La valoración o los juicios respecto del cumplimiento o no del Acuerdo de Paz hacen parte de la disputa política y no deja ver los avances, pero tampoco los problemas de fondo del Acuerdo, del proceso de implementación y los retos comenta Adolfo Adrián Álvarez, profesor de la Universidad del Valle.

El crecimiento de los asesinatos de líderes sociales, las diversas evidencias de la disputa por el control territorial, la afectación de las comunidades y los ataques en el norte del Cauca y sur del Valle del Cauca y en otras regiones se interpreta como un momento de crisis de la Paz Total liderada por el Gobierno del presidente Petro. En este contexto, mientras el presidente continúa hablando de negociaciones con varios actores armados, pareciera que hay un cierto “descontrol del orden público”, o una especie de vuelta atrás.

Acudimos al  profesor Adolfo Adrián Álvarez, director del Instituto de Investigación e Intervención para la Paz de la Universidad del Valle para conversar sobre “la Paz Total”. Él señala que se trata de una política ambiciosa, una fase y contexto complejo que requiere afinar el análisis para contribuir al menos, a disminuir la confusión y a veces la desesperanza respecto de lo que viene pasando.

Agencia de Noticias Univalle: ¿Qué deberíamos saber de los procesos de paz para entender este momento coyuntural? 

Adolfo Adrián Álvarez: En primer lugar, estamos en una fase de un largo proceso de intentos por terminar  la violencia ligadas a la insurgencia política con “proyectos” de cambio revolucionarios del estado y de la sociedad, pero también la de otros actores, que sin tener un proyecto de transformación revolucionaria, de ser actores contrainsurgentes (AUC y diversos grupos paramilitares), terminaron convirtiéndose, en  actores con sus propios objetivos políticos (cooptación de sectores  del Estado, del presupuesto público,  dominio de la economía del narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión, el control territorial y las comunidades), para sus fines principalmente económicos, pero también de imponer nuevas formas de dominación. En efecto, diferentes gobiernos han intentado y  realizado procesos concretos con cada uno de esos actores, con logros y seguramente también con fracasos o avances relativos, pero que están para ser evaluados más rigurosamente y menos con el lente del “interés” por invalidar algo o alguien o validar otra perspectiva. 

En ese sentido, ¿cómo entendemos los procesos de paz y las conversaciones que adelante el Gobierno Nacional en este momento?

Lo nuevo es que este Gobierno lanzó simultáneamente la “idea fuerza” de negociar o conversar “con todos”, al mismo tiempo. Lo que parece no sólo complejo, sino que requería, o así se supone, preparación y afinamiento, de estrategias, condiciones materiales y también un manejo de los tiempos de los procesos y de la política en general.

El Gobierno ha abierto en año y medio, desde el anuncio de la paz total, varios procesos: una negociación con el ELN,  avanzando en una Agenda de negociación acordada inicialmente en marzo de 2023, y que llega en el mes de mayo de 2024,  por primera vez a un acuerdo sobre el tema de la participación de la “sociedad civil”. Por otra parte, en medio de tensiones avanza la mesa con el denominado Estado Mayor Central y se inician conversaciones con la Nueva Marquetalia, ambas disidencias de las extintas FARC; también hay instaladas, tres “mesas socio-jurídicas” (Medellín, Quibdó y  Buenaventura), con grupos criminales explícitamente asociados al narcotráfico, que además inciden en diversos territorios y ejercen ciertos “grados de control territorial y político”, de las comunidades y también de los gobiernos locales.

Se trata cada uno de procesos complejos, en tanto estos actores hacen presencia en diversas regiones, en muchas de las cuales no sólo se cruzan o coexisten, sino que disputan y despliegan sus proyectos y estrategias armadas y de control territorial.  Eso en principio parece audaz, así que  supone mucha coordinación y afinamiento de varias estrategias, que incluyen un claro liderazgo desde el Gobierno, el compromiso no sólo de entes estatales, sino de gobiernos territoriales, comunidades y diversas fuerzas políticas y sociales. 

Lo complicado es que el abordaje con cada actor tiene sus propias características. Son varias partidas de ajedrez simultáneas, pero en tableros integrados. Entonces aquí reside un problema y un reto, relacionado no sólo con el enfoque y el estilo del gobierno, sino con las capacidades reales de liderar y llevar simultáneamente con eficacia todos estos procesos de negociación y conversaciones.

De acuerdo a lo anterior, ¿podríamos decir que todos estos procesos hacen parte de la “Paz Total” promovida por el Gobierno?

