad algorítmica.

En Colombia, en julio de 2025 se aprobó la Ley 2502, que introduce un agravante penal cuando la suplantación de identidad se comete usando inteligencia artificial, lo que abarca expresamente las deepfakes. No obstante, aún no existe una ley que tipifique de manera específica la creación o difusión de deepfakes sexuales o íntimos no consensuados como un delito autónomo. Hasta ahora, no hay casos judiciales con condenas explícitas por deepfakes en Colombia. Como señalan Laffier y Rehman (2023), el resultado es que la carga probatoria vuelve a recaer sobre las víctimas, reforzando el miedo a la revictimización y la sensación de impunidad. 

Este escenario interpela de manera directa a las instituciones educativas, científicas y formadoras de talento. Primero preguntarnos si nuestros protocolos están preparados para enfrentar violencias mediadas por inteligencia artificial? Pero también es necesario revisar qué tipo de inteligencia artificial estamos enseñando, con qué valores y desde qué marcos éticos. ¿Estamos formando profesionales capaces de desarrollar y usar IA con responsabilidad social, enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, o únicamente perfiles técnicos entrenados para optimizar modelos sin cuestionar sus impactos? No solo en ingeniería de sistemas, electrónica o desarrollo de software, sino también en programas como derecho, comunicación y gestión pública. La formación en inteligencia artificial no puede limitarse a aspectos algorítmicos o de eficiencia computacional. Incorporar la ética no debe ser un módulo aislado ni opcional, sino un eje transversal. Enseñar IA con enfoque de género e interseccional implica analizar cómo los datos reproducen desigualdades, cómo los modelos amplifican sesgos y cómo ciertas tecnologías pueden convertirse en herramientas de control, exclusión o violencia. También exige discutir quiénes quedan fuera del diseño tecnológico y quiénes cargan con los riesgos cuando las cosas fallan.

Por otro lado, nuestros comités de ética de la investigación ya se están haciendo estas preguntas? ¿Se evalúan impactos diferenciados por género, raza, etnia u orientación sexual? ¿Se diseñan prototipos libres de sesgos? ¿Se consideran los riesgos específicos para mujeres y otros grupos históricamente marginados? ¿La investigación contribuye a reducir brechas o por el contrario, las profundiza? La pregunta de fondo no es solo si nuestras investigaciones son técnicamente sólidas, sino si contribuyen a reducir brechas o si, por el contrario, están profundizando violencias y desigualdades históricas bajo el discurso de la innovación.

Al final, la discusión es sobre derechos fundamentales: el derecho a la dignidad, a la intimidad, a la reputación, a la verdad y al acceso a la justicia. y quien los garantiza ¿Las leyes? Aún son insuficientes. ¿Las plataformas? Han priorizado la innovación y el lucro. ¿Las instituciones? No estamos listas. Mientras la pregunta siga siendo qué hizo la víctima y no quién permitió el daño, las deepfakes seguirán siendo una herramienta de violencia contra mujeres y niñas.

Frente a este panorama, es urgente ampliar la conversación pública y académica. Las deepfakes no son un problema técnico aislado: son una expresión contemporánea de violencias estructurales que encuentran en la inteligencia artificial un nuevo amplificador. Para profundizar en estas discusiones, invito a escuchar el podcast  Mi cara pero no mi cuerpo de El Hilo, que aborda el caso de deepfakes en México y sus impactos en la vida de las mujeres, visibilizando testimonios, vacíos legales y responsabilidades institucionales. Asimismo, se recomienda la lectura del artículo de la profesora Laura Rodríguez y el profesor Óscar Bedoya (EISC), que analiza técnicas de inteligencia artificial para la detección de ciberacoso en la plataforma X, aportando una mirada crítica sobre el rol de los algoritmos, lo que sí se puede hacer  y podrían hacer las plataformas si quisieran y los límites reales de la tecnología para proteger derechos.

Hablar de deepfakes no es hablar del futuro. Es hablar del presente. Y de qué tan dispuestas están nuestras sociedades, instituciones y plataformas a garantizar los derechos de mujeres y niñas en la era de la inteligencia artificial.

