Como parte de su Cátedra de Reflexión y Formación Política, el Instituto de Psicología realizó la teleconferencia Historia del Suroccidente Colombiano, presentada por Andrés Carrero Delgado, historiador, magíster en Sociología de la Universidad del Valle, estudiante de doctorado en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Perú y profesor invitado de la Maestría en Historia de la Universidad Tecnológica de Pereira.

Para el investigador y docente, Cali se ha caracterizado por impulsar transformaciones estructurales en el país a lo largo de su historia. “Desde los tiempo de la colonia hasta la actualidad, Cali ha sido un territorio muy activo políticamente, pero con unas particularidades que hacen que nos exijamos un poco en la comprensión de cómo se ha configurado ese territorio de procesos históricos”. En ese sentido, Carrero propone una fusión entre la historia y la sociología, con influencia de las ciencias políticas, para hacer un paralelo entre pasado y presente -guardando las proporciones- para revisar el papel de la ciudad en las transformaciones del país.

Como puntos clave de su análisis, el investigador toma dos referentes fundamentales: el primero, ubicado a mediados del siglo XIX, que se conoció como los retozos democráticos; el segundo hace referencia al paro nacional actual en el contexto de Cali.

En el contexto de este último paro nacional, el historiador observa que las noticias han dado mucho énfasis a Bogotá lo cual, de acuerdo con su visión, era de esperarse. “Somos un país de retozos democráticos. A pesar de que hablamos de descentralización, cada día el país se ajusta más a un centralismo insistente, rayando un poco en lo insoportable, pero no se puede negar que Cali es un caso supremamente interesante. Precisamente por eso haremos el paralelo con el fenómeno de los retozos democráticos, conocido como la noche del perrero”.

Las experiencias fueron conectadas por Carrero a partir de tres ejes: los procesos de democratización, la crisis de una institucionalidad -y de las instituciones- y la crisis de la política, lo que lo conduce a hablar de una nueva concepción de lo político, influenciado por Pierre Rosanvallon en su idea de lo político y la política.

En cuanto al desarrollo de los ejes, el primer concepto unificador es apertura democrática. El investigador considera que, si bien vivimos en un sistema democrático que habla de democracia, muchas veces se utiliza la idea de democracia ligada única y exclusivamente al ejercicio electoral. Además de las elecciones, está la apertura democrática que permite pensar y discutir sobre la existencia de un orden social, es decir, un formalismo.  

Este formalismo, asociado usualmente con el formalismo liberal, es todo el proceso que se legítima través de las elecciones, la estructura de poderes, que en distintos países se divide en ejecutiva, legislativa y judicial. Este sistema democrático construye un control de las formas de socializar y dinamizar la política y las demandas sociales, en el marco del constitucionalismo, defendido a través de las instituciones.

Para Carrero, las instituciones no entienden por fuera de ese formalismo.  “Hay situaciones que no son aceptables, pero que finalmente el formalismo dice que son prácticas legítimas a través de la ley. Un ejemplo lo estamos viviendo con los acuerdos. Para una persona común y corriente es inaudito que alguien que cometió tantos crímenes no tenga una condena punitiva, pero el formalismo permitió la construcción del sistema de justicia transicional ante un problema más compleja, donde las medidas sustitutivas de la privación de la libertad permitían ejercer justicia social”.

No obstante, hay momentos, sobre todo de crisis en la vida de la historia social en los que esas reclamaciones comienzan a ser al margen del orden social. Esas reclamaciones no son captadas porque los representantes de ese orden social, que operan en el marco de ese formalismo liberal, no las reconocen, no las han escuchado o, en su defecto, no les interesa porque no hace parte de su agenda o porque puede ir en menoscabo de la misma idea de orden social. Estos grupos representan a una institucionalidad y representan a unos poderes establecidos y, en ese sentido, se sienten con la suficiencia para rechazar o en su defecto, omitir reclamaciones.

Las preguntas entonces para Andrés Carrero serían ¿qué pasa cuando esa reclamaciones van creciendo y superan la misma capacidad del formalismo de las instituciones para tramitarlas? ¿qué pasa cuando esas presiones son superiores o no van en la misma línea establecida por el orden social? Cuando esta situación se da, se habla de crisis de la institucionalidad, de algunas instituciones o del formalismo que conocemos.  En ese sentido, considera natural el hecho de que el formalismo liberal se presente como conservador, pues pretende sostener una institucionalidad y un orden.

