3.1. La gestión académica

En la década de los 90 se adelantó un ambicioso proceso de reforma curricular con el fin de concretar la idea de la formación integral. Sin embargo, pese a la rectitud de los propósitos, no se aplicó de manera adecuada desde el punto de vista de los medios. No se hizo una evaluación de costos, de los impactos financieros de la misma o de la forma como esta reforma afectaba la estructura de la organización académica de la universidad. En el año 1998 se inició en la Universidad del Valle un proceso de revisión de las políticas académicas plasmadas en el Acuerdo 001 de 1993 del Consejo Superior, con el fin de redefinir sus fundamentos, estrategias y desarrollos programáticos.

Este proceso llevó a la promulgación del Acuerdo 009 de Mayo 26 de 2000, por el cual se establecieron las políticas, las normas y las instancias para la definición y reforma de los programas de formación de pregrado de la Universidad del Valle y se reformó el Acuerdo 001 de 1993, el Artículo 4 de la Resolución 052 de 1998 del Consejo Superior y los Artículos 8, 9, 10 y 11 de la Resolución 125 de 1998 del Consejo Superior.

El proceso de reforma curricular de la década de los 90 quedó plasmado en el Acuerdo 001 de 1993, con el fin de concretar el ideal de la formación integral. Sin embargo, como se señalo antes, no se implementó de manera adecuada, no se hizo una evaluación de costos, de los impactos financieros de la misma o de la forma como esta reforma afectaba la estructura académica de la universidad.

En la década en curso se han rectificado parcialmente tales errores pero aún no existe una redefinición de política que permita que, con claridad, se subraye el propósito de la formación integral. El Acuerdo 009 de 2000 fue una respuesta a las nuevas circunstancias y a los retos de cambio y renovación profundos que se planteaban en la Universidad en esos momentos. Pero adicionalmente pretendía corregir algunos de los aspectos más críticos del Acuerdo 001 a saber, debilitamiento de los núcleos de formación profesional al privilegiar el principio de flexibilidad sobre criterios de pertinencia y racionalidad, dispersión del currículo a través de una amplia electividad, currículos recargados como consecuencia de la búsqueda de la flexibilidad y formación integral a través de componentes rígidos. El Acuerdo 001 suponía estudiantes maduros para seleccionar y construir sus programas de formación, al no cumplirse esta premisa, aumentó el número de años de permanencia de los estudiantes en la Universidad.

El Acuerdo 009 nació bajo principios orientadores centrados en la excelencia, la calidad, la pertinencia y la equidad. La pertinencia se entendió como la correspondencia entre lo que la Universidad realiza y las necesidades del desarrollo científico, técnico, económico, social, cultural y político, derivadas de las coyunturas y fases históricas de la evolución general de la sociedad. Como institución que utiliza recursos públicos, para hacer vigente el derecho a la educación superior, debía operar bajo rigurosos criterios de transparencia y sobretodo de equidad en la oferta de oportunidades educativas para los jóvenes de nuestra región. Estos principios debían expresarse y materializarse en el diseño y desarrollo de los programas de formación: sus perfiles profesionales, los objetivos, la fundamentación conceptual y metodológica, pero igualmente en los procesos docentes, las estrategias pedagógicas y la gestión académica. El nuevo acuerdo además de asumir el trabajo pedagógico específico desde los diferentes campos del saber, las profesiones y disciplinas, asumió algunos propósitos de carácter general resaltados en los debates sobre la educación en el mundo resumidos a continuación:

1. Aprender a Aprender o Aprender a Conocer
2. Aprender a Hacer. Una extensión de este principio es “Aprender a Emprender”.
3. Aprender a Ser.
4. Aprender a Convivir.

Estos principios que se ubican en el plano propiamente pedagógico en tanto están referidos a los procesos de enseñanza aprendizaje, con un fuerte acento sobre el papel del estudiante en su propio aprendizaje, debían penetrar también el diseño y la concepción del currículo, la práctica docente y el proceso formativo en su conjunto.

La formación integral se constituyó en un referente orientador del currículo en los cambios que se introdujeron en las políticas académico curriculares del año 2000. La formación integral se asumió como el ideal de formar en todas las dimensiones al estudiante, como profesional, ciudadano, persona, intelectual y por lo tanto como sujeto de conocimiento, de acción, de pasiones, lúdico, estético y moral. Esto implicaba el ofrecimiento de diversas alternativas de aprendizaje, de experimentación y de vida en la Universidad. Otros ejes fundamentales en las nuevas políticas fueron: Una sólida formación básica como propósito principal y eje del currículo y La racionalidad y pertinencia del currículo y el modelo formativo.

Con la reforma del 2000 se han rectificado parcialmente algunos de los errores del pasado pero aún no existe una redefinición de política que permita que, con claridad, se subraye el propósito de la formación integral Diversos analistas han mostrado que ésta no es resultado de una mera agregación de asignaturas ni de la oferta de electivas o trabajos extracurriculares por parte de los estudiantes. Se trata de una filosofía mucho más compleja que incluye tanto los aspectos curriculares formales como los del denominado currículo “oculto” y que, igualmente, tiene que reflejarse en el trabajo de interacción de los docentes con los estudiantes, en las metodologías innovativas de enseñanza-aprendizaje, en la incorporación de tecnologías virtuales, en la plena incorporación de los modelos de definición de los currículos en función de los créditos, etc.

El Ministerio de Educación Nacional expidió el Decreto 2566 del 10 de septiembre de 2003, ya mencionado en el entorno académico nacional, donde se establecen las condiciones mínimas de calidad para los programas dando énfasis en la formación investigativa, la proyección social, los aspectos curriculares, la selección y evaluación de estudiantes, el personal académico, los medios educativos, la infraestructura, la estructura académico administrativa, la autoevaluación, las políticas y estrategias de seguimiento a egresados, el bienestar universitario, los recursos financieros, entre otros. Contempla además, la regulación de los créditos académicos, del registro calificado de programas, del funcionamiento de programas en lugares diferentes al domicilio principal, del proceso de evaluación, de las instituciones y programas acreditados de alta calidad, de la inspección y vigilancia de los programas académicos de educación superior, y del régimen de transición.

Este Decreto conlleva necesariamente a la revisión y posible redefinición de las políticas y normativa académica de la Universidad, en lo que respecta a la concepción de créditos académicos en términos de las competencias que debe adquirir el estudiante y su efecto en un modelo de formación, basado en pedagogías intensivas que reducen la presencialidad e implican mayor compromiso del estudiante en su aprendizaje. En este contexto el profesor lidera el proceso manteniéndose al día en los avances de su respectiva disciplina, investiga, publica y comparte con colegas y alumnos sus resultados. Todo lo cual implica desarrollar una nueva pedagogía que logre formar a los alumnos en la capacidad de aprender a lo largo de la vida.