Referencias
Akter, M. S., & Ahmed, P. (2025). The emergence of AI-generated deepfakes as a new tool for gender-based violence against women: A brief narrative review of evidence and the implications of the techno-feminist perspective. feminists@law, 13(2).
Laffier, J., & Rehman, A. (2023). Deepfakes and harm to women. Journal of Digital Life and Learning, 3(1), 1–21.
Lazard, L., Capdevila, R., Turley, E. L., Gilfoyle, K., & Stavropoulou, N. (2025). Deepfake Technology and Gender-Based Violence: A Scoping Review. Trauma, Violence, & Abuse. https://doi.org/10.1177/15248380251384271 

Existen múltiples formas de percibir, procesar y responder al entorno. Reconocer esa diversidad es clave para una mejor comprensión de la salud mental. Este fue el tema central de una reciente emisión del programa radial Sanemos Juntos, conducido por Fulvia Carvajal, directora de Comunicaciones de la Universidad del Valle.

Durante esta conversación, la doctora Carolina Zapata Galeano, médica egresada de la Universidad Libre y especialista en Psiquiatría de la Universidad del Valle compartió su experiencia profesional sobre este tema.

La neurodivergencia hace referencia al funcionamiento diferente del cerebro comparado al que conocemos como neurotípico, es decir, lo que se ha asumido como “normal”. Esta diferencia no debe entenderse como una enfermedad ni como una patología. Es una expresión del neurodesarrollo con la que la persona nace; no se adquiere con el tiempo.

Dentro de la neurodivergencia se encuentran el autismo, trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, la dislexia, la discalculia, entre otros. 

“Son personas que perciben los sonidos, las luces, los olores, las texturas o los sabores con una intensidad mayor”, explicó la doctora Zapata. Así, ruidos repetitivos, luces muy brillantes, ciertas prendas de vestir o determinados olores pueden generar una sobrecarga que afecta su bienestar emocional y social.

Una persona de alta sensibilidad es aquella que tiene una percepción más profunda de las emociones y de los estímulos sensoriales. Estas personas suelen tener una gran capacidad para conectar con los demás y comprender el sufrimiento ajeno. Sin embargo, esa misma profundidad emocional puede convertirse en una fuente de desgaste. La exposición prolongada a entornos sociales demandantes, el ruido, la sobreestimulación o la carga emocional de otros puede generar agotamiento, cansancio emocional y la necesidad de aislamiento.

En muchos casos, el desconocimiento de estas características lleva a que las personas altamente sensibles sean etiquetadas como raras, exageradas o difíciles, especialmente en contextos escolares y laborales. 

Entre las recomendaciones más frecuentes se encuentran, el cuidado de la higiene del sueño, la práctica de ejercicio al aire libre, el contacto con la naturaleza, el uso de técnicas de respiración consciente, la meditación guiada, la música suave o los llamados “ruidos blancos”, así como actividades expresivas como la escritura y la pintura, entre otros.

Un aspecto que llama especialmente la atención es la fuerte conexión que muchas personas neurodivergentes y altamente sensibles desarrollan con los animales. “El vínculo con los animales ofrece una relación menos invasiva, más sensorial y emocionalmente segura”, explicó la médica, destacando el valor terapéutico que pueden tener estos vínculos.

“Las personas de alta sensibilidad tienen una capacidad que puede ser usada para transformar el mundo. Mirar profundamente tiene unas grandes ventajas, aunque también una carga emocional importante, pero creo que en el momento histórico en el que estamos necesitamos más personas de alta sensibilidad que logren una transformación y evolución diferente” afirmó la doctora Zapata.

Para escuchar los episodios de Sanemos Juntos puedes acceder a nuestro podcast en este enlace

La Universidad del Valle exaltó la trayectoria académica, el rigor científico y el compromiso social de 199 docentes que alcanzaron las máximas categorías  de investigación en la Convocatoria Nacional de Medición 2024 de Minciencias. 

Durante el evento, que se llevó a cabo este viernes 6 de marzo de 2026, se destacó de manera especial las vidas de las y los investigadores Eméritos, quienes durante décadas se han dedicado a la generación y consolidación del conocimiento científico, tecnológico y humanístico en el país.