Pues es parte, pero la idea o propuesta política, va más allá de negociaciones y conversaciones con grupos armados. Esto se relaciona con los alcances que se le da a la noción de paz. En primer lugar, la paz, como silencio de fusiles, proyectiles y bombas, que hieren y matan a las personas y a combatientes, esto es “paz negativa”. El gobierno, como muchos, considera que esta sólo es posible si se supera la “violencia estructural”, es decir si hay paz positiva, entendida como equidad y justicia social; a esta se agrega la noción de paz cultural, relacionada con la superación de toda forma de estigmatización y discriminación por razones (de género, étnicas, sociales, económicas y culturales).

En cierto sentido, el Gobierno asume estas nociones que vienen de Johan Galtung, uno de los referentes del campo de la paz. Además de las negociaciones y los acuerdos, el Gobierno apunta a “transformaciones estructurales”, para quitar lo que se considera la “causa” de que muchos sean absorbidos y llevados al ejercicio de la violencia directa, en cualquiera de sus formas organizadas.

En resumen, la Paz Total planteada por el Gobierno Nacional intenta apostarle a todo lo anterior, es por tanto ambiciosa y compleja. Esta política contiene las tres perspectivas de paz, porque busca resolver violencias directas, estructurales y culturales, simultáneamente. Es un reto demasiado grande y dicen algunos irrealizable o difícil de alcanzar. Que no sólo requiere más preparación y gestión, sino entender que la relación entre esas violencias no es tan mecánica como se señala y opera en forma más compleja.

Está demostrado que la violencia directa refuerza las estructuras y las culturas de exclusión, y sobre todo vulnera a veces en forma irremediable los derechos de las personas y las comunidades y las somete, debilita sus capacidades e impide el ejercicio de libertades básicas.  Muchos gritan o afirman que “sin empleo no hay paz”, “sin justicia social no hay paz”, “sin salud no hay paz”, “sin educación no hay paz” y así sucesivamente…  realmente están instalados en esa perspectiva, de que la violencia estructural determina el resto.

El asunto es que mientras persista la dominación y la violencia directa de actores ilegales, que no tienen ni límites ni controles, por más que se considere que tienen “principios” y que luchan por “causas justas o justificadas”, su accionar lleva a que amplios sectores sociales sean vulnerados en libertades y derechos básicos, y siempre como resultado se tiene un orden más injusto  que el que dicen combatir, no es sino revisar los Informes Basta Ya del CNMH y el de la Comisión de la verdad, para entender esto.  En nuestro caso la persistencia de la “lucha armada”, por más de sesenta años, fortaleció la dominación y la exclusión económica y política, e hizo más difícil los proyectos de cambio social. Los acuerdos para cerrar ese ciclo de violencia política, han contribuido decisivamente a procesos de transformación más profundos, un ejemplo la Constitución de 1991 y más recientemente, en el contexto del post Acuerdo de 2016, el primer gobierno de izquierda en la historia reciente del país. 

Para decirlo de otra forma, frente una pistola en la cabeza, es poco lo que puedo hacer, frente a la pobreza, siempre hay alternativas, como dice Max Neef, no se “es pobre”, se “está pobre” en un momento dado, pero podemos transformar la situación.  Claro se dirá que eso depende de las oportunidades y de otras “dotaciones”, lo cual también es cierto, cobrando sentido la idea de reformas sociales y económicas efectivas, de procesos, programas y políticas que fomenten las capacidades, las oportunidades y el acceso a derechos para las personas y las comunidades y esto no excluye sino demanda la propia “agencia” o compromiso de las personas y ciudadanos/as.

Entonces, esa es la otra cara de la “paz total”, planteada precisamente en el plan de desarrollo 2023-2027, del Gobierno Petro e insistentemente en su discurso.  Aquí el asunto es de pertinencia y eficacia de las reformas o los cambios propuestos. El problema es que estos cambios “estructurales”, también tienen reglas, requerimientos y temporalidades diferentes, respecto de los tiempos y dinámicas de la “violencia directa”. Esto nos lleva a otro tema el de la economía y la política de las reformas sociales, en momentos de verdadera transición y que son exigentes como procesos y dinámicas concretas de cambio político, y en los sustentos, soportes materiales-económicos, los contenidos y la gestión que requieren de las mismas. Pero esto sería asunto de otro tema.

Hablemos entonces de esos actores con los que se está negociando y ¿qué los hace tan complejos?

