La Dirección de Infraestructura de Univalle está adelantando un proceso de evaluación y recuperación de la infraestructura en todos los campus universitarios. Se trata de un proceso de evaluación, priorización y recuperación con enfoque técnico y preventivo

Tras el evento sísmico ocurrido el pasado lunes 10 de agosto de 2026, la Universidad del Valle puso en marcha una ruta de trabajo orientada a valorar las condiciones de su infraestructura física en todos los campus de la región, establecer prioridades de intervención y garantizar condiciones adecuadas de seguridad para la comunidad universitaria.

Dentro de las actividades desarrolladas del Sistema de Comando de Incidentes (SCI), la Dirección de Infraestructura y la Sección de Salud Ocupacional Universitaria adelantan el proceso de recuperación postdesastre: un trabajo progresivo de inspección, clasificación, restricción de uso y definición de estudios especializados, cuyo objetivo no solo es atender las afectaciones identificadas, sino también contar con una base técnica que permita orientar las decisiones de reparación, rehabilitación y, cuando sea necesario, reforzamiento estructural.

Un primer diagnóstico para priorizar las intervenciones

El punto de partida fue un censo estructural mediante triage, que permitió identificar las condiciones generales de las edificaciones y establecer prioridades para una valoración posterior. La primera etapa correspondió a inspecciones visuales preliminares, destinadas a reconocer afectaciones y situaciones que pudieran requerir medidas preventivas.

De manera posterior, las edificaciones fueron clasificadas de acuerdo con las condiciones observadas. Esta metodología permitió establecer diferentes niveles de actuación y definir restricciones de ingreso y ocupación para aquellas construcciones que requerían una evaluación técnica más detallada.

El censo registra 150 edificaciones evaluadas en todas las seccionales, distribuidas en cuatro categorías: verde, amarillo, naranja y rojo. Esta clasificación constituye una herramienta de priorización y no reemplaza los estudios especializados requeridos para determinar de manera definitiva las condiciones de seguridad y habitabilidad de cada inmueble.

La clasificación orienta las acciones

Para las edificaciones clasificadas en verde, se estableció la continuidad de la atención a través de la Sección de Sostenibilidad y Mantenimiento, mediante las correspondientes órdenes de mantenimiento. En estos espacios, funcionarios y docentes pueden ingresar y desarrollar sus actividades; cualquier afectación adicional que sea identificada, particularmente grietas o daños en acabados, debe ser reportada para su registro y atención dentro del inventario de mantenimiento.

En las edificaciones clasificadas en amarillo, se han adelantado trabajos de aislamiento de las zonas que presentan restricciones. Esta medida permite mantener disponibles los espacios que no se encuentran afectados mientras se controla el acceso a las áreas que requieren una atención particular. La comunicación sobre los espacios habilitados se realiza a través de los coordinadores administrativos de las unidades académico-administrativas.

Una condición diferente corresponde a las edificaciones clasificadas en naranja y rojo. En estos casos, el ingreso y la ocupación no están autorizados, debido a que se requiere adelantar evaluaciones especializadas antes de determinar las condiciones de habitabilidad y la posibilidad de permitir su uso. Estas evaluaciones se adelantarán con el acompañamiento de la Escuela de Ingeniería Civil y Geomática de la Facultad de Ingeniería y de la Escuela de Arquitectura de la Facultad de Artes Integradas.

De la inspección visual a los estudios especializados

La siguiente fase del proceso está orientada a profundizar el diagnóstico de las edificaciones con mayores restricciones. Entre el 7 y el 14 de septiembre se llevarán a cabo las segundas inspecciones.

Para la última semana de septiembre está previsto entregar un plan de trabajo específico para desarrollar una consultoría especializada, con un tiempo estimado de dos meses. Este plan contempla como actividades principales la realización de estudios de patología, de vulnerabilidad, suelos y, cuando resulte necesario, reforzamiento estructural.

Cada uno de estos estudios cumple una función específica dentro del proceso. La evaluación de vulnerabilidad permitirá analizar la capacidad y el comportamiento de las estructuras frente a las solicitaciones sísmicas; los estudios de patología estarán dirigidos a identificar las características, causas y evolución de las lesiones observadas; los estudios de suelos permitirán verificar las condiciones del terreno requeridas para los análisis de vulnerabilidad; y, finalmente, los estudios de reforzamiento permitirán definir alternativas de intervención cuando se determine la necesidad de incrementar la capacidad o mejorar el desempeño de una estructura.

Una ruta de recuperación basada en evidencia técnica
La estrategia definida por la Universidad establece una secuencia progresiva: segundas inspecciones, consolidación técnica, formulación del plan de consultoría y, posteriormente, intervención. Esta última etapa podrá comprender estudios, diseños, reparaciones y/o reforzamientos, dependiendo de los resultados obtenidos durante el diagnóstico especializado.

Este enfoque permite que las decisiones sobre la infraestructura universitaria se adopten de manera gradual y sustentada técnicamente, evitando anticipar intervenciones antes de contar con información suficiente sobre las condiciones particulares de cada edificación.

La recuperación postdesastre constituye así un proceso que trasciende la atención inmediata de los daños visibles. Implica evaluar el comportamiento de las edificaciones, identificar sus necesidades, establecer prioridades y definir las intervenciones que correspondan de acuerdo con los resultados de los estudios. De esta manera, la Universidad del Valle avanza hacia una recuperación organizada de su infraestructura, articulando las acciones de mantenimiento, evaluación especializada y eventual intervención bajo una ruta común de trabajo.

Más que una respuesta puntual frente a las afectaciones ocasionadas por el evento sísmico, esta ruta representa un ejercicio institucional de prevención, gestión del riesgo y toma de decisiones basada en criterios técnicos, con el propósito de avanzar progresivamente hacia la recuperación de los espacios universitarios y el restablecimiento de sus condiciones de uso.