Entre los exaltados como Investigadores Eméritos se encuentran docentes emblemáticos como Álvaro Zapata Domínguez (Administración), Jaime Ricardo Cantera Kintz (Biología), Silvio Delvasto Arjona (Ingeniería), Fernando Urrea Giraldo(Facultad de Ciencias Sociales y Económicas) y Gladys Eugenia Canaval Erazo (Facultad de Salud), Delfín Ignacio Grueso Vanegas (Facultad de Humanidades) cuyas trayectorias representan el pilar fundamental de la investigación de la institución.

“Lo que nos reúne hoy es un reconocimiento a la excelencia académica, tanto más valioso porque viene de un riguroso proceso adelantado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e innovación, en la convocatoria nacional para reconocimiento y medición de grupos de investigación e investigadores del sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación-2024. Es una clasificación externa que valida la calidad interna y coloca en una posición de máxima categoría a los grupos de investigación que nos acompañan,” señaló el rector en su intervención.

“Con esta reunión queremos destacar que la investigación es la columna vertebral de la Universidad del Valle y que el poder transformador de la academia viene de la disciplina, visión y compromiso de nuestros profesores”, agregó el directivo universitario.

Asimismo, se reconoció la labor de 165 Investigadores Sénior, líderes que con su disciplina y ética proyectan a la Universidad hacia nuevos horizontes científicos en áreas que van desde las artes visuales hasta la medicina de alta complejidad. Entre los destacados en esta categoría estuvo el rector de la institución, el profesor Guillermo Murillo Vargas del Grupo de Investigación en Marketing, adscrito a la Facultad de Ciencias de la Administración.

Durante el acto, se enfatizó que estos logros no son solo cifras en un escalafón, sino una muestra de la dedicación y compromiso significativo al fortalecimiento de la ciencia en la región y el país.

Mujeres investigadoras
Un capítulo especial en esta gala lo protagonizaron las investigadoras de la Universidad del Valle. Con un total de 39 mujeres exaltadas en las categorías de mayor prestigio, la institución celebra no sólo el rigor académico, sino la ruptura de techos de cristal en campos históricamente masculinos. Estas docentes no solo encabezan el desarrollo científico de alto impacto, sino que son mentoras para las nuevas generaciones de investigadores.

El máximo reconocimiento vitalicio de Investigadoras Eméritas fue otorgado a cinco científicas cuya labor ha transformado sus facultades. Se destacó la impronta de Gladys Eugenia Canaval Erazo (Enfermería), Martha Lucía Vásquez Truissi (Enfermería). Cristina María del Socorro Ramírez Toro(Ingeniería de Alimentos), Ayda Rodríguez de Stouvenel (Ingeniería de Alimentos) y Ruby Mejía Rentería (Ingeniería de Materiales)-

“Es un gran honor para mí como mujer, profesional, profesora de la Universidad del Valle e investigadora del Grupo Materiales Compuestos haber sido reconocida como Investigadora Emérita por parte del Ministerio de Ciencias y Tecnología. Es un reconocimiento a una trayectoria de muchos años. Llevo 52 años vinculada a la institución, primero como estudiante, luego como docente en 1974, donde pude desarrollar mis estudios de posgrado y crear y liderar un grupo de investigación. Tengo el orgullo de mencionar que el grupo se ha mantenido en categoría A1, la máxima clasificación de Minciencias por cerca de 15 o 20 años. Todo eso se ha logrado, por un lado no solo por mi dedicación y vocación, sino por la gran cantidad de jóvenes estudiantes que se han vinculado al grupo,” destacó la profesora Ruby Mejía de la Escuela de Ingeniería de Materiales de la Facultad de Ingeniería.

En el nivel de Investigadoras Sénior la participación fue para 33 científicas, destacándose en diferentes áreas del conocimiento. Algunas de las docentes que recibieron esta distinción son: Sandra Johana Silva Cañaveral (Dpto. de Artes Visuales y Estética), Mónica García Solarte (Dpto. de Administración y Organizaciones), Alba Marina Torres González, Inge Armbrecht de Peñaranda y Lorena Cruz Bernate (Dpto. de Biología), Katherine Gross (Dpto de Física), Diana Marcela Jiménez Restrepo (Depto. de Economía), Lyda Elena Osorio Amaya y María Isabel Gutiérrez (Escuela de Salud Pública). 

