CORPUV N° 16

COMITE COORDINADOR DE LAS REPRESENTACIONES PROFESORALES DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE

Como lo advierte el profesor Alvaro Guzmán, en su columna, el nombramiento del Rector, Ivan Enrique Ramos Calderón, se guió por el Estatuto de la Universidad, pero, la estrechez del calendario, no permitió un debate en el estamento profesoral; además, agrega el profesor, “El Consejo Académico sacó de la lista de elegibles, a un candidato con un criterio que no era precisamente académico y el Gobernador, de manera equivocada, anunció públicamente su preferencia con bastante antelación a la reunión del Consejo Superior”. ^¹.

Igualmente, pensamos nosotros, no hubo debate en la comunidad universitaria; la consulta profesoral fue utilizada para eliminar un candidato y, en la posesión del Rector, el 9 de noviembre, el Gobernador saliente, doctor Angelino Garzón, con un tono ligero, entre confesional y amiguista, trató de justificar el equívoco, que oportunamente cuestionamos.^²

El Consejo Superior de la Universidad, por su parte, decidió acompañar el nombramiento del Rector, con la Resolución N° 051, en cuyo Artículo único se enuncian los criterios y prioridades que deberán orientar la labor del Rector durante el período 2007-2011 y, en su Parágrafo único, establece que : “El Rector presentará al Consejo Superior en el término de un mes un plan de acción para poner en marcha las directrices que aquí se determinan”.^³

Como el tiempo nuevamente apremia, queremos reiterar – para que sean tenidas en cuenta- las exigencias programáticas que formulamos, en el MANIFIESTO PROFESORAL, a quien fuera nombrado Rector de la Universidad.^⁴

Consideramos que se trata de retomar, con rigor, la continuidad del proceso de reinstitucionalización que ha dado innegables resultados positivos en superación de la crisis que estalló en 1998.
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<>2. “Desarrollo de más y mejores relaciones entre el profesorado y la Administración , con una comunicación más fluida entre ambos y un mejoramiento de servicios para el primero”.

<> En los logros académicos de la Universidad a lo largo de sus 62 años, pesa de manera significativa la labor perseverante de sus núcleos académicos y, en consecuencia, es imperativo que el estamento profesoral sea tenido en cuenta en las decisiones estratégicas de la Universidad. Igualmente que, en los procesos disciplinarios, se siga el debido proceso, sin mancillar la dignidad de los profesores.
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<>3. “Reforzamiento de un manejo racional y austero de los recursos de la Universidad…clara prioridad en lo misional y una administración al servicio de lo académico”.

La estabilidad financiera de la Universidad, depende básicamente de la vigencia del artículo 86 de la ley 30; de la creación del Fondo Pensional; del cumplimiento con los aportes de ley provenientes de la Gobernación y, por supuesto, de un manejo presupuestal austero y transparente de los recursos. Un equilibrio financiero que puede colapsar si no se obtienen los recursos adicionales, incorporados a la base presupuestal, para Regionalización, estimados en $12.000 millones, suma que no fue incluida en el Plan de Desarrollo y quedó pendiente para la vigencia 2008. Desde luego, es necesario lograr que la administración esté al servicio de la academia, para lo cual se requiere, entre otras cosas, una reforma de la estructura administrativa de la Universidad.

4. “Definición de la planta docente y administrativa….protegiéndola de la excesiva rotación por bajos salarios o falta de estímulos…”.

<>Se está programando la convocatoria para cubrir los cupos desiertos y reemplazar a quienes por algún motivo se han retirado. Está pendiente la convocatoria de los sesenta años y un análisis actualizado de la Planta frente al significativo aumento de la cobertura y los nuevos proyectos de investigación y extensión. En materia de estímulos , el Decreto 1279 está en proceso de ajuste y se requiere el apoyo institucional para mejorar el sistema de reconocimiento de méritos académicos a la carrera profesoral, en su conjunto, no solamente al salario de enganche.
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<>Estamos de acuerdo, salvo que se debe incluir, en la infraestructura, el mejoramiento de salones de clase, auditorios, biblioteca, laboratorios y otros espacios que pertenecen claramente al ámbito de la academia. Los recursos de Estampilla, que han aumentado de manera sustancial, deben garantizar el mejoramiento de la planta física y de los espacios académicos, con una administración eficiente y plena garantía de la calidad de las obras.
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6. “Apoyar el sistema de Regionalización, dando prioridad a la calidad académica frente a la cobertura geográfica y estudiantil y armonizar su desarrollo con el Programa de Centros Regionales de Educación (CERES) del Ministerio de Educación Nacional. Igualmente tomar las medidas necesarias para garantizar la sostenibilidad académica, administrativa y financiera de las sedes regionales, incluyendo alianzas con otras instituciones de educación superior.

