Una semana después del terremoto fuerte ocurrido el 10 de agosto de 2026 con magnitud 7,4 Mw, profundidad de 100 km aproximadamente y epicentro en el municipio San José del Palmar en el departamento del Chocó (Colombia), y un poco más sereno por el pánico generalizado, pero muy conmovido y congojado por la tragedia, los daños materiales, las pérdidas económicas y las vidas humanas apagadas, podemos iniciar el debate sobre el comportamiento general de los diferentes aspectos técnicos, institucionales y sociales, y las capacidades mostradas por el país ante esta grave situación de desastre. 

 Por: Elkin de Jesús Salcedo Hurtado, Ph. D. , Profesor Titular, Universidad del Valle

Director Observatorio Sismológico y Geofísico del Suroccidente Colombiano - OSSO

Cabe señalar que este terremoto ha sido el evento de mayor magnitud que se ha presentado en el país en el último siglo, por la cual, no hay generación viva en Colombia que haya experimentado o sea testigo directo de la forma como se estremeció la tierra, vibraron los objetos y las construcciones en gran parte de las regiones central y occidental del territorio nacional. Esta situación deja al descubierto varias realidades y fallas estructurales en nuestro Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD); que entre otras acciones obligó al recién posesionado presidente de la república, doctor Abelardo Gabriel de la Espriella Otero, a decretar la situación de desastre nacional a través del Decreto 1171 del 11 de agosto de 2026; declaratoria que faculta al Gobierno nacional, para emitir circulares o resoluciones orientadas a facilitar la atención inmediata, incluida la posibilidad de realizar contratación directa exprés para lo relacionado con la emergencia; además, puede decretar otras medidas de en materia económica, social y ecológica.

Ante de iniciar el análisis de los aspectos que, a mi juicio, sacó a relucir el desastres, se presentan las cifras y datos oficiales preliminares sobre las afectaciones directas que fueron reportadas por el señor presidente de la república, Abelardo De la Espriella, en su primera alocución televisiva a las 7:00 de la noche del día 17 de agosto de 2026. 

Afectaciones directas

Según el reporte del señor presidente, por el terremoto se afectaron de manera directa 450 municipios en 15 departamentos, equivalente a una tercera parte de la nación. 289 personas fallecidas, 4.187 heridos y 143 desaparecidos. Más de 120.328 familias afectadas, 26.945 viviendas destruidas y más de 127.557 viviendas averiadas; daños en 285 centros de salud, y en más de 2.838 establecimientos educativos. Centenares de vías, puentes e instalaciones indispensable impactadas. De acuerdo con los datos, los departamentos de Valle del Cauca y Risaralda, hasta ese momento, concentran las consecuencias humanas más dolorosas. En el Valle del Cauca se reportaron 163 fallecidos, 2.672 heridos y 80 desaparecidos. En Risaralda, 104 muertos, 565 heridos y 61 desaparecidos. Cabe recalcar que estos son datos preliminares que el Gobierno nacional irá actualizando en la medida que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) vaya acopiando y analizando más información sobre la afectación en cada uno de los municipios de los diferentes departamentos afectados. 

Al mismo tiempo, el presidente señaló que una firma privada, de manera preliminar había modelado las pérdidas directas causadas por el terremoto que, en los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas, fueron equivalente a unos 30 billones de pesos, de los cuales cerca de 24,5 corresponden a pérdidas en edificaciones y 5,5 billones de pesos a pérdidas en infraestructura. Indicó que en el departamento del Chocó, aunque se tenga un valor absoluto de pérdidas menor que en los demás departamentos afectados, la afectación proporcional, resulta ser la más alta, razón por la cual merece una consideración especial, como un plan Marshall (iniciativa del gobierno de los Estados Unidos de América para ayudar en la reconstrucción, eliminar barreras al comercio y modernizar la industria de Europa Occidental después de ser devastada por la Segunda Guerra Mundial; este plan proporcionó ayudas políticas y económicas por valor de unos 13.000 millones de dólares de la época y estuvo en funcionamiento durante cuatro años desde el 3 de abril de 1948), que salde las deudas históricas que se tienen con esta región que ha sido la más olvidada del país; por lo cual es la hora de reconstruir este departamento y ¡hacerlo muy bien!.

¿Qué aspectos primordiales sacó a relucir el desastre causado por el terremoto?