Otras de las investigadoras son Mercedes Salcedo Cifuentes (Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico), Adriana Patricia López Valencia, Andrea Pérez Vidal, Carmen Rosa Forero Amórtegui, Irene Vélez Torres, Irma Janneth Sanabria Gómez, Martha Constanza Daza Torres y Patricia Torres Lozada (Escuela de Ingeniería de los Recursos Naturales y del Ambiente).

En la Facultad de Humanidades, está la investigadora sénior Karen Shirley López Gil (Dpto. de Lingüística y Filología). Por su parte, en la Facultad de Psicología sobresale la labor de las profesoras Fátima Díaz Bambula y Mónica Roncancio Moreno. 

La representación de Regionalización
El profesor Mauricio Quintero Ángel, docente de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas de la Seccional Palmira, hizo parte de los docentes que recibieron reconocimiento como investigador senior de la Universidad del Valle.

Del mismo modo, Grupo de Investigación Sistemas Socio-Ecológicos Sustentables - SISOS de la Seccional Palmira recibió una distinción por su clasificación en categoría A1 de Minciencias. Esto es reflejo del proceso de fortalecimiento del componente investigativo en las sedes y seccionales.

Grupos de investigación de liderazgo internacional
La jornada de reconocimientos también fue para los 79 grupos de investigación clasificados en categorías A1 y A, reflejo de una producción científica de alto impacto y una contribución sostenida a la producción de conocimiento en el suroccidente colombiano. 

Las categorías A1 y A son el "sello de alta calidad" que Minciencias otorga únicamente a los equipos de investigación que demuestran producción científica constante, cooperación con universidades en el extranjero y alta capacidad de formar nuevas generaciones (estudiantes de doctorado y maestría).

Entre los grupos que alcanzaron la máxima categoría (A1) se destacan:
-Grupo de Investigación en Marketing.
-GIPAB - Ingeniería de Procesos Agroalimentarios y Biotecnológicos.
-AVISPA - Ambientes Visuales de Programación Aplicativa.
-Neurociencias y Psicología Clínica.

Centros e Institutos de Investigación, también reconocidos

Además, se celebró el reconocimiento, por parte de Minciencias, del Centro de Excelencia en Nuevos Materiales (CENM) y del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología (INCIMAR) como actores vitales del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología durante el período 2024-2029. En el concepto del Ministerio, estos centros e institutos de investigación cumplen con la definición de ser una “organización pública, privada o mixta independiente que tiene como misión institucional desarrollar diversas actividades de investigación (básica o aplicada), con líneas de investigación declaradas y un propósito científico específico” ,de acuerdo con lo establecido en la Política de Actores del sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Esos dos centros reconocidos hacen parte del listado de cuatro institutos y cinco centros de investigación que posee actualmente la Univeresidad. El reconocimiento de estas estructuras organizacionales por parte de Minciencias es fruto de la puesta en acción de lo consignado en la misión institucional, donde la generación de conocimiento en las ciencias, las artes y las humanidades se configuran como una razón de ser.

Las siguientes son las palabras del rector de la Universidad del Valle,  profesor Guillermo Murillo Vargas durante el evento de reconocimiento a investigadores y grupos de investigación clasificados en las máximas categorías en la convocatoria nacional para reconocimiento y medición de grupos de investigación e investigadores del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación-2024

Lo que nos reúne hoy es un reconocimiento a la excelencia académica, tanto más valioso porque viene de un riguroso proceso adelantado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e innovación, en la convocatoria nacional para reconocimiento y medición de grupos de investigación e investigadores del sistema de ciencia, tecnología e innovación-2024. Es una clasificación externa que valida la calidad interna y coloca en una posición de máxima categoría a los grupos de investigación que nos acompañan. 

Con esta reunión queremos destacar que la investigación es la columna vertebral de la Universidad del Valle y que el poder transformador de la academia viene de la disciplina, visión y compromiso de nuestros profesores.

Bien vale la pena recordar algunas cifras del informe de gestión de 2025 que será entregado en los próximos días dentro de nuestra obligación de rendir cuentas a la sociedad. Al cierre del año la Universidad contaba con 261 grupos de investigación activos, distribuidos en las diez facultades y el sistema de regionalización. En la Convocatoria 957 de 2024 de Minciencias fueron clasificados 205, 79 % del total. En cuanto a la distribución por categorías, la categoría C concentra el mayor número (33,7%), seguida de la categoría A (25,9%), la categoría B con 45 (22%), la categoría A1 con 26 (12,7%) y 12 grupos reconocidos (5,9%). Es un sistema de investigación equilibrado, con una presencia destacada en las categorías de mayor nivel y una base amplia en procesos de fortalecimiento y consolidación. 

