El Gobierno Nacional debe tener la disposición de coordinar con los gobiernos territoriales, independiente del color político. Ninguno de los tres últimos gobiernos ha tomado en cuenta la corrupción, como gran obstáculo a cualquier política de cambio y transformación. 

En el marco de la visita del Presidente Gustavo Petro a la ONU para presentar los avances del Acuerdo de Paz con las FARC -EP, conversamos con el profesor Adolfo Adrián Álvarez, director del Instituto de Paz de la Universidad del Valle. En la edición anterior publicamos la primera parte de la conversación que giró en torno al panorama de los acercamientos del Gobierno Nacional con los diferentes grupos armados. En esta edición, la conversación continúa con los avances del Acuerdo de paz, los vacíos territoriales que dejó este proceso y que deben ser abordados desde la presidencia, así como las gobernaciones y alcaldías.

Agencia de Noticias Univalle: 

¿Cuál es su balance del Acuerdo de Paz? 

Adolfo Adrián Álvarez: Mi hipótesis es que la interpretación sobre la aplicación del Acuerdo de la Paz con las FARC- EP y su cumplimiento se volvió parte de la disputa política llena de discursos contradictorios, no siempre objetivos y en muchos casos discutibles. Ejemplo, unos afirman “el acuerdo no se puede cumplir”, o “el estado colombiano no quiere cumplir el acuerdo”, otros actores hablan de perfidia o sea traición y engaño, entre ellos la Nueva Marquetalia y algunos académicos. Es cierto que no hay un cumplimiento pleno, pero el Acuerdo se planteó para cumplirse en un período de quince años.

Entre esta oleada de opiniones contrarias, ¿cómo podemos comprobar el estado de cumplimiento? 

El Acuerdo y su cumplimiento tienen seguimientos e informes de al menos seis instancias diferentes: el Instituto Kroc, la CISIVI, el Congreso Nacional, la contraloría, la defensoría del pueblo, la procuraduría, ONG y fundaciones independientes y a nivel internacional del Consejo de Seguridad de la ONU y la OEA. Desde el Instituto de Paz analizamos y hacemos monitoreo a los seguimientos y se identifica un avance desigual, en unos temas más que otros. 

Ahora bien, el Acuerdo avanza a pesar de los problemas de Gobernabilidad y de voluntad política de ambos actores (firmantes) y de problemas institucionales, incluyendo el desvío de recursos del fondo de Paz, como lo evidenció Informe de la Contraloría.

¿Cuáles son los temas en los que el cumplimiento es notable? 

En concreto, la Comisión de la Verdad cumplió su cometido, la JEP está funcionando, así como la Unidad de Búsqueda de personas desaparecidas, conforme lo estableció el Acuerdo. 

También se avanzó en aspectos de la reforma política. Que Petro fuera senador en el período anterior está conectado directamente con el estatuto de oposición del Acuerdo, espacio que también se mantuvo en las elecciones del 2022 y en las regionales del 2023. Además, la gran mayoría de excombatientes de las FARC se mantienen en la dejación efectiva, participan en la política y trabajan de diferentes formas por la paz y la reconciliación. También, la propuesta de paz territorial fue asumida por diferentes gobiernos territoriales desde el 2017, hasta el presente, como el Valle, Cauca y Nariño. 

Por otra parte, el Plan de Desarrollo del gobierno de Petro incluyó un capítulo completo sobre el Acuerdo con las FARC-EP y fue aprobado por el Congreso. Igualmente, en este Gobierno se avanza en la política de tierras y en el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos.

Entonces, ¿desde el seguimiento que ha hecho en Instituto de Paz, en qué puntos el Acuerdo no avanza? 

Como país teníamos un retraso de 50 años en la institucionalidad agraria que datan desde las contrareformas agrarias del gobierno de Misael Pastrana, con su política de las 4 Estrategias de 1970, tal como lo que señaló Absalón Machado, en un evento que hicimos aquí en Univalle en el 2017, a un año del Acuerdo. 

Por otra parte, la concepción de los Planes de desarrollo territorial de los 170 municipios más golpeados por el conflicto armado tiene problemas de concepción en el Acuerdo y en su desarrollo. A esto se refirió varias veces el saliente director de Planeación Jorge Iván González: pretender procesos de desarrollo a base de listas de mercado que, si bien se construyen con “participación”, no conducen a transformaciones estructurales. 

Un punto del todo quedado es el que se refiere al tema de sustitución de cultivos ilícitos. Al respecto, se viene trabajando en la concepción de una nueva política sobre el tema de las “drogas” y la “sustitución de economías”, pero el nivel de gestión y aplicación es muy lento; además, el problema de la droga rebasa a Colombia. Con su gran impacto en la permanencia o reproducción de nuevos carteles y la llegada de grupos como el Clan del Golfo, a esto hay que sumar la fuerza tomada por la minería ilegal, la extorsión y las economías ilegales, que implican una nueva fase de criminalidad y violencias, como bien ha señalado el mismo Petro. Esto no puede abordarse sólo a nivel del país, implica acuerdos y política de ámbito internacional y transformaciones en el enfoque de combate, que avanza muy lentamente, mientras sus consecuencias nos afectan especialmente.

¿Hay una posible crítica que usted le haga al Acuerdo? 

