CORPUV INFORMA N° 07/2009

COMITÉ COORDINADOR DE LAS REPRESENTACIONES PROFESORALES DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE 

ALERTA FRENTE AL CLIMA DE INCERTIDUMBRE Y ARBITRARIEDAD EN LA UNIVERSIDAD

La Asamblea General de profesores, convocada por Corpuv el lunes 18 en las horas de la tarde, fue suspendida por la orden de desalojo ocasionada por el tropel de los “encapuchados” en los alrededores de la Universidad y se continuó el martes, en las horas de la mañana,  bajo la modalidad de Conversatorio.

En los informes y las intervenciones de los asistentes se hizo referencia a los temas sugeridos en la Convocatoria inicial: Situación actual de la Universidad, Oficina de Control Disciplinario y anualización de programas.  

En el análisis de la situación actual de la Universidad se destacó la preocupación sobre el problema financiero, originado en el incumplimiento de la Gobernación con sus obligaciones, por una suma que asciende a $14.545 millones, según el Comunicado del Consejo Superior del 15 de mayo en el cual se anuncia, entre otras gestiones: Acción de Cumplimiento, medidas encaminadas a generar nuevas fuentes de ingreso y racionalización de los gastos. Una racionalización de gastos, sin brindar información precisa acerca del estado actual de las finanzas de la Universidad, a pesar de las reiteradas peticiones verbales y escritas de Corpuv, no permite evaluar su impacto y pertinencia, pero deja entrever serias implicaciones académicas, algunas incoherencias y ninguna alusión a medidas de austeridad administrativa y aplanamiento de la frondosa estructura de la Vicerrectoría Administrativa cuyos costos equivalen a los de dos grandes Facultades de la Universidad, hecho que pone de relieve la excesiva preponderancia de la administración sobre la academia.

Por lo demás, el Comunicado del Consejo Superior, deja más de un interrogante sobre el origen de las iniciativas en cuanto a si se trata propuestas de la Administración Central al Consejo o de recomendaciones del Consejo a la Administración, como se enuncia en el primer párrafo.

En el listado de acciones de racionalización de los gastos figura la conversión de sedes Regionales a Seccionales, con aportes de los municipios, sin mencionar siquiera la necesidad de aumentar la base presupuestal de la Universidad en una cifra estimada en $12.000 millones del año 2006 o en $20.000 millones del año 2009, si se tiene en cuenta la totalidad los requerimientos en recursos humanos y físicos de la seccionales.

En cuanto a la Oficina de Control Disciplinario Interno fue leída la carta del Rector a la Presidenta de Corpuv, en la cual anuncia el cambio del profesor Edilberto Montaño, sin explicar las razones que lo llevaron a decidirlo, a pesar de que en todos los casos ratificó sus fallos de primera instancia, sin tener en cuenta las observaciones de la Comisión de Personal Docente, ni de Corpuv, tal como está consignado en la normatividad interna de la Universidad, para garantizar el debido proceso y el ejercicio de la legítima defensa del profesorado. De ninguna manera, como lo enuncia el Rector: ”De esta manera , actualmente tanto la Comisión de Personal Docente, creada por la Universidad, como Corpuv, tienen oportunidad de conocer y conceptuar durante el desarrollo del proceso. Estas intervenciones tienen un carácter consultivo para el fallador, quien asume por completo la responsabilidad de su decisión” ¹. Es, sin duda, el párrafo más desafortunado e inaceptable de la Carta, en el que reitera su desconocimiento a la representación institucional del profesorado y minimiza el espacio académico de la Comisión de personal Docente, desvirtuando completamente sus funciones. Ante todo pone de manifiesto su interpretación unilateral y sesgada del Acuerdo del Consejo Superior, elaborado con la participación, de la representación profesoral, en una comisión en la que participó de manera permanente la Dirección jurídica de la Universidad y el entonces Vicerrector de Bienestar Universitario, una normatividad interna aprobada por la máxima autoridad de la Universidad, que busca armonizar la ley general, con la autonomía universitaria, pero que, como lo demuestran los casos de los profesores castigados, no se entiende o simplemente se viola con las decisiones del Director de la Oficina que se ratifican por parte del Rector, con un espíritu punitivo y omisión total de la argumentación jurídica y académica de Corpuv, que está obligado a tener en cuenta, antes del fallo de segunda instancia, omisión agravada con la violación del Estatuto Profesoral que estableció en el Parágrafo del Artículo 79, del Acuerdo N° 006, del Consejo Superior, una pena máxima noventa (90) días hábiles, parágrafo que no ha sido modificado institucionalmente. En el caso más reciente del profesor Hector Jairo Martínez, la falta de seriedad administrativa llega a los límites de lo inverosímil con los cambios de fecha de la sanción a partir del 15 de mayo, inicialmente, del 1 de junio, posteriormente, para evitarle el desastre académico a los estudiantes, quienes son por completo ajenos al proceso contra el profesor.

El problema no es, desde luego, el de los cinco casos particulares, es un problema que, en el marco de una política de intimidación y arbitrariedad, atenta severamente contra la dignidad y los derechos de todo el gremio profesoral.  No se trata, desde luego, de defender casos indefendibles o presionar acciones por fuera de la ley, solamente es imperativo velar por el cumplimiento de las normas internas de la Universidad, ejerciendo derechos democráticos, claros, transparentes y reales.  No por la vía de la simulación de la democracia o para servir de asesores de la Administración Central. Los representantes profesorales tienen la obligación de defender al profesorado de todo tipo de arbitrariedades. Entre otras muchas razones porque, como lúcidamente lo expresan los profesores del Departamento de Matemáticas al Rector: -*“No somos abogados. No acostumbramos a hacer consultas jurídicas para tomar decisiones académicas…..”^2.