Detrás de esas cifras está el talento humano que las hace posibles:  de los 948 profesores nombrados, 449 son investigadores que cuentan con categorización en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación: 165 como sénior, 94 como asociados y 190 como junior. Adicionalmente, la Universidad cuenta con 34 investigadores eméritos, de los cuales 8 fueron reconocidos en esta convocatoria. 

En cuanto a la generación de conocimiento existen 355 proyectos activos, 162 proyectos finalizados y 625 productos generados. La Universidad cuenta hoy con 98 patentes (70 nacionales, 28 internacionales), 27 patentes en solicitud (26 nacionales y 1 internacional), 22 diseños industriales (20 concedidos, 2 en proceso), 31 marcas (30 concedidas, 1 en proceso) y 66 registros de software. 

El conjunto de estos datos revela que la Universidad es un actor clave en el ecosistema de CTI del país. Una fuerza formidable de generación de conocimiento como bien público, con pertinencia social, con impacto nacional e internacional y con capacidad para transformar el territorio. Como universidad pública aportamos el valor estratégico de la investigación para construir un mundo mejor.

Imposible no hacer en esta ocasión un reconocimiento especial a los investigadores senior y eméritos, quienes en desarrollo de sus carreras han construido escuela, han sido factor determinante en la formación de nuevas generaciones de investigadores y han escrito un capítulo central en nuestros ochenta años de historia.

Es preciso mencionar también el liderazgo de los grupos A y A1, por lo que significan como consolidación de la comunidad científica por su capacidad de gestión, su visión estratégica y su cultura colaborativa. Cada uno de esos grupos llega a esa categoría como resultado un trabajo intenso, coherente, persistente en el tiempo, que desemboca en la excelencia.

En un país como el nuestro tan lleno de necesidades insatisfechas es inevitable que la ciencia tenga un compromiso social, que la investigación este alineada con los desafíos del país, que la universidad pública aporte con la generación de conocimiento al fortalecimiento de la equidad, de la paz, de la sostenibilidad y el desarrollo regional. Debemos estar con nuestro trabajo cotidiano al servicio de la sociedad. 

Hemos querido invitarlos esta mañana para expresarles la gratitud de su Universidad, de nuestra universidad, por su trabajo; por lo que representa como un compromiso permanente con la excelencia. Hoy celebramos trayectorias, pero sobre todo celebramos el futuro que ustedes siguen construyendo para nuestra universidad y para el país

Muchas gracias. 

Guillermo Murillo Vargas, Ph.D.
Cali, 6 de marzo de 2026

Como parte de la agenda de la asamblea general de la Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Superior – ACIET, la Universidad del Valle recibió un reconocimiento por sus 80 años de vida institucional, en virtud de su historia, liderazgo y contribución al fortalecimiento del sistema de educación superior del país.

Esta distinción fue recibida por la profesora Bibiana Rendón Álvarez, directora de Autoevaluación y Calidad Académica, en representación del señor rector Guillermo Murillo Vargas.

En una carta leída por la directora de la DACA, el profesor Murillo agradece este reconocimiento. "Creo que no podría entenderse el departamento del Valle del Cauca y su área de influencia sin la presencia de la nuestra universidad en todos los campos de las ciencias y las artes. A esos reconocimientos se suma el de ACIET que generosamente destaca el liderazgo y contribución de la Universidad del Valle al fortalecimiento del sistema de educación superior del país." se destaca en la misiva leída durante la ceremonia.

"80 años después es un centro de educación superior con diez facultades, 5 institutos de investigación y 6 centros de investigación. 35.000 estudiantes, de los cuales 14.000 están en 9 sedes regionales, 51% son mujeres, más de 3.000 se reconocen como afrodescendientes y más de 700 como indígenas. La gran mayoría de esos estudiantes de los estratos socioeconómicos menos favorecidos. 24 doctorados, 91 maestrías y especializaciones clínicas, 51 especializaciones, 139 programas profesionales y 63 tecnológicos, para un total de 379 programas, buena parte de ellos con la acreditación de alta calidad. Una de las ofertas académicas más importantes de la educación superior en Colombia."
 