Una crítica es que el Acuerdo fue centralista y el Gobierno Nacional debe tener la disposición de coordinar mucho más con los gobiernos territoriales, independiente del color político. Además, es esencial fortalecer el Estado de Derecho, el liderazgo y la acción de todo el Estado, pero también de la sociedad civil y las comunidades, respaldando sus iniciativas. Es cuestión de gobernanza, es decir, de liderazgo público, de participación efectiva de la sociedad, de las comunidades, de las empresas privadas y de las mismas comunidades académicas, mediante procesos convergentes, de concertación y cooperación, orientados hacia una dirección común: superar causas profundas, quitar apoyo y erradicar toda forma de violencia directa, avanzar en procesos inclusión y de desarrollo integral, con mayor incorporación de ciencia, tecnología e innovación.

Usted decía que un gran obstáculo del Acuerdo es la corrupción, ¿nos puede explicar esta relación?

 El Acuerdo ha evidenciado la problemática de capacidad institucional del Estado Colombiano, conectada al clientelismo y la corrupción. Pero es lo que ha pasado con muchas políticas y programas, un ejemplo sencillo: la provisión de agua potable en todo el territorio, es una función de los municipios desde las reformas descentralizadoras de hace casi cuarenta años, hay tecnología y conocimiento para llevar agua a todas partes -pregúntele a los colegas de Cinara – y si bien pueden faltar capacidades en muchos municipios; en no pocos casos se han perdido los recursos destinados al tema o no se ejecutan, indague por ejemplo sobre los casos de Quibdó y Buenaventura. No es que “el Estado los abandonó”, es el propio abandono, la falta de control social y político por las mismas comunidades, allí volvemos al círculo perverso, los actores violentos y el uso de la violencia impiden  que las comunidades y los/as ciudadanos/as participen y presionen eficazmente la ejecución de políticas y programas. 

Este Gobierno para “resolver” el tema del acceso al agua en regiones apartadas le asignó la responsabilidad al Ministerio de la igualdad¡; en realidad ni en el Acuerdo, ni ninguno de los tres últimos gobiernos ha tomado en serio el tema institucional, ni el de la corrupción, como gran obstáculo a cualquier política de cambio y transformación.

Recapitulemos, usted nos ha explicado la complejidad del conflicto y de la paz ¿nos falta hablar de una política nacional de paz? 

Existe una Política Nacional de Paz, que se supone es la “política de la Paz Total”, pero esa política requería y requiere, más diseño,planeación y gestión, y afinar muchos detalles y estrategias. No es posible que, después de tantos años de negociaciones en Colombia, no se parta de las lecciones aprendidas y de acumulados diversos. Conceptualmente, no está mal hablar con todos estos actores y buscar incidir en la paz positiva y en la cultural a través de políticas de 1convivencia y de diálogo social. Lo que hay que entender es que la sola declaración de la Paz Total como política produce y produjo acciones y reacciones. Recuerden que inició con el anuncio del Presidente de negociar con todos los actores, el primer efecto fue empoderar a los grupos armados y se pusieron en marcha para mostrar su fuerza y capacidad de control de los territorios. En parte esto se ha visto en los últimos meses en el suroccidente, luego vino la arremetida de parte de la fuerza pública, especialmente para llegar a lo que se considera el corazón de la economía de la droga: el Plateado. 

En otras palabras, el Estado tenía que prepararse para esa política. Si el propósito es negociar con grupos que están en armas y hacen presencia en los territorios, violentando derechos y libertades de las comunidades (algunos dicen que también  beneficiándolas” o que ella termina cooptada por esas lógicas), entonces el estado debe tener capacidad disuasiva, es decir, contar con una capacidad de sometimiento y control para llevarlos aceptar como imperativa la negociación. Siempre con el principio de respeto pleno a los derechos humanos por parte de la Fuerza Pública, sobre lo cual se ha avanzado en forma importante en este Gobierno. En síntesis, el Estado necesita capacidad disuasiva y en cierto sentido contundencia en el combate de la criminalidad. Muchos señalan que la política de paz, sí o sí requiere una política de seguridad. Habría que decir que esta política requiere el apoyo, la participación y el compromiso de las comunidades.

¿Qué papel juega el tema del Acuerdo Nacional? 

Este proceso es un juego de ajedrez complicado, porque no es una sola partida, sino que son varias que se juegan en simultáneas, con actores y en dimensiones diversas. Una partida en el Valle del Cauca, en el Cauca, en Nariño; otra en el Caquetá y los Santanderes; otra en Antioquia, otra en Medellín, Buenaventura y Quibdó, y otra esperando que avance la aplicación del Plan de desarrollo y las políticas de transformación. 

En resumen, es un proceso que implica: liderazgo fuerte, preparación y articulación entre los niveles del gobierno, de la Fuerza Pública, la justicia y las comunidades. Por eso, no se puede excluir a algunos actores. Aparentemente, eso es lo que busca el Gobierno cuando se reúne con los grandes “cacaos”, con Uribe y con la Minga, sin embargo, no puede haber exclusiones. Un Acuerdo nacional de “yo con yo”, no lo es; o con “los míos”, termina no siendo ni Acuerdo ni Nacional. Como lo ha afirmado el Senador Iván Cepeda del corazón del Pacto Histórico, hay que trabajar por el Acuerdo en serio. Pienso que probablemente hay que comenzar con acuerdos regionales y no sé si sectoriales, por ejemplo, los empresarios proponen un Acuerdo para la reactivación, los alcaldes y los gobernadores para la seguridad, y las propias reformas en el Congreso podrían hacer parte de ese acuerdo, pero entonces hay que contar con todas las fuerzas que allí hacen presencia. Creo que, aunque el gobierno lo ha anunciado, no hace todo lo necesario por un Acuerdo Nacional y creo que un punto relevante del Acuerdo Nacional, debería ser este de la paz y la seguridad.

Por: Laura María Parra Rodríguez
Agencia de Noticias Univalle