En consecuencia, resulta entendible por qué, a pesar de que esta institucionalidad crea mecanismos para tramitar las demandas sociales, estas no son suficientes y generan esa crisis de la institucionalidad. “Básicamente cuando las principales rupturas del orden social se están consolidando -no sólo en el discurso, sino también en las reclamaciones sociales-, suele ocurrir que el orden se desestabiliza porque la apertura democrática pone en crisis lo que conocemos como el statu quo” expresa Andrés Carrero.

Aunque la apertura democrática ha permitido nuevos escenarios como la discusión del aborto y la participación de las mujeres con mucha más fuerza las discusiones nacionales, eso no garantiza que el orden social esté lo suficientemente preparado para aceptar las medidas que surjan de ellos. Por esas razones se manifiesta una crisis de la representatividad, pues los representantes no entienden ni tramitan las peticiones de los grupos que comienzan a presionar el sistema y la representatividad se ve sobrepasada, así como cuestionada en todo su orden. Para Andrés Carrero, los acontecimientos actuales son precisamente un ejemplo de esta crisis.  

“Los congresos, los concejos municipales, los gobernadores y el presidente son incapaces de entender que está pasando afuera o, en su defecto, sosteniendo una orden injusta y que no va a ser lo suficientemente fuerte para resistir la presión social de quienes comienzan a exigir unos nuevos espacios de trabajo porque no pertenecen a la arena política. Por ello tenemos que hablar de la construcción de nuevos órdenes sociales”, explica el docente.

Dentro de los nuevos órdenes sociales posibles, hay opciones de una radicalización de orden conservador -si pretenden mantener el statu quo- como puede ocurrir una apertura tal que permita hacer importantes modificaciones de los paradigmas que han dominado. Frente a esta disyuntiva, es donde el docente hace una conexión del fenómeno actual con la época de los retozos democráticos.

El suroccidente colombiano entre 1849 y 1856 venía de una experiencia independentista en la que tuvo un papel de gran importancia, pero ese nuevo orden no trajo consigo las libertades que se requerían entonces. “En el caso de Popayán tenemos el triunfo de la idea liberal de separarse de la Colombia y paulatinamente la construcción de un sistema en orden social liberal de boca para afuera, pero que implica el aplazamiento de la reforma como, por ejemplo, la abolición de la esclavitud. Las élites que gobernaban en la colonia y en su momento representaban al rey se convirtieron en los independentistas. Con esto, incluso algunos autores plantearon que la independencia atrasó 50 años las reformas estructurales que se perfilaban en las propuestas que venían desde la colonia” desarrolla Andrés Carrero.

Sin embargo, en el panorama electoral aparecería una figura diferente: José Hilario López. Llegado al poder en una elección competida y polémica -porque, de acuerdo con los conservadores, una muchedumbre apostada con cuchillos afuera del congreso fue la razón de su elección- fue catalogado como un gobierno popular o del pueblo. Se caracterizó por ser un presidente que impulsó reformas estructurales profundas donde, incluso habló de libertad de industria sin aumentar la desigualdad por acumulación de riqueza.

Dentro de sus propuestas se destacan la supresión de la pena de muerte, supresión de la prisión por deudas, libertad de prensa, descentralización administrativa, libertad de cultivo de tabaco y la más importante de todas: la abolición de la esclavitud, que generó una tensión fortísima a raíz del concepto de propiedad privada, debido a que los esclavos, de acuerdo con sus dueños, eran objetos de su propiedad.

Como consecuencia se dio en 1851 en la guerra de los esclavistas que terminó dos años con la indemnización por parte del Estado a los esclavistas. “La abolición de la esclavitud funcionó como una figura de compra por parte del Estado de los Esclavos. Esta reforma coincide con el declive de ese orden social y político heredado de la colonia y que se venía fortaleciendo a través de una división de la Colombia del siglo XIX en unas líneas liberales -agrupadas en las sociedades democráticas- y en otras líneas más patrimonialistas -agrupadas en las sociedades católicas y organizaciones- con discursos movilizados en las disputas entre propietarios y cultivadores o propietarios y esclavos”.

Mientras los esclavos comienzan a escuchar la lectura de periódico y a entrar en el circuito discusión política sobre los principios de la Revolución Francesa -con la igualdad y la fraternidad como eje central- el miedo derivado del racismo constituye el otro eje de la discusión. “Los otros grupos de población comienzan a reclamar su derecho a constituir unas formas distintas de socialización, de riqueza y desarrollo. Entonces, las élites se asustan viendo cómo esa gente que antes tenía que agachar la cabeza ya no lo hace. Y si le agregamos la variable del racismo, sustentada fuertemente en los discursos católicos de superioridad de moral y física, se exacerba ese miedo. Tenían además la experiencia cercana de la revolución de Independencia donde los negros haitianos le cortaron la cabeza a los blancos que encontraron en el país”, explica.

