El rector de la Universidad del Valle Guillermo Murillo Vargas fue invitado al foro “Más plata para la U pública”, un espacio dedicado a discutir la reforma a la Ley 30 y los retos de la financiación de la educación superior pública en nuestro país. Aquí compartimos las palabras pronunciadas por el rector en este espacio donde participaron diversos actores de la comunidad universitaria.
Tengo mucho gusto en abrir este foro sobre un tema tan importante como es la financiación de la universidad pública. Saludo este tipo de reuniones pues reflejan el interés de la comunidad universitaria y en particular del estudiantado en enriquecer un debate que es central para el futuro de la educación superior en Colombia.
Como es de su conocimiento, el proyecto de ley que busca reformar los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 fue aprobado el pasado mes de febrero, por unanimidad, en primer debate, en la Comisión Sexta del Senado y ahora pasa a manos de la plenaria para su análisis.
Con él, según el Ministerio de Educación Nacional, se busca corregir una deuda histórica con la educación superior pública, modificando la fórmula y la metodología para el cálculo del presupuesto de las instituciones de educación superior, con el fin de garantizar su sostenibilidad financiera. Su propósito es fortalecer la cobertura, calidad y acceso a la educación superior, asegurando recursos para infraestructura, desarrollo institucional y financiación para instituciones técnicas y tecnológicas, que no estaban comprendidas en la ley vigente.
En palabras del presidente de la Comisión Sexta, senador Pedro Flórez, el proyecto es resultado de un diálogo amplio e inclusivo con estudiantes, docentes, rectores y expertos. La construcción de un acuerdo nacional para la financiación de la educación superior pública.
Desde el comienzo del actual gobierno se había venido discutiendo una reforma integral de la Ley 30 de 1992, nacida del reconocimiento de la autonomía universitaria en la Constitución de 1991, pues los tres decenios pasados desde su promulgación hacían necesaria su revisión estructural. La presentación de un nuevo proyecto que limita la reforma a los artículos 86 y 87, los cuales determinan las condiciones de financiación de las universidades públicas, se hizo dada la urgencia del tema financiero y la necesidad de solucionarlo con un procedimiento más expedito que si hiciera parte de un proceso de reforma integral de la ley, también necesaria, pero cuyo trámite sería más complejo. La aprobación de este proyecto en primer debate indica que fue una decisión correcta.
El hecho simple es que 32 años después las normas que rigen la financiación de las universidades públicas ya no son adecuadas. Una educación pública de calidad, gratuita, descentralizada, con gran aumento de cobertura, que responda a las necesidades educativas de las regiones, e incorpore los grandes cambios de la sociedad del conocimiento, significa mayores costos no reconocidos por la indexación de los aportes estatales según el índice del costo de vida, IPC, que hoy dispone la ley. Cambiarlo por el índice de costos de la educación superior, ICES, que ha sido históricamente superior, es un alivio presupuestal importante, pero aún insuficiente, dado que el sistema viene creciendo alrededor de un 7% anual.
El proyecto determina además que los ajustes anuales se harán sobre la base de los presupuestos del año anterior, puesto que actualmente se hacen sobre los presupuestos universitarios de 1993. Incluye también la posibilidad de recursos adicionales que se incorporarían a la base presupuestal orientados a aumentar progresivamente el acceso, la permanencia y la graduación de estudiantes de pregrado; el mejoramiento de la calidad y la pertinencia de la oferta; el bienestar institucional y las variaciones producto de la aplicación del sistema salarial y prestacional docente. E incorpora a las Instituciones Técnicas, Tecnológicas y Universitarias, ITTU, antes no contempladas, con un mecanismo similar de financiación. Todo ello son buenas noticias.
