Las violencias basadas en género y sobre todo aquellas en que las víctimas son mujeres, según el informe del Observatorio de Género, últimamente han aumentado en el Valle del Cauca, esto, sumado al feminicidio en nuestro campus de Palmira del que fue víctima otra estudiante Sirley Vanessa Lopez Loaiza han llevado a la Dirección de la Universidad a revisar y reflexionar sobre las rutas y canales de atención para atender todo tipo de violencias con miras a su fortalecimiento, de tal manera que hechos similares no vuelvan a ocurrir

Cómo proceso pedagógico la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad del Valle organizó, junto con la Defensoría del Pueblo Regional del Valle del Cauca el foro Rutas de atención de violencias basadas en género, un espacio de reflexión y diálogo académico e institucional, donde se abordaron los principales desafíos, rutas y responsabilidades que existen frente a la atención y prevención de las violencias basadas en género (VbG), desde una mirada interdisciplinaria y comprometida con los derechos humanos y la utilización de canales de prevención.

Para la profesora Raquel Ceballos Decana de la Facultad de Derecho, hablar de la violencia de género en el contexto universitario, “es importantísimo porque tenemos que recordar que la violencia de género no es solo de la sociedad en sí, sino que viene desde entornos más cercanos como el familiar, de la formación que se recibe y de una cultura. Cali es una de las ciudades más violentas del mundo, tenemos unas circunstancias externas que propician la violencia, con un número alto de feminicidios y esos son elementos que trascienden a la universidad, por eso es tan importante pensar en estos temas y fortalecer en la Universidad el centro de género y una ruta de atención inmediata para la prevención de las violencias de género”. Para la profesora Ceballos lo más importante es la prevención, el seguimiento y la sanción y una ruta de atención inmediata: “no vale nada que exista una violencia, se denuncie, e iniciemos un proceso larguísimo para poder identificar a los victimarios; cuando no hay un proceso ágil y oportuno, no hay justicia y no hay garantía de derechos realmente.”

El defensor del pueblo Gerson Alexander Trujillo, aseguró que “la violencia basada en género sigue siendo un fenómeno que afecta a las mujeres y a las personas con orientación sexual diversa de manera permanente. Si bien hemos avanzado en muchos escenarios y hemos construido rutas y generado políticas públicas, en el plano estatal nos falta mucho y básicamente esa es la conversación que queremos tener.”

Las violencias

La ruta para atender las VbG es un protocolo de atención que para Sandra Viviana Salguero de la oficina de la Delegada para los derechos de la mujeres y los asuntos de género de la Defensoría del Pueblo, debe responder a qué hacer cuando se presenta una amenaza y garantizar un acompañamiento: “de qué manera podemos nosotras acompañar a las víctimas a interponer las denuncias en la Fiscalía General de la Nación y de qué manera hay protocolos de acompañamiento psicosocial, porque la carga de la culpa no debe estar en la víctima, sino en el agresor y en ese orden de ideas, hay que dignificar y humanizar a esta víctima y acompañarla y no aislarla, que es lo que históricamente ha pasado en algunos lugares.”

Pero ¿Qué son y cómo se manifiesta la violencia basada en género? Esta fue una de las preguntas básicas que amparados en la ley 1257 de 2008 respondieron los invitados de la Defensoría del Pueblo en el foro: la VbG puede ser entendida como cualquier amenaza, acción u omisión que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, económico o patrimonial a una persona por su condición de mujer, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado.

Sandra Viviana Salguero dice que esta ley es “prácticamente una convención de derechos humanos chiquitita para las mujeres, que permite, y esto va a ser muy importante, analizar las violencias basadas en género.” En ella, para la delegada Salguero, se expone una de las violencias menos conocida, la violencia económica y patrimonial que consiste en la “pérdida, transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores, derechos económicos destinados a satisfacer las necesidades de la mujer”. Salguero ejemplifica esta violencia con aquellos casos frecuentes en que el patrimonio es repartido entre la familia del hombre para que no le corresponda nada a la mujer en caso de una separación, o aquellos de inasistencia alimentaria en los que la mujer tiene que responder sola por la manutención de los hijos.

En el foro también se analizaron otros tipos de daños generados por las VbG definidas en la ley 1257/08: la violencia física, que es cuando ocurre un daño o se produce sufrimiento físico que puede provocar un riesgo de pérdida o disminución de la integridad corporal de una persona; es una violencia que transgrede los límites corporales, que busca la sumisión y la imposición de autoridad y tiene por objeto el daño, la marca y se mantiene en silencio.

La violencia institucional que hace referencia a prácticas estructurales de vulneración y violación de derechos hacia las mujeres por parte de servidores públicos ya sea por acción u omisión porque se establecen criterios discriminatorios y se generan obstáculos que limitan el acceso de las mujeres a una vida libre de violencias.

La violencia sexual que consiste en el daño o sufrimiento sexual y las consecuencias que provienen de la acción de obligar a una persona a mantener un contacto sexualizado, físico o verbal, o a participar en otras interacciones sexuales mediante el uso de la fuerza, intimidación, coerción, chantaje, soborno, manipulación, amenaza o cualquier otro mecanismo que anule o limite la voluntad personal. Igualmente se considera daño o sufrimiento sexual que el agresor obligue a la víctima a realizar estos actos con terceras personas. Se consideran actos de violencia sexual el acceso carnal abusivo, la prostitución forzada, el embarazo forzado, la desnudez forzada o el aborto forzado.

La violencia sicológica que proviene de la acción u omisión destinada a degradar o controlar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de otras personas por medio de la intimidación manipulación, amenaza directa o indirecta, humillación, aislamiento o cualquier otra conducta que implique un perjuicio en la salud psicológica, la autodeterminación o el desarrollo personal. Estas acciones pueden estar ligadas a creencias de que las mujeres requieren ser educadas y corregidas o al control sobre la opinión y los comportamientos reforzando el estatus de poder y control.


Una ruta

El Defensor del Pueblo Regional asegura que el enfoque para la atención de violencias basadas en género tiene que estar siempre en la prevención “más que atender, más que reparar, lo más importante es que podamos prevenir los escenarios de violencia”. Y es precisamente la prevención uno de los puntos más importantes cuando se piensa en una ruta de atención a las violencias, ya que compromete no solo a las instituciones sino a la comunidad en general (escuelas, universidad, medios de comunicación, juntas de acción comunal, hospitales, gobernaciones, alcaldías etc.)

Para la Defensoría, la ruta de atención tiene varias etapas que buscan proteger a la víctima de violencia y garantizar su acceso a la justicia. Esta ruta empieza con la detección, en la que también está involucrada la comunidad, centros educativos, policía, centros de atención en salud entre otros. Le sigue una etapa de protección donde operan instituciones como las Comisarías de Familia, Policía, Fiscalía, Jueces de Control de Garantías; y una etapa de atención y rehabilitación, de la que son responsables entes territoriales como gobernaciones y alcaldías, así como eps.

Finalmente, de la operación de justicia se encargan los entes judiciales como medicina legal, jueces y representantes judiciales de víctimas que funcionan bajo la dirección de la defensoría del pueblo en caso de ser requerida. Y no menos importante una etapa de investigación y análisis en la que instituciones como observatorios, organizaciones civiles, órganos de control y la academia se encargan de recopilar datos que permitan a los tomadores de decisiones atender el problema y tomar acciones o crear políticas públicas para la oportuna atención de las violencias.