Colombia, un país bañado por ríos, quebradas y lluvias, aún tiene sed en su corazón rural. Este preciado líquido es mucho más que un recurso natural: es motor de vida y pilar del desarrollo social. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas ha sido enfático al señalar que el acceso al agua no es solo una necesidad básica, sino un derecho humano esencial para vivir con dignidad y garantizar otros derechos fundamentales. En Colombia, esta afirmación resuena con especial urgencia.
A pesar de ser una de las naciones más ricas en recursos hídricos del mundo, las cifras revelan un rostro distinto: en 2023, el Ministerio de Vivienda reportó que 3,2 millones de personas en zonas rurales —una cuarta parte del país— no tienen acceso a agua potable. En cuanto al saneamiento básico, cerca de 1,5 millones de personas hacen sus necesidades fisiológicas al aire libre, y solo se trata el 52 % de las aguas residuales. Aunque la Constitución de 1991 consagró el acceso a los servicios públicos como un derecho, en muchos rincones del país este sigue siendo un privilegio.
Frente a esta paradoja hídrica, el Instituto CINARA de la Universidad del Valle, en alianza con la organización Aquacol, desarrolló una estrategia que conjuga saberes comunitarios con herramientas digitales. De este esfuerzo nació Nuestra Agua, un sistema de información diseñado desde y para las comunidades rurales, que utiliza Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), así como herramientas propias de los sistemas de información geográfica, para fortalecer la gestión colectiva del agua.
Actualmente, el sistema opera en cuatro acueductos comunitarios del suroccidente colombiano: Acuabuitrera, en el corregimiento La Buitrera de Cali; ASAVLASI, en la vereda La Sirena, también en Cali; Acueducto de Mondomo, en el corregimiento de Mondomo, municipio de Santander de Quilichao (Cauca); y Acuasur, en el municipio de Jamundí (Valle del Cauca).
“Trabajamos situando el agua como eje fundamental de la sociedad, no solo por lo que representa en términos biofísicos, sino también políticos, económicos y culturales”, afirma Federico Pinzón, profesor e investigador adscrito a CINARA.
Lejos de ser un lujo, el uso de las TIC se convierte en una herramienta clave para transformar vidas. Nuestra Agua permite registrar, almacenar y compartir datos fundamentales como el estado de la red, la calidad del agua o los cambios en el entorno natural. Es, en palabras sencillas, una especie de “Waze del agua rural”: cada dato registrado alimenta un mapa vivo del territorio. Esta información, al estar sistematizada y disponible, posibilita a las comunidades identificar riesgos, localizar infraestructuras comprometidas, activar respuestas colectivas y tomar decisiones frente a eventuales afectaciones causadas por obras externas.
“Cada acueducto cuenta con su propio usuario y contraseña, lo que le da acceso individualizado a su sistema de información. Esta herramienta permite visualizar y gestionar datos propios, fortaleciendo la toma de decisiones de manera autónoma y contextualizada en cada territorio. Así, se responde a las particularidades de la gestión del agua en cada comunidad, se promueve la gobernanza y se potencia la capacidad organizativa de las comunidades”, explica Jorge Luis Amaya Domínguez, presidente de Aquacol desde hace tres años.
En zonas donde la conectividad, la electricidad o la cobertura móvil son intermitentes, esta iniciativa, en principio, podría parecer imposible. CINARA demostró que la tecnología no necesita imponerse: puede adaptarse al ritmo de las zonas rurales y convertirse en una aliada si nace de las necesidades de la comunidad. A través de metodologías como la investigación acción participativa y la ciencia ciudadana, fueron los habitantes de los territorios quienes diseñaron sus sistemas de información.
Gracias al trabajo colaborativo entre la academia y la comunidad, el sistema abre la puerta a que, si un operario detecta turbiedad en el agua o identifica señales de deforestación en la cuenca, pueda registrar una alerta en tiempo real. Pero su valor no radica solo en los aspectos técnicos: también funciona como un escudo para proteger el territorio. Si una obra daña una tubería, el sistema ofrece pruebas; si un proyecto urbanístico amenaza un nacimiento de agua, proporciona evidencia para sustentar la oposición. La información deja de ser un privilegio de expertos o funcionarios y se convierte en una herramienta de lucha, dignidad y autonomía.
“El sistema, que inicialmente fue pensado como un catastro técnico para mejorar la toma de decisiones en torno al agua potable, ha derivado en usos mucho más amplios y potentes. Hoy se utiliza como herramienta de resistencia frente a procesos de expansión urbana o en defensa del territorio”, explica Federico Pinzón.