• En materia de gestión del riesgo

Iniciamos por este aspecto, porque podría ser catalogado como el más critico dentro del presente análisis. Por tal razón se puede decir que es el renglón más cuestionado, a pesar de lo que los colombianos hayamos interpretado como las acciones realizadas y expresadas por el presidente en su alocución, donde da los primeros pincelazos de lo que serán las medidas a tomar respecto a la reconstrucción tras el desastres. Los hechos observados durante la emergencia han dejado en evidencia que en el país se sigue priorizando la reacción tardía sobre la prevención; que nos mostró la situación:

• Falta de preparación real – La ubicación de Colombia en la esquina noroccidental del continente Sudamericano, donde se presenta la triple unión de las placas tectónicas de Nazca (Pacífico), Caribe y Sudamérica, que a su vez genera gran proceso de deformación intracontinental, hace del territorio nacional una zona expuesta a la ocurrencia de terremotos. Esta situación ha hecho de que legislativamente se establezcan normas constructivas sismo-resistentes, como la NSR-10, que tienen el propósito de establecer criterios y requisitos mínimos para el diseño, construcción y supervisión técnica de edificaciones nuevas, así como de aquellas indispensables para la recuperación de la comunidad con posterioridad a la ocurrencia de un sismo, que puedan verse sometidas a fuerzas sísmicas y otras fuerzas impuestas por la naturaleza o el uso, con el fin de que sean capaces de resistirlas, incrementar su resistencia a los efectos que éstas producen, reducir a un mínimo el riesgo de la pérdida de vidas humanas, y defender en lo posible el patrimonio del Estado y de los ciudadanos [sic].

La norma vigente NSR-10, ha sido actualizada dos veces. La primera reglamentación sismo resistente en el país corresponde al Decreto 1400 del 7 de junio de 1984, que fue actualizado por primera vez mediante el Reglamento NSR-98, mediante el Decreto No. 33 del 9 de enero de 1998; la segunda actualización, corresponde al Reglamento NSR-10, Decreto 926 del 19 de marzo de 2010.

A pesar de este importante paso legislativo y las advertencias de los expertos, las cifras del señor presidente de la república en su alocución dan cuenta del colapso de viviendas, infraestructuras indispensables (hospitales, centros de salud, establecimientos educativos, entre otros) en varias ciudades capitales y otras poblaciones, lo cual dejó al descubierto la falta de control real sobre las licencias de construcción y el escaso mantenimiento de las estructuras históricas. Las curadurías urbanas que, según el artículo 2.2.6.1.1.3 del Decreto 1077 de 2015, se les otorga la responsabilidad del estudio, trámite y expedición de las licencias de urbanización, parcelación, subdivisión y construcción, no ejercen su papel de manera efectiva. Las licencias de construcción se otorgan con el diseño de la obra, pero no se realiza el control en cuanto a su ejecución y el cumplimiento real de dicho diseño.

• Coordinación y centralismo – Este evento sísmico ha sacado a relucir el gran centralismo nacional y la falta de coordinación entre la UNGRD y los entes homólogos a nivel departamental, y entre estos últimos y los de carácter municipal, donde ellos existen. Esto muestra que existe una descoordinación de carácter estructural que no necesariamente cumple lo promulgado por la Ley 1523 de 2012, que regula el Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD), y mucho menos por las acciones que estipula el Plan Nacional de Gestión de Desastres.  

Se pudo notar que estamos lejos de asistir logísticamente y a tiempo a las poblaciones con acceso geográfico limitado y donde sin duda también habitan un buen número de compatriotas. Ciudades principales como Cali, Pereira y Manizales fueron el centro de atención de los medios periodísticos y de las instituciones respondientes de las situaciones de desastres; mientras poblaciones de otros departamentos, especialmente el Chocó, a pesar de ser la zona epicentral, quedaron totalmente desconectadas y aisladas de todo tipo de comunicación, evidenciándose la falencia en la atención del desastre y la concurrencia inmediata contemplados en los procesos y principios del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

