Lo que pasa en la U

Comunicado de la Rectoría

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Martes, 07 Enero 2020
Agencia de Noticias Univalle

En respuesta a las comunicaciones de varios sindicatos, de CORPUV y de asociaciones de jubilados sobre el retraso en el pago de la última quincena de diciembre de 2019, la Rectoría se permite precisar que, tal cual como ocurrió a inicios del año 2019, en este año 2020, se hizo el pago el viernes 3 de enero. Ello correspondió a la programación presupuestal y al cierre fiscal del año que acaba de terminar.

La Universidad del Valle, al igual que el resto de universidades públicas y otras instituciones semejantes, se encuentra obligada por razones legales a hacer un cierre financiero con un presupuesto equilibrado. Esto debe ser notificado ante la Contraloría, entidad competente para hacer esta revisión. Por tal razón, se decidió la reprogramación para que el pago de finales de diciembre de 2019 se diera a comienzos de enero.

Esta situación de desequilibrio financiero obedece primordialmente, en lo que tiene que ver con el 2019, a la insuficiencia pensional. Esto, porque el fondo pensional no cubre el pago de la totalidad de las pensiones. Las proyecciones del estudio actuarial inicial ya no corresponden a la realidad y esto genera un déficit que ha venido siendo asumido por la Universidad del Valle.

Este tema lo hemos presentado y discutido en la Comisión financiera y administrativa y en el Consejo Superior del pasado 13 de diciembre. También se presentó en el Consejo Académico del 19 de diciembre de 2019. La Rectoría y la Vicerrectoría Administrativa, hemos avanzado en conversaciones con el Ministerio de Hacienda para darle una solución definitiva a esta situación deficitaria.

De otro lado, existen otros factores concurrentes del déficit, los cuales tienen que ver con la indexación del presupuesto con base en la inflación, frente a los gastos crecientes de las universidades públicas. En este tópico, si bien es cierto los acuerdos de 2018 han ayudado a aliviar la situación presupuestal de las universidades públicas, se requiere una reforma a fondo de los aspectos financieros de la Ley 30 para resolver el desfinanciamiento estructural de las universidad públicas.

Finalmente, en lo que concierne a la programación presupuestal aprobada por el Consejo Superior en su sesión del 13 diciembre del 2019, esta garantiza el pago de los salarios, honorarios y prestaciones, según sea el caso, de la totalidad de empleados administrativos, docentes y contratistas, a lo largo del presente año.

 

Cordialmente,

 

Edgar Varela Barrios
Rector

7 de enero de 2020

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