El gobierno nacional divide las soluciones de vivienda en tres segmentos principales: la vivienda de interés prioritario, la vivienda de interés social, VIS, y la vivienda no VIS. La oferta de vivienda de interés prioritario se encuentra en la situación más crítica, pues, aunque es el sector de mayor demanda, no existe posibilidad de desarrollar proyectos ni en las áreas de expansión ni en los territorios de suelo urbano.

La oferta de este tipo de vivienda es casi nula en la ciudad. La población de bajos recursos tiene un difícil acceso al sistema financiero, pues su capacidad adquisitiva y de ahorro es baja, incluso, a pesar de que existen subsidios nacionales muy altos para este sector, la gente no alcanza a hacer un acuerdo financiero que le permita acceder a una vivienda digna.

El valor del suelo urbano en Cali tampoco representa un incentivo para que la iniciativa privada se dedique a fomentar y desarrollar proyectos exclusivos de vivienda de interés prioritario. Los pocos apartamentos o viviendas de este tipo que se venden en la ciudad se encuentran en los quintos pisos de proyectos de vivienda de interés social que no tienen ascensor y se venden como vivienda de interés prioritario porque de esta manera las empresas aseguran estos tengan salida en el mercado.

Los barrios donde se genera este tipo de oferta de vivienda tienen condiciones precarias y al no existir una solución formal, la respuesta es una informalidad latente y creciente.

Estas son algunas de las reflexiones compartidas por Jaime Andrés Gómez, arquitecto y especialista en gestión pública, quien se desempeñó hasta el año anterior como subsecretario de Gestión de Suelo y Oferta de Vivienda de la Alcaldía de Cali, durante el encuentro de investigadores ‘Vivienda, Dimensión Estructurante de la Ciudad y de la Sociedad’, que se llevó a cabo en la Ciudad Universitaria de Meléndez.

Gómez, quien es egresado de la Escuela de Arquitectura de la Universidad del Valle y colabora con el grupo docente del Taller de Vivienda Social de la misma y participó con su ponencia sobre ‘Territorio y hábitat, una mirada desde la política social y la gestión institucional’.

Gómez sostiene que en los sectores de Vivienda de interés Social, VIS, y No VIS en Cali sí existe una posibilidad de oferta de vivienda. En lo que respecta a los proyectos de vivienda VIS, aunque su demanda es alta y su oferta muy limitada, y a pesar de que la disponibilidad de suelo urbano rentable para este tipo de vivienda es menor en comparación con la de la vivienda No VIS, el sector tiene acceso al sistema financiero y se están desarrollando proyectos nuevos en áreas de expansión.

En el sector No VIS no hay déficit, hay superávit , hay una buena oferta de vivienda, acceso a posibilidades de crédito y empresas constructoras reconocidas con capacidad para desarrollar esos proyectos. Tanto el segmento VIS como el No VIS son formales, lo que permite que el Estado pueda hacer un seguimiento de estos proyectos.

En los resultados del análisis cualitativo de la vivienda, Santiago de Cali ha avanzado un poco más. En el 2017 se aprobó una política pública de mejoramiento integral del hábitat, que convirtió a Cali en pionera en el país en implementar este tipo de iniciativa a través de un acuerdo municipal. El objetivo fue hacer frente a la problemática de los asentamientos de desarrollo incompleto y las zonas de alto riesgo no mitigables, que en su mayoría están localizadas en el borde del río Cauca, al oriente de la ciudad, y en la zonas de piedemonte, en la parte occidental.

“El Plan jarillón de Cali es la política pública de mitigación de riesgo más importante que ha tenido la ciudad, con una inversión superior a 1.3 billones de pesos”, dice Gómez. Con el Plan Jarillón se aspira a re localizar asentamientos humanos de desarrollo incompleto. Según el arquitecto, son aproximadamente 8.877 familias las que se encuentran asentadas en el dique de protección del Río Cauca, en las lagunas del Pondaje y Charco Azul y en el dique de protección del Río Cali.

La política de mejoramiento integral del hábitat permite la incorporación de recursos públicos de distintas dependencias con el propósito de disminuir el déficit cualitativo, es decir, la deficiencia en el cumplimiento de los estándares mínimos que garanticen a las familias de estos barrios tener una vivienda digna, donde la vida familiar se encuentre protegida.

En el piedemonte de la ciudad la situación es aún más compleja, pues allí están concentrados los grandes problemas de vivienda de la ciudad, principalmente los que tienen que ver con la calidad y la disponibilidad de vivienda. El crecimiento de asentamientos de desarrollo humano incompleto de alto riesgo o en zonas de riesgo no mitigable es exponencial y ha derivado en la pérdida de vidas humanas, como la muerte de seis miembros de una familia en diciembre de 2016, cuya casa se derrumbó después de un fuerte aguacero, y de una pareja de ancianos que fueron arrastrados por una quebrada que se desbordó en abril del 2018.

En la zona de ladera es muy difícil la generación de proyectos de vivienda nueva. Según el arquitecto Jaime andrés Gómez, en el único predio que es posible desarrollar obras de este tipo en la comuna 20, porque no está urbanizado, se podrían establecer, como máximo, 100 unidades de vivienda.

Gómez también subrayó en la necesidad de caracterizar la demanda de vivienda en Cali, para así poder generar proyectos acordes a la necesidades de la población. También dijo que para que las investigaciones y propuestas en torno a la vivienda social en la ciudad tengan viabilidad se necesita ajustar el entorno político institucional, pues no existe gobernanza en la vivienda social y en el hábitat en Cali y todavía hay una precariedad en las herramientas de toma de decisiones.

“Necesitamos menos arquitectos de revista y más arquitectos para la vivienda social y el hábitat”, fue la frase con la que cerró su exposición “El territorio y el hábitat en Cali, una mirada desde la política social y la gestión institucional”.