Convocada por la Universidad del Valle, se realizará una sesión ampliada de trabajo con congresistas y rectores de universidades públicas el próximo lunes 27 de septiembre en el hotel Spiwak en Cali para presentar detalles del proyecto de ley que busca fortalecer las finanzas de las instituciones de formación superior pública.
“Van a participar congresistas y rectores de la región Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Risaralda, Quindío, Caldas y todo el Suroccidente colombiano. El Presidente del SUE, profesor Jairo Torres, rector de la Universidad de Córdoba; Fernando Noreña, Coordinador de la comisión de vicerrectores y yo haremos la presentación y esperamos nutrir la propuesta en diálogo con congresistas pues muchos de ellos son expertos y conocen estas temáticas” anunció el rector de la Universidad del Valle, Edgar Varela Barrios.
“El acuerdo logrado en 2018, cuyos compromisos se aplicarán hasta 2022 ha sido positivo en términos generales” subrayó. Este acuerdo generó un modelo que ha aportado cuatro puntos más por encima de la inflación a la base presupuestal durante los últimos cuatro años y adicionalmente recursos para inversión superiores a 3 billones de pesos que han ayudado a equilibrar la situación financiera de las universidades.
“Sin embargo, la preocupación de todos los rectores de las universidades públicas es que ese acuerdo se acaba con el Gobierno Duque y volvería entonces a aplicarse la vieja Ley 30 que solo prevé aumento de recursos con base en la inflación anual y los demás recursos de inversión ofrecidos estos años por el gobierno nacional ya no estarán”, comentó el directivo.
Dijo que, desde el Sistema Universitario Estatal y con el apoyo de la comisión de vicerrectores administrativos y financieros, se ha preparado un proyecto de ley en un proceso en el que ha participado personalmente teniendo en cuenta que a lo largo de los últimos años ha estudiado a fondo el tema revisando múltiples opciones de financiación para las universidades.
“Hicimos un proyecto de ley que modifica los artículos 86 y 87 de la Ley 30 y que plantea básicamente que se garanticen recursos para las universidades públicas con una destinación de recursos que se incremente anualmente varios puntos por encima de la inflación y se puedan emprender así una serie de tareas que permitirán la ampliación de coberturas, mejorar la calidad de la formación, ampliar la planta docente, el nombramiento de empleados y el fortalecimiento de las universidades al menos en un horizonte de 20 años”.
Reveló que el proyecto de ley ya ha sido consensuado entre los rectores y que se pudieron superar algunas diferencias entre las universidades pequeñas y grandes. “Nosotros aspiramos a que tanto el gobierno -Ministerio de Educación, y Ministerio de Hacienda- así como los congresistas -sobre todo las bancadas de las comisiones Tercera, Cuarta y Sexta- comprendan que esta es una muy buena propuesta que dará continuidad al acuerdo que se hizo con el Presidente Duque y que nos da una garantía de estabilidad financiera para ampliar cobertura”.
Recalcó que se tiene previsto en el proyecto que para el 2030, las 33 universidades publicas puedan ampliar 180 mil cupos y poder elevar los indicadores de planta docente y el de doctores, garantizando sostenibilidad en términos de calidad educativa aprovechando que se ha logrado un importante nivel de acreditación.
Básicamente, buscamos lograr el compromiso de todas las bancadas: sin partido de izquierda, centro y derecha, para apoyar una ley que resuelva el problema estructural de financiamiento de las universidades públicas colombianas, que además es lo que puede garantizar un crecimiento significativo del tamaño de la matrícula en la educación superior que -como todos los estudios lo indican- debe darse por parte del sector público.
Manifestó que no se trata de hacer una ley contra el sector privado que tiene sus propios mecanismos de financiación. “Ellos con la pandemia en buena medida han tenido una crisis y tienen algunas compensaciones que nosotros no discutimos, tales como el crédito subsidiado del Icetex. Esos son reclamos validos de las universidades privadas, pero no son nuestro asunto”. El objetivo principal es lograr mejorar la asignación presupuestal del nivel central del Estado y establecer un mejor modelo de funcionamiento del esquema de financiación de las universidades públicas.
Nosotros sabemos que esta legislatura ya va avanzada, pero nos interesa socializar y ambientar el proyecto de ley. El próximo año habrá nuevos congresistas y repetirán algunos de los actuales. También los partidos políticos y las coaliciones van a enfrentarse por la presidencia y ellos son actores muy importantes, pero no queremos llegar sobre la coyuntura de las elecciones, sino anticiparnos y desde ahora mismo -desde septiembre a diciembre- impulsar una ambientación que permita que este tema de la propuesta de ley financiera para la educación superior pública sea un consenso pues no importa quién gane las elecciones y cuál sea la composición del Congreso, debe existir un acuerdo nacional porque la educación pública es compromiso de todos y va más allá de las banderías ideológicas, concluyó.