• Cuestionamientos en la recepción de ayuda – La actitud negligente del flamante gobierno nacional, que entre otras cosas se había negado a tener un proceso de empalme real con el gobierno saliente, fue uno de los aspectos más críticos de esta situación de desastres. El mandatario nacional, quien debido a sus declaraciones de acabar con la UNGRD no había nombrado el reemplazo del anterior gobierno por lo cual debió asumir la dirección de la emergencia, en primera instancia se negó a aceptar la ayuda internacional de grupos rescatistas de México y China. En parte esto podría ser entendible, dada la desconexión del Sistema Nacional, y hasta no tener un balance general sobre la situación de los daños multisectoriales, las capacidades locales, no se podía solicitar ni aceptar ofrecimiento de ayudas extranjeras. Sin embargo, no se puede negar que fue el gran error del nuevo gobierno y el precio de la improvisación, que costó pérdida de muchas vidas humanas. Las cifras las dijo el propio presidente de la república. Aunque se quiso remediar la situación, es inaceptable la selectividad del Estado en estas situaciones, que solo aceptó el apoyo de 138 rescatista extranjeros (24 estadounidenses, 32 ecuatorianos y 82 israelíes – datos otorgados por el señor presidente), lo cual prende las alarmas en torno al comportamiento del nuevo gobierno en su capacidad diplomática y operativa de la Cancillería y la UNGRD para canalizar apoyos masivos de manera efectiva en situaciones de desastres de carácter nacional.   

• En materia política

• Primer examen para el nuevo gobierno – El presidente De La Espriella se había posesionado con “bombos y platillos” el 7 de agosto de 2026 en la ciudad de Cali, y a solo tres días de este acto solemne, le viene la prueba de juego con la ocurrencia del terremoto del 10 de agosto del mismo año. Este es el primer examen por el cual atraviesa el gobierno, que inicia con el peso de una tragedia que NO tuvo reacción inmediata de atención a las comunidades afectadas debido a que entre los miembros de alto nivel del nuevo gabinete no había quien conociera el funcionamiento del SNGRD y de la UNGRD. Esto obligó a cambiar radicalmente el rumbo de la agenda legislativa promulgada en la campaña del nuevo mandatario. Incluso, a pesar de ser una de las banderas políticas del nuevo gobierno, el país y los medios de comunicación dieron poca trascendencia al abatimiento de Dubán Ramiro Castillo Cortés, alias “Max Max”, integrante de las disidencias de “Iván Mordisco”, quien fue dado de baja por la fuerzas públicas en la vereda La Cabaña, en Jamundí, Valle del Cauca, según lo informó el propio presidente Abelardo de La Espriella; así como el de Eider Quitora Olarte, conocido bajo los alias de “Alexis Perdomo”, “Johan González” y “El Tigre”, quien igualmente fue abatido en combate con el Gaula Militar en la vereda La Esperanza, jurisdicción de Belén de los Andaquíes (Caquetá), el 6 de agosto. Así, los esfuerzos del gobierno intentaron concentrarse en la tragedia ocasionada por el terremoto y en la declaratoria de la situación de desastre definida a través del Decreto número 1171 del 11 de agosto de 2026, que faculta al presidente para tomar medidas extraordinarias en materia política, económica y fiscal.
• Tensión política por la reconstrucción – Sin dudas, el giro obligado y prioritario del gobierno para atender no solo la emergencia sino también la reconstrucción, abrirá un fuerte debate con el Congreso, donde se aplazan lo debates de la Oposición. El legislativo deberá discutir fervientemente para dar respaldo al paquete de medidas que el gobierno querrá imponer a raíz de la catástrofe para llevar a cabo un plan eficaz para la reconstrucción y el uso transparente de los recursos que dispondrá a través del recién creado Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres que manejará los recursos para la respuesta y recuperación del desastre en una subcuenta temporal denominada SISMO 2026. Este punto incluye las transferencias monetarias a los entes territoriales. En el acto administrativo de declaratoria de situación de desastre se establece que la UNGRD coordinará las acciones en la etapa de respuesta del desastre con base en la evaluación de daños y análisis de necesidades multisectorial y territorialmente; además, se establece que los diferentes sectores afectados deberán orientar y adelantar el proceso de recuperación conforme con las acciones definidas en el Plan de Acción Específico. Sin embargo, esto traerá duros cuestionamientos de la clase política y la comunidad en general, que aún tiene los ojos sobre los actos de corrupciones denunciados por el mal uso de los recursos de la entidad en el gobierno inmediatamente anterior.

