Acontecimientos coyunturales que fueron el detonante de grandes expresiones de inconformidad hacia problemáticas estructurales, sobre todo en los sectores más populares de la ciudad; un círculo de violencias ejercidas por diversos actores durante los días del paro; la falta de continuidad de intervenciones sociales para los jóvenes de las zonas más vulnerables de la ciudad y una posible manipulación a los noveles participantes en los desmanes y las afectaciones a la propiedad pública y privada, son algunas de las hipótesis que tienen dos investigadores de la Universidad del Valle para explicar las causas de la crisis que por el momento aqueja a la ciudad.

Los investigadores formularon reflexiones sobre la situación de violencia que se ha desencadenado en Cali durante las últimas semanas desde distintas orillas: una enfocada en el análisis social y la otra a partir de una perspectiva epidemiológica.

Un análisis sociológico

“Así como en los setenta Cali era reconocida como la ‘capital deportiva de América’, luego se convirtió en la ‘capital de la salsa’ y posteriormente en la del narcotráfico, ahora se construye una nueva imagen de la ciudad a partir del apelativo de ‘capital de la resistencia’, que empezó a tomar fuerza desde las protestas de noviembre de 2019”, señala el profesor Jorge Hernández Lara, docente del Departamento de Ciencias Sociales e investigador del Centro de Investigaciones y Documentación Socioeconómica - CIDSE de Univalle, que desde hace más de 40 años contribuye al análisis social y económico del país, con énfasis especial en el Suroccidente.

Para el sociólogo, estas protestas se dieron por causas coyunturales que se suman a las estructurales: “La causa de esta protesta en toda Colombia, pero de manera más intensa en Cali, es una combinación de dos cosas: la primera es la ineptitud de las autoridades para manejar la situación con fórmulas políticas y que no sea la represión la primera o única alternativa. Por el otro lado está la expresión de una gran irritación acumulada y profunda que no pasa por la mente, pero sí por el corazón: un sentimiento de injusticia arraigado que puede llevar a la gente a actuar de forma espontánea e incluso radical”.

La pandemia hizo un paréntesis para las grandes reclamaciones y movilizaciones que se dieron en la ciudad desde el 2019. En el marco de las manifestaciones de ese año se empezó a resignificar la geografía urbana a partir del renombramiento de espacios populares de la ciudad como Puerto Rellena, ubicado en una importante zona de acceso al Oriente de la Cali, ahora llamado ‘Puerto Resistencia’. Desde entonces, las marchas que tradicionalmente confluían en el Centro Administrativo Municipal -CAM o en la Plazoleta de la Gobernación, finalizan en este punto.

“Los ciudadanos renombraron el lugar y lo llenaron de contenido, convirtiéndolo en otro referente. Asimismo, durante este paro otros puntos de la ciudad han sido resignificados: es el caso del renombramiento de la Loma de la Cruz como ‘Loma de la Dignidad’ y del Puente de los Mil Días como ‘Puente de las Mil Luchas’.

Los activistas caleños han desarrollado una táctica de acción colectiva contenciosa de la que apenas hay atisbos en otras ciudades del país y que no figuró a finales de 2019”, enuncia el profesor Hernández Lara.

Para garantizar que el paro no se limitara a una marcha, surgió la estrategia de los puntos de resistencia, de los cuáles hay al menos 13 en la ciudad. “Estos son bloqueos realizados por jóvenes de los barrios populares que se mantienen por varios días con barricadas artesanales para impedir el flujo de cualquier tipo de tránsito”, afirma el sociólogo.

Sin embargo, con el paso de los días los organizadores del paro han perdido el mando de esta dinámica popular y dichos puntos de bloqueo se desgastan, pero siguen paralizando la movilización masiva en la ciudad.

En algunos de estos espacios se han dado confrontaciones entre vecinos, como es el caso del punto de bloqueo ubicado a las afueras de la Universidad del Valle, un paso obligado hacia el sector de Ciudad Jardín y Pance, barrios en la cima de la estratificación social.

“Se empiezan a generar conflictos entre civiles y esto implica una singularidad de lo ocurrido en Cali”, apunta el investigador.

El profesor Jorge Hernández hace un análisis sobre lo que denomina un ‘círculo de violencias’ que ha tenido a Cali como escenario durante los últimos días:

“Al inicio de esta escala, están las protestas masivas de noviembre de 2019 y abril del 2021 en las que aparece una primera violencia: la represiva policial, ejercida por un cuerpo que no está bien formado profesionalmente para controlar el orden público sin producir más violencia. Este puede ejercer una violencia brutal, ilegal y criminal contra los sectores que protestan.

Después viene la violencia colectiva como una reacción de los manifestantes contra la violencia policial. En ese momento incluso gente muy pacífica puede volverse violenta frente al abuso contra sus pares.