Los ajustes por encima del IPC de los últimos años han sido producto de una gran movilización estudiantil, profesoral, sindical y rectoral, que han aliviado las finanzas, pero han dependido de la voluntad de los gobiernos. El proyecto garantiza por ley una estabilidad presupuestal que hoy no existe. Se conjura así la amenaza que hay detrás de la estrechez financiera que es la virtual privatización de las universidades públicas, obligadas a generar sus propios ingresos, porcentaje que hoy llega al 44.75% del total. No se escapa a nadie el riesgo para la misión institucional de que los docentes investigadores más calificados tengan que dedicarse a la tarea de generar ingresos para sus universidades a través de asesorías y consultorías.
El debate sobre la reforma integral de la ley 30, que se realizó en muchos foros a lo largo y ancho el país, puso en evidencia sus carencias. El sector universitario ha sufrido enormes transformaciones en los últimos tres decenios. La necesidad de construir ofertas académicas flexibles, interdisciplinares, virtuales con apoyo de la presencialidad esencial en los procesos educativos. Educación de calidad al alcance de todos los ciudadanos, de todas las edades, en todas partes. Es un debate que debe darse en el futuro en los tiempos de la academia. Pero, solucionar primero el tema de la financiación es el mejor camino.
Es un camino que tiene ya un largo recorrido. Como resultado de la movilización universitaria de 2018, se estableció un fortalecimiento a la base presupuestal mediante aportes adicionales del 3.5%, 4.5% y 4.75% para los años subsiguientes, que han seguido siendo otorgados por el actual gobierno. En la práctica, la Universidad del Valle ha recibido cerca del 80% de los valores estipulados.
Quisiera referirme a la situación financiera actual de la Universidad del Valle con el propósito de que ustedes tengan una comprensión detallada sobre el flujo real de recursos y el contexto financiero que justifica recientes decisiones institucionales, incluyendo la Resolución de Austeridad, especialmente por las inquietudes surgidas tras la afirmación realizada por el Ministro de Educación Nacional durante su reciente visita a la Universidad en la cual afirmó que habíamos recibido un incremento del 36.2% en recursos por parte de la Nación.
Con base en la información oficial consolidada por el propio Ministerio de Educación Nacional y contrastada con los registros internos de la Universidad, se realizó un análisis detallado para mostrar de manera precisa qué recursos han sido efectivamente transferidos, qué parte corresponde a recursos base, qué rubros corresponden a ampliación de cobertura o PFC (Plan de Fomento a la Calidad), y cuáles compromisos financieros ha debido asumir la institución sin recibir transferencias específicas para ello.
Dicho informe tuvo como finalidad contextualizar adecuadamente el acto administrativo de austeridad, el cual obedece a las limitaciones estructurales del modelo de financiación vigente, las diferencias entre los incrementos por IPC y los costos reales de funcionamiento, y a la necesidad de cumplir con los planes de mejoramiento exigidos por la Contraloría General, derivados de los hallazgos en la auditoría del año 2023.
El informe está a disposición de la Comunidad Universitaria y fue presentado a los Consejos Superior y Académico. Según los datos del Ministerio, el total de ingresos para 2024 fue de 466 mil millones de pesos, mientras que en 2022 fue 352 mil millones de pesos, lo que genera un incremento del 32,5 %, cifra en la que se basa el pronunciamiento del ministro.
Sin embargo, dentro del monto de 466 mil millones se incluyen recursos correspondientes al Nodo Suárez, específicamente 52 mil millones de pesos, de los cuales la Universidad solo recibió 16.750 millones en 2023 y el resto en 2024. Además, 7.553 millones correspondientes al Plan de Fomento a la Calidad (PFC) debieron ser girados en 2024, pero fueron entregados en 2025. Dichos recursos no hacen parte de la base presupuestal permanente, en virtud de una modificación realizada a la Ley 30 en 2016, que permitió al Gobierno Nacional entregar recursos extraordinarios sin que estos se incorporen automáticamente a la base.
