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Miércoles, 02 Junio 2021
Agencia de Noticias Univalle

El Centro de Estudios Latinoamericano de la Unversidad de Cambridge, uno de los institutos académicos más prestigiosos del mundo y la London School of Economics en conjunto con la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Unviersidad del Valle, organizaron el 14 de mayo de 2021 la mesa redonda “Colombia ahora”, que reflexionó sobre lo que estaba aconteciendo en Colombia y en Cali a raíz de las protestas que se han extendido en todo el país desde el paro nacional del 28 de abril de 2021. En este evento, intervinieron, entre otros invitados, Luis Carlos Castillo, doctor en sociología política y profesor titular de la Universidad del Valle; Stephania Recalde, trabajadora social y estudiante de la Maestría en Sociología de la misma universidad; Austin Zerderman, antropólogo de la London School of Economics; Jorge Hernández Lara, sociólogo, profesor del departamento de ciencias sociales de la Universidad del Valle y  Jorge Pérez Jaramillo, arquitecto de la Universidad Pontificia Bolivariana.

A continuación, se mencionan los planteamientos más importantes que hicieron ambos ponentes.  

 “Arde la Sucursal del Cielo”. Luis Carlos Castillo Gómez

El 28 de abril de 2021, Colombia fue escenario de un paro nacional que convocó a miles de manifestantes en las principales ciudades del país y que se oponía al proyecto de reforma tributaria que el Congreso de la República discutía. Ante la crisis económica y social de grandes proporciones generada por el covid-19, la propuesta pretendía recaudar 23 billones de pesos, unos 6.300 millones de dólares. Aunque Colombia es el segundo país más desigual de América Latina después de Haití, con un Coeficiente de Gini de 0.544, indicador de la profunda desigualdad, la propuesta buscaba que buena parte de esos recursos proviniesen de los sectores medios de la población, que se han empobrecido como resultado de la pandemia, y de los asalariados, ampliando la base gravable para que un mayor número de personas declararan y pagaran renta.

Con reticencia el Presidente retiró el proyecto, pero las protestas no cesaron. Rápidamente, el país se incendió y como un reguero de pólvora las protestas se extendieron por todo el territorio nacional, las principales arterias del país y algunas de las capitales, como Bogotá y Cali, fueron bloqueadas.

Como resultado de este estallido social, se han presentado excesos de la fuerza pública, militarización de las ciudades, destrucción de la infraestructura, de los sistemas de transporte públicos y bienes privados, han perdido la vida 42 personas, la mayoría manifestantes, hay miles de heridos y un número indeterminado de desaparecidos.

Mientras el suministro de alimentos, combustibles y medicamentos se afecta y la gente ha comenzado a sufrir, el país enfrenta el tercer y peor pico de la pandemia. Con 83.233 fallecidos por covid-19, al 21 de mayo de 2021, según el centro de investigación sobre el coronavirus de la Universidad Johns Hopkins, Colombia se ubica como el cuarto país en el continente en el número de fallecidos por el virus, después de Estados Unidos, Brasil y México. Con un ritmo lento en el proceso de vacunación, al 21 de mayo de 2021, solo habían sido completamente inmunizadas 3 millones de personas, es decir, el 6% de los habitantes y el 8,7% de la población necesarias (35 millones) para obtener la inmunidad colectiva frente al covid-19 (El Tiempo, 21 de mayo de 2021, p. 1.6). Sin atinar a comprender las profundas y complejas causas del estallido social, el más amplio y masivo de que se tenga noticia en la historia contemporánea colombiana, por encima de las protestas de noviembre de 2019 y septiembre de 2020, del parco cívico nacional de 1977, de las manifestaciones de mayo de 1957 que concluyeron con la renuncia del general Rojas Pinilla y de su reemplazo por la junta militar de gobierno, incluso, de El Bogotazo del 9 de abril de 1948, el Gobierno y algunos dirigentes políticos de la coalición gubernamental, en especial los del Frente Democrático, ha atribuido el estallido a un complot de la delincuencia, a las disidencias de las Farc, a las milicias del ELN, al narcotráfico y a la injerencia de Venezuela y al principal dirigente de la oposición, Gustavo Petro. Aunque es cierto que las milicias son un actor del conflicto y creen que están en un momento insurreccional, enfatizar en una maquinación del vandalismo no deja de ser una explicación sociológicamente simplista.    

Todo lo anterior ha tenido como epicentro a la ciudad de Cali, conocida en el lenguaje popular como la Sucursal del Cielo y la Capital mundial de la salsa.

¿Por qué el estallido se ha concentrado en esta ciudad?

Cali es el centro de la región metropolitana más importante del sur occidente de Colombia. De acuerdo con el Censo de Población de 2018, tiene 2.228.000 habitantes y se caracteriza por una segregación racial espacial (Urrea y Barbary, 2002), que concentra en el oriente a 500.000 afrodescendientes, que contabilizados los del área metropolitana suman millón y medio, convirtiéndose así en una de las principales concentraciones de gente negra de América Latina. La ciudad es receptora de miles de migrantes iletrados provenientes de la región de la costa Pacífica -la pequeña África colombiana-y del sur del país, desplazados por el conflicto interno y que el sector formal de la economía no ha podido absorber, por lo que se han sumido en condiciones de pobreza y de miseria denigrantes de la condición humana. Recientemente, han llegado contingentes importantes de venezolanos que, huyendo de la crisis que atraviesa su país, llegan a Cali porque dicen que la gente es amable y los tratan bien.