La lógica detrás de esta herramienta es tan sencilla como poderosa: si el Estado no diseña soluciones para las realidades rurales, ¿por qué no hacerlo desde las propias comunidades? Lejos de reemplazar el conocimiento comunitario, esta tecnología lo organiza, lo protege y lo amplifica.
El monitoreo del agua en Colombia no es un asunto técnico menor: es una problemática estructural de altísima complejidad que atraviesa lo ambiental, lo político y lo empresarial. Las herramientas del Estado, muchas veces centralizadas y desconectadas del territorio, no han logrado responder con eficacia a esta urgencia. En ese vacío, iniciativas como Nuestra Agua cumplen un papel vital.
En Colombia, la calidad del agua para consumo humano se evalúa según los lineamientos de la Resolución 2115 de 2007, que establece el Índice de Riesgo de Calidad del Agua (IRCA). Sin embargo, en muchos acueductos rurales resulta difícil responder a este indicador. Según cifras de 2010, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) monitorea la calidad del agua en apenas 154 puntos de su red básica. Esta cobertura no alcanza siquiera el 30 % de las zonas hidrológicas del país, esto evidencia una cobertura insuficiente para un monitoreo efectivo.
Esa brecha técnica tiene efectos directos en la salud pública. De acuerdo con el Ministerio de Ambiente (2017), el 60 % del agua que llegaba a los hogares colombianos no está en condiciones óptimas de potabilización. Pero más allá del déficit operativo, el problema también es de confianza y legitimidad. En territorios donde operan grandes proyectos extractivos, como el Cerrejón en La Guajira, el monitoreo lo realizan consultoras privadas contratadas por las propias empresas. Esto ha generado una percepción generalizada de sesgo en la producción de conocimiento técnico, y una creciente desconfianza de las comunidades hacia las instituciones ambientales.
La fragilidad institucional es reconocida incluso por los organismos de control. En 2019, la Contraloría General de la República advirtió que ni la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) ni las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) cuentan con la capacidad administrativa suficiente para ejercer un control ambiental riguroso. En este escenario, la emergencia de herramientas comunitarias como Nuestra Agua no solo responde a una necesidad técnica: es también una apuesta política frente a un modelo de control ambiental que, lejos de garantizar derechos, reproduce desigualdades.
“Este logro no puede atribuirse a una sola persona ni a un esfuerzo aislado. Desde el nacimiento de CINARA, hace más de 30 años, uno de los principales objetivos ha sido fortalecer la gestión comunitaria del agua. En 2006, el Instituto CINARA, bajo el liderazgo de la profesora Mariela García, logró promover espacios de diálogo entre los acueductos comunitarios y la Superintendencia de Servicios Públicos. El objetivo era claro: fortalecer las capacidades locales y mejorar las plataformas existentes para que las comunidades pudieran contar con su propio sistema de información. Desde entonces han surgido varios intentos por desarrollar un sistema de información para las comunidades rurales”, dice Pinzón.
En lugares como Acuasur, donde antes se registraban múltiples variables por hora en cuadernos fáciles de extraviar, hoy el respaldo de la información en la nube se presenta como una posibilidad concreta. Una revolución de lo cotidiano. Y con ello, se abre también un nuevo horizonte en el rol de las comunidades: más allá de ser proveedoras de mano de obra o usuarias del recurso, ahora cuentan con una herramienta que no solo refuerza el papel histórico que han ejercido como defensoras ambientales, sino que amplía de forma significativa su capacidad de acción.
Lo que hoy se conoce como el sistema de información comunitario es el resultado de casi veinte años de trabajo colectivo, sostenido y profundamente comprometido con la autonomía de los territorios. Las comunidades no solo se apropiaron de la herramienta, sino que la integraron a sus dinámicas organizativas, celebrándola y asumiendo su gestión de forma autónoma.
Para el Instituto CINARA, este proceso representa una forma distinta de hacer investigación, que responde a las necesidades reales de los territorios, reconoce el valor de los conocimientos locales y se compromete con la transformación social. En contextos donde los derechos básicos se convierten en un privilegio, contar con datos propios y sistematizados no es solo una mejora técnica: es una apuesta política por democratizar la información, fortalecer la gobernanza comunitaria y transformar la forma en que se habita y se protege el territorio.

Por: Carol Tatiana Cadena Banguera