"Lo que hay detrás de esas cifras que nos llenan de orgullo es una universidad acreditada de alta calidad desde 2005 hasta 2034, incluyente, diversa, creativa, innovadora; la más poderosa fuerza de movilidad social y de integración regional. La clave de esa historia exitosa han sido los planes de desarrollo producto de un cuidadoso y sólido proceso de planeación del cual la Universidad del Valle es pionera en Colombia. La mejor medida de cumplimiento del Plan de Desarrollo 2015-2025 ha sido la renovación en el año 2024 de la Acreditación Institucional de Alta Calidad por diez años hasta 2034, que avala la transparencia, prudencia y confiabilidad en la gestión institucional y respalda la cultura de autoevaluación, autorregulación y mejoramiento continuo en sus funciones misionales."

"Ese trabajo ha sido resultado del esfuerzo, la dedicación y la creatividad de varias generaciones de vallecaucanos", finaliza la carta.

Con más de 50 años de trayectoria, ACIET es el gremio líder del Sistema Colombiano de Educación Superior (SCES), representando a IES públicas y privadas para fortalecer la calidad, el acceso y el desarrollo educativo en el país.

Este reconocimiento se entregó en un acto llevado a cabo el pasado viernes 27 de febrero de 2026 en Bogotá.

Tanto por su extensión aproximada de un millón de metros cuadrados como por su densidad arbórea, que supera en promedio los 71 individuos por hectárea, la Ciudadela Universitaria de Meléndez de la Universidad del Valle es la principal área verde urbana de Cali. 

De manera particular, este campus alberga un parche de bosque seco tropical en proceso de restauración ecológica, integrado por especies nativas propias de este ecosistema que se encuentra altamente amenazado en Colombia.

En el Plan Estratégico de Desarrollo 2025-2035 visión de futuro a 2045 no se proyecta el campus de Meléndez únicamente como zona verde, sino como un fragmento vivo de bosque seco tropical que conserva dinámicas ecológicas propias y alberga múltiples grupos de fauna —aves, insectos, reptiles, pequeños mamíferos y otros organismos— que lo establece como un refugio de biodiversidad dentro del entorno urbano. Su valor radica en la biodiversidad que sostiene y en las relaciones ecológicas que allí se mantienen y se están recuperando.

En un contexto urbano como el de Cali, proteger y fortalecer este relicto implica reconocer el valor propio de la naturaleza que albergamos en el campus y asumir una responsabilidad institucional sostenida en el tiempo, destaca Sergio Andrés Cardona Plazas, jefe de la Sección de Servicios Varios y Gestión Ambiental de la Universidad del Valle.

La protección de este gran patrimonio en el Plan de Desarrollo de la Universidad del Valle es prioritaria porque en su mayoría, los campus de las distintas seccionales y sedes no son solamente espacios para la formación y la investigación sino activos bioculturales y áreas estratégicas de biodiversidad en la región.

Este componente del PED se estructura bajo una visión de "Sostenibilidad Integral" y "Campus Sustentable", afirma el profesor Luis Carlos Castillo Gómez, jefe de planeación de la Universidad  pues el Plan reconoce que los campus universitarios cumplen una función ambiental estratégica dentro de las ciudades. Más allá de su infraestructura académica, constituyen nodos de biodiversidad urbana donde convergen procesos ecológicos, dinámicas sociales y prácticas de cuidado colectivo. 

En coherencia con esta visión, la Universidad proyecta consolidar el campus de Meléndez como Jardín Botánico universitario y como referente de restauración y gestión socioecológica en el ámbito urbano.

Para avanzar en este propósito se desarrollan acciones concretas:

1. Conocimiento y monitoreo de la flora con una actualización permanente del inventario de la flora del campus y seguimiento a su estado, diversidad y dinámica, como base técnica para la toma de decisiones.

2. Conservación complementaria de especies amenazadas con base en la implementación de estrategias de conservación ex -situ para especies del bosque seco tropical y de la región andina, como medida de respaldo y apoyo a los procesos ecológicos del campus.