Desde los años 1950, pero especialmente desde 1980, la ciudad ha sido uno de los principales centros del narcotráfico y donde surgió el tristemente célebre Cartel de Cali. Desmantelado en los años 1990, surgieron estructuras descentralizadas que controlan armas y el tráfico de drogas. Después de pasar por siete generaciones, los “nuevos” narcotraficantes se convirtieron en gatilleros, es decir, en bandas que resuelven sus desavenencias mediante el accionar de las armas y la muerte, fenómeno más conocido como el “ajuste de cuentas”, principal causa de las altas tasas de homicidios.   Ante la miseria y la exclusión, jóvenes de las grandes aglomeraciones poblacionales integran decenas de pandillas que más que ser grupos de delincuentes, como los medios de comunicación los muestran, son espacios de socialización y relación con sus pares, aunque integrantes de dichas pandillas para subsistir y comer se vinculan con el microtráfico de estupefaciente, el robo, e, incluso, el sicariato.

Cali es también el epicentro de la región donde existe el área cultivada de coca más grande del mundo. Por ejemplo, el número de hectáreas de esta planta saltó en el Pacífico colombiano de 18.437 en el 2005 a 60.437 en el 2019, acumulando el 40% de las hectáreas productivas a nivel nacional. Después del Acuerdo final para la terminación del conflicto y construcción de una paz estable y duradera del 2016, firmado entre el presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Farc, se ha presentado una disputa sangrienta entre grupos armados ilegales por el control del territorio, de las zonas cultivadas de coca y de las rutas del narcotráfico (Vanegas, Calderón y Vélez 2018).  A lo anterior se suma la debilidad de un Estado local ineficiente con prácticas de corrupción, que vienen de tiempo atrás y que desangran el presupuesto de inversión social.  

El 29 de abril de 2021, después de las grandes manifestaciones del día anterior, el Departamento Nacional de Estadísticas (Dane) informó que la pobreza monetaria en Colombia pasó del 35,7% de la población en el 2019, al 42,5%, en el 2020, un aumento brutal de 3,5 millones de personas arrojadas al infierno de la pobreza de un año a otro y 2,8 millones convertidos en miserables que no pueden generar los ingresos para comer. Con eso, el 2020 cerró con 21 millones de colombianos empobrecidos. Esto significa que subsisten con 87 dólares mensuales. Y lo peor, de esos 21 millones, más de tres millones no tiene con qué comer. Y mientras la pobreza y la miseria se enseñoreaba con la gente, la riqueza, como un lobo hambriento, se concentraba mucho más, puesto que el Coeficiente de Gini pasó de 0,526 en el 2019 a 0,544 en el 2020.

Estos datos se acentúan en la “Sucursal del Cielo”. La crisis económica ha afectado también a los sectores medios de la población que ven quebrados sus negocios, restaurantes y comercio. En el mes de enero de 2021, la tasa de desempleo en Colombia llegó al 25% y en Cali al 18,6%, las mayores tasas desde la Segunda Guerra Mundial. Pero en Cali el desempleo de ha ensañado con los jóvenes y las mujeres, en especial con los de pieles oscuras.

En la anterior descripción, que no gustará a muchos de los que añoran la “caleñidad” y la Cali cívica de los años 1960 y 1970, “cuando se hacía cola para tomar el bus y los hombres cedían el puesto a las mujeres”, están las causas estructurales en las que radica el estallido social en la “Capital Mundial de la Salsa”. Las condiciones extremas de exclusión, pobreza, miseria y desempleo, a lo que se suma un racismo difuso que produce segregación racial espacial, se entrecruzan para producir la ausencia de futuro de grandes contingentes de jóvenes caleños, que se hacinan en las grandes concentraciones poblacionales del oriente y de la zona de ladera del occidente, muchos de los cuales tienen que acudir a la delincuencia para sobrevivir.

 

Stephania Recalde - trabajadora social y feminista, estudiante de la Maestría en Sociología de la Universidad del Valle.

“La participación de las mujeres en el paro nacional”

Las mujeres han estado presentes en todas las manifestaciones del país que han sostenido la vida de los y las manifestantes a través de la recolección de ayudas en los puntos de concentración, en las ollas comunitarias, los puestos de salud donde se atienden los heridos, en la defensa de los derechos humanos, porque ellas participan en esos organismos y algunas de ellas también en primera línea, bloqueando las vías y en los enfrentamientos con la fuerza pública.

Las mujeres rurales también están presentes en el paro, mujeres indígenas, afro y campesinas que hacen parte de los procesos sociales y comunitarios que desde su experiencia también se han manifestado en sus propios territorios y en las carreteras. Ellas a su vez también se solidarizan con las madres que han perdido a sus hijos, desaparecidos, heridos, torturados o abusados.