Según el sistema contable los ingresos se registran bajo criterio de caja (cash), es decir, recursos efectivamente recibidos en las cuentas de la Universidad, mientras los gastos se registran bajo el criterio de competencia, es decir, se contabilizan al momento de generar la obligación, no cuando se paga efectivamente. Esta metodología, no refleja en los informes financieros las realidades de flujo y gestión institucional, dado que, por ejemplo, las deudas del Estado con la Universidad no se reconocen como ingresos mientras no ingresen efectivamente a las cuentas institucionales. Esta situación, sumada al contexto general de desfinanciación, motivó a la Universidad a establecer un Plan de Mejoramiento ante la Contraloría, en el cual uno de los compromisos principales fue la expedición de un acto administrativo que formaliza políticas de austeridad en el gasto. En cumplimiento de ello, la Resolución de Austeridad fue expedida el 27 de noviembre de 2024.
En reciente reunión con los rectores de la universidades públicas más grandes del país, los rectores coincidimos en que los informes presentados por el Ministerio no reflejan plenamente la perspectiva de las universidades, por lo que se acordó crear una comisión técnica conjunta, integrada por los vicerrectores administrativos, vicerrectores académicos y directores de planeación de las instituciones, con el fin de elaborar un análisis riguroso y propio sobre las implicaciones de la cobertura, la calidad académica y la sostenibilidad financiera del sistema.
Los rectores presentamos nuestras realidades institucionales, siendo la situación más crítica la expuesta por la Universidad de Antioquia, cuyo rector relató las medidas de ajuste presupuestal que han debido tomar. En ese contexto, se ratificó la necesidad de articular una estrategia conjunta para gestionar recursos adicionales ante el Ministerio de Hacienda, en virtud de los costos diferenciados que enfrentan las universidades de alta complejidad. También se abordaron temas como la infraestructura física, los registros calificados y acreditaciones, y el Plan de Fomento a la Calidad (PFC), entre otros, sobre los cuales se acordó que el Ministerio de Educación Nacional deberá realizar reuniones bilaterales con cada universidad para revisar sus cifras y necesidades específicas. Nuestras universidades enfrentan desafíos comunes y las acusaciones recurrentes sobre concentración presupuestal en las universidades más grandes carecen de fundamento técnico, aunque han hecho eco en ciertos sectores del Gobierno.
Para resumir, nuestra Universidad, como todas las universidades públicas, tiene situaciones financieras complejas. La Universidad del Valle recibe recursos de transferencias del Gobierno Nacional, vía Oficina del Tesoro del Ministerio de Hacienda. El presupuesto aprobado está por encima de un billón de pesos. Sin embargo, la Universidad viene arrastrando un déficit desde hace ya muchos años, como el resto de universidades, que se ha ido acumulando por varias razones.
Los recursos que se transfieren no reconocen las negociaciones que se hacen por los aumentos. Nos dan el incremento IPC, y algunos puntos adiciones, y necesitemos IPC más siete puntos, para estar en equilibrio financiero. El Gobierno Nacional ha hecho esfuerzos inmensos, que nos han dado recursos adicionales importantes, pero seguimos requiriendo más recursos porque la Universidad va creciendo. La Universidad del Valle requiere recursos adicionales, pero tiene un déficit manejable. Además, no tiene deuda financiera, pues existe la prohibición establecida por el Consejo Superior en 1998 de no utilizar recursos bancarios de crédito.
Les deseo éxitos en esta reunión y les reitero mi disposición y la de la administración de dar todas las explicaciones que sean necesarias para que haya claridad sobre un tema tan complejo. La Universidad del Valle cumple en 2025, 80 años de fundada. Es una organización consolidada académicamente, cuyas finanzas han sido manejadas con responsabilidad y transparencia. Con la colaboración de todos los miembros de la Comunidad Universitaria, confío en que así seguirá siendo en el futuro.
Guillermo Murillo Vargas, Ph.D.
24 de abril de 2025