• En materia económica

• Presión fiscal y fin de la promesa de austeridad total – Las estimaciones económicas del país indican que el déficit fiscal del Gobierno Nacional podría cerrar en 2026 en 6,5 % del Producto Interno Bruto (Valora-Analitik: https://www.valoraanalitik.com/deficit-fiscal-se-ubicaria-en-65-del-pib-por-encima-de-las-estimaciones-del-gobierno-colombiano/). Sin embargo, este pronóstico podría verse fuertemente afectado debido a las consecuencia del terremoto, que ya empieza a destruir parte de una de las promesas clave de la campaña del actual presidente de la república, que cautivó a muchos, en el sentido de mantener un gobierno austero y reducir el déficit fiscal. Sin dudas, el gasto de la recuperación y la reconstrucción post-desastre, obligará a reajustar el presupuesto de próximo año 2027 e incrementar la deuda pública, que además crecerá más aún por los empréstitos a la banca internacional para la reconstrucción post-desastres.     

• Impacto en el PIB por daños directos – El señor presidente de la república en su alocución anunció que una firma provida habría realizado una evaluación preliminar del impacto directo causado por el terremoto. Indicó que los daños y efectos en los departamentos del Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas, podrían ascender a unos 30 billones de pesos, que podrán equivaler entre 0,2% y 0,4% en el PIB nacional, que representaría un impacto directo moderado; sin embargo, a nivel regional en estos departamentos y local en muchos municipios implicó una parálisis de la economía a causa los daños en infraestructura aeroportuaria y en importantes corredores viales.    
• Flexibilización tributaria – Tras la magnitud de los daños observados la DIAN expidió el Comunicado de Prensa No. 101 del 12 de agosto de 2026 (https://www.dian.gov.co/Prensa/Paginas/NG-Comunicado-de-Prensa-101-2026.aspx), en el cual anunció la modificación de los plazos tributarios y suspensión de los términos aduaneros en las zonas afectadas por el terremoto, es decir, los departamentos de Valle del Cauca, Risaralda, Quindío, Caldas, Chocó y Cauca, demostrando la fragilidad del tejido empresarial en estas zonas que requeriría de medidas de salvaguardia inmediatas por parte del gobierno para evitar la quiebra.  

• En materia social

• La evidente vulnerabilidad social y la pobreza poblacional – El terremoto golpeó como nunca en eventos similares a las regiones del Pacífico y centro occidente del país, especialmente el departamento del Chocó, que según lo dijo el presidente, es la región históricamente más empobrecida y desatendida del país, lo cual evidencia la alta vulnerabilidad de su población. Esta situación recalca que los desastres, a pesar de la magnitud del terremoto, no son naturales, sino que representan las situaciones históricas no resueltas en la sociedad. El Chocó, es un departamento donde habita una población con muy bajos niveles de ingresos y las inversiones locales para el desarrollo social y económico han sido totalmente limitadas, donde el conflicto armado se ha encrudecido fuertemente generando migraciones internas y el sobre poblamiento de los centros urbanos que obliga a que gran parte de la población ocupe terrenos inseguros y a construir viviendas precarias en muchos de sus municipios, incluido San José del Palmar lugar del epicentro del terremoto; muchas de sus casas quedaron destruidas.   
• Crisis humanitaria y de vivienda – El terremoto del 10 de agosto es el de mayor magnitud (7,4 Mw) en la historia reciente del país; por su profundidad los efectos se extendieron en gran parte del territorio nacional, especialmente en la costa del Pacífico y el Eje Cafetero, dejando más de 120.000 familias afectadas y alrededor de 128.000 viviendas destruidas y averiadas (cifras preliminares dadas por el señor presidente de la república). Dejó alrededor de 300 personas muertas, donde algunas pudieron haber sido rescatadas con vida si en las primeras horas del desastres se hubiera tenido una coordinación efectiva de los organismos e instituciones del SNGRD. Esta situación genera una aguda crisis humanitaria por el evidente déficit habitacional y la desprotección de la población en los departamentos afectados, obligando al gobierno, según lo anunció entre sus medidas de recuperación, a establecer subsidios de arrendamientos, refugios temporales de emergencia. En ciudades principales como Cali y Pereira, familias damnificadas duermen en la calle, polideportivos y campamentos improvisados ante la pérdida total de su patrimonio. De igual manera, en el departamento del Chocó y otras poblaciones del Pacífico, comunidades indígenas y consejos comunitarios afrodescendientes reportan la pérdida de sus viviendas tradicionales. Esto podría generar otros riesgos colaterales de protección y salud en las zonas sin techo seguro. 
• Comportamiento ciudadano ante la tragedia – A pesar de la adversidad, la comunidad se mostró valiente y solidaria, incluso en muchos lugares el trabajo de rescate inició con la ayuda ciudadana antes de la llegada de los grupos oficiales de atención. El desastre sacó a relucir una de las grandes virtudes de los colombianos, la SOLIDARIDAD, que se manifestó con el acopio de alimentos, medicamentos; el voluntariado ciudadano fue muy evidente. A muchas regiones apartadas, después de una semana de ocurrido el terremoto, aún siguen llegando camiones llenos de diferentes tipos de ayudas aportadas por la ciudadanía. 