3. Restauración ecológica activa por medio de la siembra prioritaria de especies nativas y manejo progresivo de especies introducidas o invasoras, con el fin de recuperar estructura, composición y funcionalidad ecológica.

4. Conectividad y funcionalidad ecológica con base en el fortalecimiento de la articulación entre áreas arboladas y zonas en restauración para mejorar la continuidad del hábitat y favorecer la permanencia y el movimiento de fauna asociada.

5. Adaptación climática y gestión hídrica con base en el incremento de la cobertura arbórea para contribuir a la regulación térmica y reducción del efecto de isla de calor, así como en la promoción de especies que favorezcan la infiltración de agua y la protección de fuentes hídricas internas.

El Plan Estratégico de Desarrollo 2025–2035 plantea que la protección de la biodiversidad del campus no debe ser únicamente una labor técnica, sino un proceso colectivo y formativo que involucre a toda la comunidad universitaria.

En este sentido, el programa Aula Viva promueve el uso de sus campus como laboratorios abiertos para la docencia, la investigación y la apropiación del territorio, donde se pueda aprender viviendo el territorio. Los procesos de restauración ecológica, monitoreo y conservación de la biodiversidad se integran así a la formación académica y al trabajo interdisciplinario.

De manera complementaria, se fomenta la participación de estudiantes, docentes y trabajadores en jornadas de siembra responsable y programas de voluntariado ambiental, fortaleciendo el cuidado compartido del bosque seco tropical y de la diversidad de vida que este alberga.

Para muchos jóvenes y habitantes del oriente de Cali la tarde del 5 de marzo de 2026 quedará grabada en su memoria como un día inolvidable, como la fecha del inicio de una nueva etapa para alcanzar sus sueños de ser profesionales.

Con la participación de un grupo de 120 jóvenes, sus familiares, autoridades universitarias, el Ministro de Educación Nacional Daniel Rojas Medellín, el viceministro de Educación Superior Ricardo Moreno Patiño, se dio la bienvenida al Multicampus Nuevo Latir, un proyecto de ciudad y de país para fortalecer el acceso a la educación superior.

“Este proyecto es fundamental para cerrar las brechas de la desigualdad en Cali. Aquí en el sector del Oriente, en donde habitan jóvenes que han sido víctimas de la exclusión y la pobreza, y que solamente con la oferta de Educación Superior en su territorio podemos ir, no solo cerrando esas brechas, sino abrir caminos para que sus sueños colectivos y los de sus familias puedan hacerse realidad,” señaló el ministro Rojas Medellín.

En este proyecto educativo, la Universidad del Valle, la Institución Universitaria Antonio José Camacho y la Escuela Nacional del Deporte acogieron el llamado del Gobierno Nacional y Distrital para acercar la educación superior a los territorios y ampliar las oportunidades de acceso para los jóvenes del oriente de Cali.

Como explicó el profesor Luis Carlos Castillo Gómez, Jefe de Planeación y Desarrollo Institucional, Univalle atendió con prontitud el llamado a fortalecer la oferta educativa de este proyecto. “Cuando el Ministerio de Educación invitó a la Universidad del Valle a vincularse a este proyecto, el rector no tuvo ninguna duda, lo presentó ante el Consejo Académico donde se aprobó por unanimidad la oferta que estamos presentando hoy. Es una alegría que nuestra universidad esté llevando educación superior al oriente de la ciudad" destacó el directivo universitario.

En el Multicampus Nuevo Latir, Univalle abrió el programa de Licenciatura en Educación Infantil. De los 120 jóvenes que ingresan a partir de hoy a las aulas del Multicampus, 40 lo harán bajo la formación de excelencia de la Universidad del Valle.

Los nuevos estudiantes no podían ocultar su alegría, como es el caso de Luisa María Hernández Patiño: “se siente muy hermoso y agradable, ha sido lo que yo esperaba. Mi sueño siempre fue hacer parte de la Universidad del Valle y aún más en un programa que me gusta. Es un orgullo poder alcanzar esa meta”.

Una sensación similar describe Sofía Alejandra Manyama: “es una oportunidad magnífica estar acá y saber que hago parte de este proyecto educativo. La verdad la carrera de Educación Infantil siempre me ha gustado, crecí en un entorno, varios de mis familiares son profesores y por eso siempre me ha encantado esta carrera.”