Producto de la disputa por los tejidos de la ciudad durante los años 40, tierras que podían ser cultivadas, de carácter público, fueron entregadas a terratenientes, con lo que ampliaron su derecho a explotar los ejidos de la ciudad. Cuando llega José Hilario López al poder revierte esa norma y con ello los campesinos, cultivadores y exesclavos comenzaron a habitar esos predios. En medio de ese marco de tensión social, las disputas se transforman en una guerra de los pobres, negros y esclavos contra los blancos que quedaron ocupando esos terrenos. Se le conoció como la noche del perrero porque, armados de estos zurriagos, entraron a las haciendas a golpear, cortar cabezas y agredir con puñales, especialmente a los blancos y conservadores.

“Es muy interesante esta transición porque las causas estructurales que motivan esta violencia están dadas por el rechazo y el desconocimiento total de un grupo de población que políticamente comienza a abrirse paso en la arena de discusión y construcción del Estado. Además de negar ese espacio, los satanizan con categorías como bandidos, comunista territorial o delincuente. Estas nociones, usadas por las élites para referirse a los otros, desemboca en una crisis, muy parecida a la actual”.

La transición entre el gobierno popular y el gobierno formal -porque el gobierno que se acoge al formalismo jurídico- fue, aunque fuerte, necesaria. Es precisamente a ese formalismo al que se acude para tramitar los problemas de la vida cotidiana mientras, por el contrario, el gobierno popular se movilizaba bajo otros preceptos que resuelven los problemas de la vida a través de, incluso, la guerra, la invasión y la quema de la cosecha.

Pero ¿qué tiene que ver la liberación de los esclavos con las invasiones de las haciendas? De acuerdo con una lectura de Carrero, la expectativa de la liberación se presentó con una furia política en el período anterior a la elección presidencial de 1849. Tanto la prensa como el púlpito y los jesuitas participaban activamente y los estudiantes formaron sociedades políticas. Las señoritas desde sus ventana rechazaban a los caballeros con tendencias políticas contrarias y las señoras ingresaron las sociedades dedicadas al exterminio de la democracia, considerada enemiga la religión. Todo esto antes de cualquier acción de la administración de López.

Es precisamente ese compendio de experiencias el que el investigador conecta con la participación del Valle del Cauca en el paro nacional. “El suroccidente, como lo planteaba el comienzo, se ha caracterizado por impulsar reformas estructurales. El resultado de todas estas movilizaciones populares en el siglo XIX es la consolidación de las principales bases del liberalismo, la abolición, por fin, de la esclavitud, la construcción del federalismo y la abolición de la pena de muerte. Esa transición permitió la movilidad social ascendente y la participación de grupos de personas que no habían podido participar históricamente. Qué interesante ver que el período actual las simula un poco y, guardando las debidas proporciones, encontramos un sector que se niega a reconocer que otros grupos de personas tienen derecho a participar y se rehúsa a reconocerles un lugar en la ciudad”.

De acuerdo con Carrero, se construyó en la ciudad un orden que desconoce los problemas estructurales: una élite que convierte a Buenaventura en un puerto y, en cuanto a Cali, crearon un espacio que se dinamiza única y exclusivamente hacia el occidente. Enfatiza en que la separación llega incluso al cambio discursivo, donde distinguen al oriente de Cali del oeste, mas no del occidente.

Más allá de sus particularidades internas, el suroccidente también ha vivido una desconexión del resto del territorio a través del conflicto armado, lo que lo ha volcado hacia una crisis humana, social y política. Al igual que en el siglo XIX, los grupos que reconocen su situación catastrófica empiezan a reclamar un espacio de participación, que obtiene como respuesta un rechazo por parte de las élites y algún sector de las clases medias.  El patrón de los términos para catalogar para inscribir a la gente en el marco de una categoría de anulación total de lo político, como vándalo, delincuente o criminal también se repite.

Por otro lado, el docente e investigador observa también un paralelo en las transformaciones de la protesta y sus reclamaciones, donde estas últimas traspasan el reclamo del derecho a trabajar o a la movilidad, y llegan a ser demandas que superan la capacidad de la institucionalidad del siglo XXI de representar políticamente a esas poblaciones. Estas poblaciones, al igual que en el siglo XIX, no son entendidas dentro del marco del formalismo liberal y por eso se manifiestan contra esas instituciones.