Por un lado, se está negociando muy activamente con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) con el que se acaba de firmar el primer punto en la mesa de negociación. Esta firma no es solo la construcción de una agenda, sino la aprobación de un método de participación, como asunto fundamental para el ELN. Esta negociación, está respaldada en la Ley de paz total 2272  de 2022 y en la tradición colombiana de negociar acuerdos con grupos guerrilleros con un “proyecto político”; no obstante hay  asuntos que han generado polémica como: el alcance de las mesas de participación  los “acuerdos”, su carácter vinculante y obligatorio para las partes;  la implicación del principio “punto acordado, punto  implementado”; sobre el fin del conflicto entre el ELN y el Estado, en donde no aparece claro el asunto de la dejación de las armas por la insurgencia.  Por el momento a pesar de los avances se habla de un momento de crisis o suspensión de los diálogos.

Por otra parte, se avanza en negociaciones y con un alto al fuego, con un sector del Estado Mayor Central grupo conformado por ex miembros de las FARC- EP no firmantes del Acuerdo de paz del 2016, si bien el Gobierno levantó el cese al fuego con las columnas que hacen presencia en el norte del Cauca (Dagoberto Ramos) y en el Valle (la Jaime Martínez), responsables de varios de los ataques a líderes y a la fuerza pública, de las últimas semanas. Esa negociación abre una ventana de oportunidad para posibles acuerdos que beneficiarán a diversos territorios y comunidades concretas, del Catatumbo, el Magdalena Medio y parte de los Llanos Orientales, donde opera el sector que permanece en diálogos con el Gobierno.  En contraste, parece más problemática la negociación con la Nueva Marquetalia porque sus líderes ( firmantes del Acuerdo de 2016) no pueden ser objeto de nuevas negociaciones, no obstante el Gobierno y sus negociadores, buscan una puerta para darle una salida a la expresión de “voluntad de paz” de este grupo, que justifica su abandono del Acuerdo por el llamado “entrampamiento” de uno de sus líderes (J. Santrich) y en el “incumplimiento” del Acuerdo, asunto que acota de facto, la propia agenda de conversaciones. La mesa se instaló y está en sus inicios, pero la apuesta del Gobierno es lograr, prontamente resultados.

Finalmente, están las mesas socio jurídicas con los grupos criminales, cuyo marco jurídico está pendiente de aprobación, que están operando en: Medellín, Buenaventura y Quibdó. En estas mesas participan el gobierno nacional, gobiernos locales, representantes de las bandas y sociedad civil.  Además, están siendo acompañadas por MAPP-OEA, ONU, las embajadas de Suiza y Noruega. Aquí es fundamental la participación de los gobiernos territoriales y la sociedad y se ha enfatizado mucho en el empleo a las juventudes y la eliminación del reclutamiento a menores de edad y el cese al fuego. Por ejemplo, en relación con la mesa de Buenaventura, y también de Medellín y el Valle de Aburrá, que cumplieron ya un año, en la última ha participado principalmente La Oficina de Envigado con nexos con más de 12 bandas y Los Pachelly.  En este caso parece positivo que se haya mantenido el espacio, con una amplia participación de sectores de la sociedad civil de Medellín, con acuerdos tácitos de reducción de la violencia en algunas de esas ciudades; no obstante, se reclama mayor atención y liderazgo del lado del Gobierno Nacional y de la Oficina del Alto Comisionado.

En los medios se dice que no se cuenta aún con la ley de negociación y sometimiento a la justicia de organizaciones delictivas y que se trabaja con La ley 975 de 2005 ¿esto es suficiente o se necesita una ley propia.

Esa es la Ley de Justicia y paz, que sirvió de base a la negociación y desmovilización de buena parte de las AUC; pero en el 2018 se aprobó la ley 1908, como complemento a los acuerdos de paz del 2016 y para desactivar las nuevas generaciones y otros grupos, pero con pocos resultados, por eso se ha planteado la pertinencia de un nuevo marco, pues se requieren propuestas audaces con incentivos más atractivos para esos actores, en un momento en que varios dicen “estar dispuestos”. Debe insistirse que ni son las primeras en Colombia y se discuten políticas similares en otros países, para garantizar un sometimiento más amplio y sostenible en favor no sólo de la paz y la convivencia, con mínimos de legitimidad y aceptación por el conjunto de la sociedad, lo que implica garantizar verdad, reparación y no repetición, en últimas un modelo de justicia restaurativa.

Agencia de Noticias Univalle
Laura María Parra Rodríguez