Se prevé que para los siguientes períodos académicos la Universidad del Valle pueda fortalecer y ampliar la oferta académica en esta iniciativa con otros programas de tecnología, que sean pertinentes para las necesidades e intereses de los jóvenes y del entorno.

Con un acto realizado en Popayán, el presidente de la república Gustavo Petro Urrego promulgó la ley que cambia de manera estructural la financiación de la educación superior pública en Colombia. 

Con información tomada de Mineducación

A través de la Ley 2568 de febrero de 2026, que reforma los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, Colombia adopta un nuevo modelo de financiamiento que busca fortalecer las instituciones de educación superior públicas del país.

Esta nueva ley plantea un cambio fundamental. Con el anterior modelo de financiación, basado en los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, los recursos para las universidades públicas crecían cada año según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), un indicador que no era suficiente porque no reflejaba el crecimiento de las universidades públicas. Como indica la página de Mineducación, el IPC "mide cuánto suben productos y servicios como alimentos, transporte o arriendos, pero no cuánto cuesta sostener un laboratorio, pagar docentes, financiar investigación o modernizar infraestructura".

Con la nueva ley, el incremento de los ingresos de las instituciones públicas de educación superior estará ligado al Índice de Costos de la Educación Superior (ICES). Además se prevén la incorporación de recursos adicionales para ampliar cobertura, cerrar brechas regionales, fortalecer la formalización laboral y mejorar la capacidad instalada de las instituciones públicas. 

Dentro de la nueva Ley también se establece que la inversión en educación superior crecerá de manera progresiva en proporción al Producto Interno Bruto para alcanzar el 1% del PIB para este nivel educativo y acercar a Colombia a los estándares de la región. 

En su intervención en el acto, el presidente Petro manifestó que "la educación superior pública es lo que nos permite tener el cemento de la paz y una nación poderosa descubriendo nuestra propia diversidad. Esa educación pública es la que puede construir la paz de Colombia de manera definitiva".

Por su parte, el ministro de Educación Daniel Rojas Medellín manifestó "Hoy le cumplimos al movimiento estudiantil y al país. Con la reforma financiera a la Ley 30 de 1992 transformamos el modelo de financiación de la educación superior pública. Por instrucción del presidente Gustavo Petro, destinamos recursos históricos, muy superiores a los exigidos en las calles, para garantizar que la universidad pública se fortalezca y que ningún joven vuelva a quedar por fuera por falta de dinero."

El tercer encuentro del club de investigación en Gestión de Proyectos, a realizarse el próximo viernes, 13 de marzo de 2026 a las 4:00 p.m. (hora de Colombia), se centrará en el análisis del logro de objetivos ligado al desempeño organizacional como el "nicho" en el cual se ejecutan los proyectos, obligando a los gerentes a mirar hacia el entorno y asumir un rol protagónico más allá de la ejecución técnica.

A pesar de que desde la década de los 60 la gerencia de proyectos ha desarrollado una variada oferta de metodologías, las estadísticas actuales señalan que sólo tres de cada diez proyectos cumplen con su oferta de valor (beneficios e impactos esperados). La hipótesis central de este encuentro es que el éxito no reside únicamente en las buenas prácticas de gestión, sino que está estrechamente vinculado a las condiciones organizacionales y a la gestión del cambio.

Le invitamos a consultar las sesiones anteriores y la agenda del club

El invitado como ponente para este encuentro es Tulio Gerardo Motoa, Ingeniero Industrial de la Universidad del Valle y Doctor en Ingeniería (PhD) de la Universidad Politécnica de Madrid. El Dr. Motoa cuenta con una trayectoria de 19 años como profesor en la Universidad del Valle, de la cual se retiró como profesor asociado; además, es coautor de libros sobre modelos de madurez en gerencia de proyectos y ha desempeñado roles clave como director e interventor en proyectos del Sistema General de Regalías de Colombia. Su experiencia docente se extiende a posgrados en instituciones como la Universidad Javeriana sede Cali, Universidad San Buenaventura y Universidad Santiago de Cali. Por su destacada labor académica, fue distinguido con la medalla Alberto León Betancourth de la Universidad del Valle.

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