Pese a esto no se puede desconocer que el Paro Nacional también tiene unos escenarios que se han representado a partir de allí, que siguen estando masculinizados, que si bien en las protestas se encuentran hombres  y mujeres por igual, los escenarios de la toma de decisiones y los puntos de primera línea tienen una presencia mayoritaria de los hombres. También existe un manto de expresiones patriarcales que sostienen estereotipos y violencia simbólica hacia las mujeres que estamos en esos espacios lo que dificulta la participación efectiva y la trasgresión de estos roles de cuidado que se han tenido históricamente.

 

Austin Zerderman – Antropólogo London School of Economics and Political Science

“Reflexiones sobre lo que se ve desde Londres”

Los eventos que han ocurrido desde el 28 de abril me hacen recordar que el acto de ejercer los derechos democráticos en Colombia no es algo sencillo, requiere fortaleza y coraje quizás no si uno puede aproximarse al sujeto político ideal, es decir, masculino, urbano, adinerado, educado, blanco, heterosexual pero esa estructuración colonial y patriarcal de lo político excluye a la inmensa mayoría de la gente. En Colombia, la agencia política de los demás siempre corre el riesgo de ser ignorada, descalificada, negada, perseguida o, como hemos visto últimamente, eliminada, extinguida, descalificada y desparecida.

Este fenómeno no pertenece solo a Colombia, Estados Unidos y Reino Unido también son otros casos y vale la pena reconocer que ha habido en los últimos años unos cambios, pero el orden fundamental no ha cambiado.

Jorge Hernández Lara– Sociólogo, profesor del departamento de ciencias sociales de Univalle Cidse. “Ineptitud e irritación”

Esta coyuntura no se inició en abril de 2021. La explosión de esta fecha es la tercera de un microciclo de protestas que se inició en noviembre de 2019 en el marco de la pandemia cuando ocurrió la primera  gran protesta nacional después de firmados y entrados en vigencia los pactos entre el gobierno y las nuevas guerrillas, es decir, en un nuevo escenario donde el argumento según el cual detrás de toda protesta social estaban siempre las guerrillas, dejó de tener tanta fuerza como antes.

Noviembre de 2019, una gran protesta que estuvo concentrada en luchas contra la reforma tributaria de ese entonces.

Septiembre de 2020, brutalidad policial asesinó a un habitante de Bogotá.

Abril 2021 inicia luchando con la reforma tributaria y otras reivindicaciones consignadas en un pliego de siete puntos que tiene el Comité Nacional del Paro.

Los motivos del microciclo de protestas que asistimos son principalmente dos: la lucha contra la política tributaria existente en Colombia que se expresa en sucesivos proyectos para hacer cada vez más regresiva la tributación y contra la brutalidad policial que se expresa cotidianamente en estas movilizaciones, estos dos motivos están en la base de la protesta pero hay muchos otros.

Lo que se expresa cuando ocurre el desborde es una manifestación de la irritación social acumulada, una irritación que no ha podido ser canalizada ni por los gobiernos ni por las propias organizaciones que promueven los paros y las movilizaciones.

Los protagonistas de ese desborde y además los que amplían el motivo del paro son sobre todo los jóvenes de los barrios populares urbanos, hay muchos otros actores pero estos jóvenes, o no estudian o tienen muchas dificultades para estudiar, no consiguen trabajo o apenas consiguen ingresos magros haciendo cosas espontáneamente, no tienen una idea clara del futuro, están irritados.

El Gobierno muestra ineptitud, en esta coyuntura tenemos una muy mala calidad del personal político, es decir, si el presidente y el gobierno fueran otros es posible que el trámite de coyuntura hubiera sido menos violento y menos traumático.

 

Jorge Pérez Jaramillo – Arquitecto de la Universidad Pontificia Bolivariana.

“La ciudad aplazada”

Lo que estamos viviendo es una expresión de una sociedad agotada que no tiene confianza y que pierde crecientemente la esperanza, creo que también es una expresión de caminos hacia una mayor dignidad y equidad colectiva.

Nuestra ciudad está caminando hacia nuevos momentos, me parece que la esperanza es que la activación social fomente cambios políticos y sociales.

La discusión urbana falta mucho en el país si miramos las pasadas campañas electorales que el discurso sobre la gestión de las ciudades es mínimo, el conocimiento de nuestros líderes políticos sobre el asunto es precario e incluso en los acuerdos de paz con las FARC hay muy pocas reflexiones sobre el futuro de nuestras ciudades.

“Este nombre la ciudad aplazada nos llama a profundizar la democracia, políticas urbanas y a fomentar la planeación participativa, un dialogo social amplio, continuado, permanente, cualificar cada vez más la ciudad activa, priorizar la ciudad como ecosistema social me parece que es el único camino”.

Los anteriores, son apartes de este conjunto de académicos que contribuyen a pensar y a comprender la situación de crisis y las manifestaciones de protestas que se han presentado en Colombia desde el 28 de abril de 2021, cuando diferentes actores sociales citaron a un paro nacional.

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