“Yo como persona podría decir no a los bloqueos y es aceptable como ciudadano, mas no como académico. Como profesional veo una forma de manifestarse, de reclamar. Veo que tiran piedra a la policía y dañan a la infraestructura pública, pero me surge la pregunta de qué representan las instituciones para esos grupos de personas. Quizá la policía, mientras Andrés Carrero llama a la policía y ellos atienden mi reclamación saludando con cortesía, ingresan a un barrio popular con otras maneras. Así, la percepción que ellos tienen de las instituciones es que no los representan porque su experiencia es distinta a la que se proclama en la Constitución y que se proclama en el marco del formalismo”.

El declive de las instituciones es consecuencia de administradores de lo público que se convirtieron en gerentes y no buscan el entendimiento de lo que vive la sociedad, además de sostenerse bajo el principio de formalismo liberal, incapaz de abrirse a estás otras formas de tramitar la vida. Sin embargo, desde la visión de Carrero, si el discurso liberal les beneficia, lo emplean. “Lo que plantean los de la primera línea es que son ciudadanos con derecho a participar y no han podido. Por otro lado, los administradores hablan de derecho a la libre movilidad”.

Así observa el historiador cuatro problemas de la democracia liberal, planteados por Pierre Rosanvallon, identificables en este momento histórico, así como en los anteriores que han caracterizado al suroccidente colombiano. El primero hace referencia a que el pueblo no existe sino a través de representaciones aproximativas y sucesivas de sí mismo, que en este caso significa que el pueblo representado la Constitución, que legisla y participa, no incluye a todos los ciudadanos.

El segundo problema consiste en que el régimen moderno instituye la igualdad política a través del sufragio al tiempo que plantea su voluntad de construir un problema racional, cuya objetividad implica la despersonalización. Esta situación implica especial gravedad en un pueblo donde el sufragio es el único espacio de igualdad política, pero éste no es entendido, reconocido o aceptado por las poblaciones, por lo que existen tasas muy altas de abstención electoral.

Además de estos problemas iniciales, se vive en una constante incertidumbre sobre cuáles son las formas adecuadas del poder social en el marco de la democracia, tanto la decimonónica como la que vemos hoy en día, sin importar su grado de madurez. La forma adecuada de poder social está inscrita en un formalismo y cuando la población se moviliza por fuera de él no se entiende o se rechaza. “¿Qué pasa cuando el número de gente movilizada supera la capacidad del control? Dado que es lo que hemos visto durante más de 30 días en Colombia -focalizándonos en ciertos puntos-Es necesario pensar cómo entender ese resurgimiento del poder popular, esa soberanía popular, y cómo tramitarla” agrega Carrero.

Y finalmente se plantea que la sociedad moderna tiende a una dualidad: por un lado, habla de la autonomía individual y privilegia todo el formalismo, pero, por otro, entiende la importancia del poder popular y procura la participación en el ejercicio del poder social.

En cuanto a las perspectivas, Andrés Carrero enfatiza en que hay una crisis de la representación en la que ni el presidente, ni los partidos, sindicatos y grupos tradicionales representan la movilización popular. Esa crisis se puede ver en dos grupos: los competidores dentro del marco del formalismo liberal -como los partidos y líderes de oposición- y integrantes de la primera línea que optan por otra manera por fuera de ese orden.

En ese sentido, el historiador ´plantea que veremos el surgimiento de una nueva forma de hacer política. “Es un hecho que Cali no va a poder ser gobernada de la misma forma como tradicionalmente se ha hecho. El formalismo no fue capaz de tramitar las demandas de unos sectores históricamente excluidos, no hay concejal que sea capaz de hablar con ellos”, enfatiza.

Complementa además que, en zonas de otras ciudades como el Portal de las Américas en Bogotá, se desbordó la capacidad del formalismo institucional para sentar a las poblaciones. “Si hablo de la situación en mi ciudad, Pereira, veo que los chicos de la primera línea y las personas que bloquean las vías no se sienten representados en el marco del formalismo, pero tienen agenda política, peticiones, una forma entender y vivir la ciudad”, complementó el historiador.

En consecuencia, menciona el paralelo con el siglo XIX para remarcar que esa coyuntura permitió la construcción de un nuevo orden social y que se esperaría entonces que el fenómeno que vivimos sirva también para encontrar una nueva forma de hacer política. Sin embargo, finaliza invitando a la reflexión frente a lo que, desde su visión, es la parte más compleja de esta transformación: qué forma de hacer política va a aparecer en este nuevo contexto.