Lo mas contradictorio es que al aludir a los logros en Investigación, publicaciones, resultados en los Ecaes y aumento de cobertura, entre otros indicadores que colocan a la Universidad en un sitial de honor en el contexto nacional e internacional, se minimiza el hecho de que dependen del trabajo del profesorado, pero, en vez de hacer un claro reconocimiento a su esforzada y meritoria labor, se recurre a métodos autoritarios, verticales e inconsultos, para castigarlos, marchitando la dimensión académica de la Universidad, como lo evidencian : a) Las drásticas sanciones impuestas; b) los intentos de modificar la Resolución 022, con objetivos fiscalistas, sin reparar en sus negativas implicaciones académicas y desestimando las observaciones críticas del profesorado; c) el recorte a los recursos de las Facultades e Institutos; d) la imposición de un código de ética plagiado en un 48% de la Universidad Distrital y 25% del Manual de del MECI; e) imponer, de manera inconsulta y sin la debida sustentación en el Consejo Académico, la anualización de programas ; f) negar la necesidad de un acto administrativo institucional, del Consejo Académico, para reglamentar el programa de la Alcaldía para el ingreso de 1500 bachilleres; g) el sometimiento al querer de la Gobernación al aceptar que se le pague a la Universidad con un crédito, a nombre de la misma, sin el respaldo de la firma del Gobernador; h) la carencia de medidas de control sobre las buenas prácticas en la elaboración y manipulación de alimentos a las ventas ambulantes que proliferan en la Universidad; i) El manejo difuso del proyecto de creación del sistema de posgrados ; j) las maniobras para llevar al Consejo Superior el proyecto de vinculación de los semilleros docentes, sin la aprobación del Consejo Académico; k) El trato dilatorio a los ajustes a la Resolución 115, dejando en el vacío institucional el calculo del salario de los profesores, con base en un supuesto concepto jurídico, que no tiene carácter vinculante para el Rector; l) el desconocimiento a la labor de la Comisión de seguimiento de las obras con recursos de Estampilla y el aplazamiento indefinido de la construcción de los Aularios que reclama el desarrollo de las actividades académicas desde hace varios años.

Todo lo anterior, supuestamente, en el marco del Plan de Desarrollo 2005-2015 que permanentemente se deja de lado como lo muestra la incoherencia entre lo presupuestado y lo ejecutado, por una parte, y por otra, cuando se limitan a acudir a la figura de Banco de Proyectos, que resultan de las unidades académicas, pero se dan de baja, sin ninguna explicación.

No se trata, por lo visto, de errores y ensayos, de la Administración que eventualmente pueden corregirse; se trata más bien de una política de improvisación y desconfianza contra el profesorado, de primacía de la carrera administrativa sobre la académica, con evidentes resultados fallidos en la gestión, por parte de quienes orientan los destinos de la Universidad, después de trasegar por todos los niveles, desde la dirección de programas, hasta las Vicerrectorías o incluso la Rectoría.  

Internamente, los profesores somos tratados como el eslabón más frágil de la comunidad universitaria, problema que convoca a la más amplia solidaridad con las personas injustamente sancionadas, como símbolo unidad, conciencia gremial y compromiso con los elevados ideales de excelencia académica de nuestra Universidad. La crítica sustentada de Corpuv a las medidas draconianas e improvisadas de la Administración debe ser acompañada de acciones concretas, en un escenario en el que lamentablemente el diálogo argumentado no vale, sino el lenguaje de las acciones y los hechos. Y, para mejorar la comunicación de Corpuv con los profesores, tener acceso a los documentos y establecer un diálogo permanente, es necesario el uso inteligente de las herramientas de Internet, ya sea como página WEB o un Blog. 

Finalmente, en la Asamblea y el Conversatorio se planteó:

1. Acoger las acciones y exigencias contenidas en los comunicados del Claustro de Profesores de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas.³

2. Exigir al Rector la inmediata derogatoria del Código de ética.

3. Solicitar al Rector explicar las razones que justificaron el cambio del Jefe de la Oficina de Control Disciplinario, que la Asamblea comparte, pero no entiende en la medida en que el siempre secundó sus decisiones y sus procedimientos.

4. Con base en el Derecho a la Información y el deber de los funcionarios públicos de brindarla, insistir en la necesidad de entregar a Corpuv la emisión de informes detallados sobre la situación financiera que den cuenta de los rubros de la Administración Central y de las unidades académicas, incluyendo lo relacionado con el Servicio de Salud y el Fondo Pensional, señalando los rubros específicos que la comunidad universitaria debe coadyuvar .

5. Requerir el estudio de la oferta académica, con base en un estudio serio y riguroso de sus implicaciones académicas internas y de la ubicación de la Universidad del Valle en el contexto de las demandas e educación superior pública de la ciudad y la región.

6. Reorganización de la actividad que desarrolla la Oficina de Control Disciplinario, con el compromiso expreso y la obligatoriedad de acatar la normatividad interna. Revisar los procesos en curso y fijar la responsabilidad por los excesos de los funcionarios en el ejercicio de sus funciones.

En seguimiento de los planteamientos formulados por el profesorado en la Asamblea y el Conversatorio, CORPUV asume su compromiso con el desarrollo de las exigencias planteadas.

Sus comentarios envíelos a corpuv@univalle.edu.co

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