• En materia Organizacional

• Cooperación entre lo público y lo privado – Se debe reconocer que el Estado colombiano aún no está preparado para atender un desastre de la magnitud del causado por el terremoto del 10 de agosto de 2026, por lo cual la solidaridad del colombiano sacó a relucir que para la reconstrucción se requiere más que el esfuerzo estatal. La situación incentivó a que rápidamente se pactaran acuerdos entre el Ministerio de Vivienda, Bancos, Cajas de Compensación y constructoras privadas para iniciar planes articulados de subsidios, créditos y mejoramiento de vivienda para la recuperación de las familias damnificadas.

Particularmente, el Gobierno anunció que “la reconstrucción iniciará bajo el programa de la Vivienda Milagro, que en principio contempla la articulación con Camacol para identificar proyectos de Vivienda de Interés Social que se encuentren terminados, disponibles y en condiciones de entrega inmediata en las zonas afectadas o en áreas que permitan atender a las familias damnificadas”. De igual manera señaló que “en materia de mejoramientos de vivienda, se priorizarán las casas que, de acuerdo con el diagnóstico técnico, presenten daños reparables y puedan recuperar condiciones adecuadas de habitabilidad y seguridad mediante intervención”. Acciones que el Gobierno ha denominado “Plan Milagro de Reconstrucción”.

• Medidas transitorias del Mintrabajo – El Ministerio del Trabajo, como una medida de solidaridad con la población afectada, emitió la Circular 0096 del 13 de agosto del 2026 solicitando a las empresas adelantar la prima de diciembre y aplicar medidas excepcionales para los trabajadores afectados por el terremoto del 10 de agosto, como medida para preservar el empleo y los ingresos en medio de la situación de desastre nacional. Igualmente, dictó diversas medidas entre las que se incluye la prohibición de laborar en edificaciones inseguras, la flexibilización de horarios y el impulso obligatorio del trabajo en casa. Esto demuestra que Colombia no tiene un esquema organizacional de las empresas colombianas, que aún carecía de planes de contingencia autónomos ante situaciones de desastres. 
• Comportamiento del sector asegurador – Uno de los grandes interrogantes que deja este terremoto se relaciona con los aspectos corporativos y jurídicos sobre las pólizas de seguro de las propiedades horizontales, que ha obligado a las organizaciones y administradores de edificaciones a revisar en detalle las coberturas reales que encierran estos mecanismos de mitigación ante eventos naturales de gran magnitud como el terremoto del pasado 10 de agosto.
• Reacción de ASCUN – La Asociación Colombiana de Universidades, a través de la dirección nacional y cada de las instituciones universitarias asociadas han reaccionado positivamente manifestando el apoyo y ayuda al Gobierno nacional no solo en la emergencia sino también para las etapas de rehabilitación y reconstrucción a mediano y largo plazo, para lo cual este organismo institucional ha activado el Plan de Manejo Operativo (PMO). Así mismo, las diversas universidades públicas y privadas a nivel nacional y regional se han contactado con los autoridades departamentales y municipales en los territorios afectados, poniendo a disposición sus capacidades científicas, técnicas y operativas para actuar, en coordinación con los organismos nacionales, regionales y municipales, en todas las etapas de la gestión del riesgo post-desastre.    