En el año 2003, una comisión del Consejo Académico, hizo serios reparos a la creación de los CERES. En ese momento se manifestó que el interés de la comunidad, no es condición necesaria y suficiente para garantizar una oferta educativa de calidad, la cual debe ser definida por las unidades académicas. Ahora, vale reafirmar, que no se trata de ser o no ser sensibles ante las necesidades de la población, ni de aprovechar -sin más- una propuesta económica; ni de buscar una nivelación por lo bajo, que pone en alto riesgo el sentido integral de la formación universitaria. Los objetivos de: ..” ampliar la cobertura… ofrecer educación superior a comunidades donde el acceso es difícil.. contribuir a la equidad al llegar a la población vulnerable…con una oferta a bajo costo”^⁵, son objetivos encomiables, pero no a expensas de la calidad y sin establecer una clara diferenciación con el sistema de Regionalización, más aún si se tiene en cuenta que la Ministra de Educación ha declarado que no hay presupuesto para las seccionales, solamente para los CERES. La meta para el 2008 de llegar a 5.486 estudiantes, entre los distintos CERES de la Región, de los cuales 1560 serían de la Universidad del Valle, requiere una consulta a cada una de las unidades académicas, para definir la naturaleza específica de la oferta académica.

Ante todo, insistimos en la necesidad de una definición en las instancias colegiadas, con participación de profesores y estudiantes, de un norte académico para la Universidad que preserve y potencie la excelencia que la ha caracterizado. Un debate abierto ante la comunidad universitaria que aclare la formación por competencias y las nuevas orientaciones curriculares, con plena autonomía, más allá de la simple adopción pasiva de los parámetro oficiales, resaltando que la pertinencia no es reducible al mercado, sino que corresponde a las relaciones entre el conocimiento, la universidad y la sociedad civil.

7. “Desarrollo de una política para fortalecer la gobernabilidad institucional con respeto por las reglas establecidas y con aplicación de los reglamentos disciplinarios cuando sean violados”.

Tal como lo hemos expresado en varias ocasiones, no se puede ocultar el malestar general con el estado de la planta física; la ingobernabilidad de la Universidad; el inadecuado uso del espacio público; el incumplimiento del calendario académico y la falta de garantías mínimas para el desarrollo de la actividad académica. Los enfrentamientos con la fuerza pública, el uso de capuchas y papas explosivas, los bloqueos y las intimidaciones, han sido sistemáticamente rechazados por la representación profesoral; en general, son métodos excluyentes que no corresponden a las legítimas acciones de la protesta social, ni a la necesaria movilización en defensa de la Universidad Pública.

Frente a los “tropeles” hemos intentado intervenir para mitigar sus graves y peligrosos efectos, que llenan de zozobra e intimidación a una comunidad inerme de profesores, estudiantes, directivos, empleados y trabajadores, pero nos hemos sentido impotentes ante la prepotencia de sus actores. Son métodos que seguiremos cuestionando, lo mismo que otras acciones que no corresponden al ethos universitario; pero es necesario que se precisen los niveles de decisión en función de las normas, las responsabilidades y jerarquías de la Administración de la Universidad, para construir estrategias participativas de toda la comunidad universitaria, partiendo por reconocer que se trata de un problema complejo que envuelve un agregado factores externos e internos, entre ellos, los asesinatos y violaciones a los derechos humanos con los cuales nuestra Universidad aporta una dolorosa cuota a la crisis humanitaria que se vive en buena parte del las universidades públicas y privadas, del país.