• En materia de planificación territorial

En materia de la planeación y el ordenamiento territorial, el desastre por el terremoto del 10 de agosto sacó a relucir graves vacíos en el ordenamiento territorial colombiano, regulado por la Ley 388 de 1997, fallando incluso el principio de descentralización contemplado en la Ley 1454 de 2011, mediante el cual se garantizaría que la Nación distribuiría competencias y trasladaría poder de decisión de los órganos centrales del Estado hacia el nivel territorial. Así mismo, se evidencia que los planes de desarrollo y de planificación territorial locales ignoran la amenaza real al permitir la informalidad constructiva, mostrar desinterés en la gestión para el uso apropiado del suelo rural y urbano, y el no control en la actualización de los instrumentos de planificación. En este sentido, el desastres desnuda aspectos críticos como:

• Informalidad constructiva y autoconstrucción masiva – en la mayoría de los municipios de cada uno de los departamentos afectados se destaca que un gran porcentaje de sus viviendas se construyen sin que sus diseños sean realizados por ingenieros, y sin el requisito de las licencias de construcción, reflejándose la incapacidad de fiscalización de los organismos locales.

• Selectividad indeseada para los estudios de microzonificación sísmica – De acuerdo con el Decreto 926 de 2010, Reglamento Colombiano de Construcción Sismorresistente NSR-10, los municipios con menos de 100.000 habitantes están desamparados en torno al conocimiento que deben tener sobre la respuesta sísmica local de sus suelos.  Esto por cuanto, según la norma, estos entes territoriales no están obligados a realizar estudios de microzonificación sísmica, que tienen como fin definir parámetros de diseño constructivo y restringir la construcción para edificaciones respecto a la amplificación de las ondas sísmicas por efecto de los suelos subyacentes. 

Estrictamente, la norma señala que los estudios de microzonificación sísmica deben ser realizados por capitales de departamento y ciudades con más de 100.000 habitantes, localizadas en zonas de amenaza sísmica intermedia y alta, y deberán ser armonizados con los instrumentos de planificación para el ordenamiento territorial. Así mismo, el Decreto 1807 de 2014 (compilado en el Decreto 1077 de 2015), que establece los contenidos técnicos básicos que se deben desarrollar por parte de los municipios para garantizar que en todos los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) del país se incorporen los asuntos relacionados con la gestión del riesgo, hace referencia de manera directa solo a fenómenos de movimientos en masa, inundación y avenida torrencial. Esto evidencia un vacío enorme y una selectividad inadecuada en materia de la gestión integral del riesgo por cuanto hay muchos municipios y ciudades con población menor a 100.000 habitantes que están expuestos a una amenaza sísmica alta pero legalmente no están obligadas a realizar los estudios de respuesta sísmica local pertinentes para contribuir a la seguridad, el bienestar, proteger la vida de las personas y sus bienes, como lo promulga la Ley 1523 de 2012.

• Desfase territorial en la norma sismo-resistente – El Reglamento Colombiano de Construcción Sismorresistente NSR-10 define los niveles de amenaza sísmica (Alto, Medio y Bajo) e impone los parámetros para el diseño sismorresistente de las edificaciones en diferentes zona del país; al mismo tiempo, determina qué entes territoriales deben realizar el respectivo estudio de microzonificación sísmica, que el Concejo municipal debería adoptar mediante un Acuerdo, para poder ser incorporado apropiadamente en el plan de ordenamiento territorial, y con el cual se proyectarían las nuevas construcciones en el territorio. Sin embargo, dicho estudio que, por lo general, arroja parámetros de diseño más altos que el estudio de nivel nacional (NSR-10), al no surtir tal procedimiento político y administrativo, no sería una imposición legal para que las constructoras ejecutasen los proyectos de vivienda, que podrían estar siendo desarrollados con parámetros de diseño menores a los definidos en los estudios de respuesta local (microzonificación sísmica), dejando las nuevas construcciones en posibles condiciones de vulnerabilidad sísmica. De ser así, la misma norma NSR-10 los estaría amparando puesto que se trata de una ley de carácter nacional. Este podría ser el caso, por ejemplo, en ciudades como Cali y Manizales.
• Desatención a poblaciones menores y rurales – La tragedia nos dejó evidenciar como el Estado, en aplicación de los planes de recuperación tras la emergencia, tienden a priorizar los cascos urbanos, dejando expuestos los acueductos veredales, las vías terciarias y la infraestructura productiva del campo; aún no se conoce con exactitud la magnitud de las efectos en este tipo de poblaciones.