Por su parte, la violencia oportunista se caracteriza por saqueos, destrucción de bienes públicos y establecimiento de peajes urbanos ilegales por parte de quienes aprovechan el desorden.

La violencia vengativa es ejercida por habitantes de los barrios más acomodados de la ciudad, que manifiestan sentirse secuestrados por los bloqueos. Parte de esa población se expresa de forma pacífica, pero otra usa las armas, como sería el caso de quienes protagonizan atentados, efectuados desde camionetas particulares, hacia los otros civiles que custodian los ‘puntos de resistencia’.

Por último, está la violencia profesional del Ejército, cuya intervención hasta ahora se ha apartado del ejercido de la violencia y ayuda a controlar un poco la situación”, formula el investigador.

En el estallido ocurrido en Chile a finales de 2019 se encontró una salida política y dialogada a una crisis similar, situación que derivó en una nueva Constitución, “Aquí no necesitamos otra Constitución, pero ¿qué tal una renta básica con prioridad para los jóvenes de los sectores más afectados por la crisis que trajo la pandemia?”, propone el profesor Hernández Lara.

Un abordaje desde la epidemiología de la violencia

El enfoque epidemiológico de la violencia urbana tiene en cuenta factores de riesgo como la formación de valores, la presencia de un referente de autoridad y la disfuncionalidad en la familia. Los estilos de crianza también constituyen un signo de alerta según la profesora María Isabel Gutiérrez Martínez, docente de la Escuela de Salud Pública e investigadora del Instituto Cisalva, pues el castigo físico está relacionado con la toma de justicia por mano propia, la violencia interpersonal e intrafamiliar. Entre otras causales del fenómeno de la violencia urbana están la impunidad y la consecuente reacción ante ésta que deriva en nuevos brotes. La inequidad, la falta de acceso a la educación y al empleo son otros factores de riesgo importantes.

La investigadora llamó la atención sobre la pérdida de continuidad en la actual administración municipal del trabajo de atención integral a jóvenes en situación de vulnerabilidad que se llevó a cabo durante el periodo de gobierno del exalcalde Maurice Armitage.

En un recorrido de más de 25 años, Cisalva ha estado presente en los territorios del Oriente y la Ladera realizando diversas intervenciones para prevenir la violencia y promover la convivencia. El programa ‘TIP Jóvenes Sin Fronteras’ fue ejecutado entre el 2016 y el 2020 por este instituto de investigación, de la mano con la Policía Metropolitana y financiado por la Secretaría de Seguridad y Justicia de la Alcaldía de Cali. “Era un proyecto de intervención social para jóvenes vulnerables que no caía en el asistencialismo. En esta iniciativa se hizo un abordaje integral que involucró atención psicosocial, oferta cultural, deportiva y para el uso del tiempo libre, así como oportunidades educativas y laborales para los muchachos de las zonas más vulnerables de la ciudad", indicó la profesora Gutiérrez.

“La situación de orden público en Cali se salió de las manos porque una gran cantidad de jóvenes sin oportunidades, como los que habían sido beneficiarios de este proyecto, aún no miden las consecuencias de sus actos y fueron manipulados por otras personas que están detrás de los vandalismos al MIO y a la propiedad privada que se dieron en las jornadas de protesta”, manifestó la epidemióloga, quién también señaló que muchos de los jóvenes entre los 14 y 21 años que se involucran en hechos violentos provienen de familias disfuncionales, con una figura de autoridad ausente.

“Nos hemos encontrado con desigualdad, inequidad y falta de oportunidades para esta población, en su mayoría de origen campesino, que en la ciudad no encuentra facilidades para desarrollar un proyecto de vida. La situación económica de estas personas es difícil y hay dificultades en el acceso a la educación, no por la carencia de oferta, sino porque existen fronteras invisibles en los territorios que dificultan la movilidad para los jóvenes en algunos sectores. Ante la falta de empleo también existe la posibilidad del dinero fácil”, menciona la profesora Gutiérrez Martínez.

Históricamente, la elevación de las tasas de homicidio en Cali, un indicador por el que esta ciudad ha sido señalada con preocupación, coincidió con la llegada de los desplazamientos masivos, originados no sólo por el conflicto armado sino también por desastres naturales en el Pacífico. Para la epidemióloga, estas inmigraciones rompen el enfoque de ciudad: “En la ladera y el Oriente se ven perfiles muy diferentes a los de los habitantes del resto de la zona metropolitana en relación con culturas, problemáticas y factores de riesgo que afectan a la población", afirmó.

Gutiérrez manifiesta estar a favor de las marchas pacíficas y del derecho a la protesta frente a la equivocada decisión del gobierno nacional de proponer una reforma tributaria en medio de la pandemia y de una crisis económica que afectó a todos los sectores. Sin embargo, rechaza lo que denomina la vulneración de los derechos de los otros ciudadanos durante las jornadas del paro en Cali: “Cuando empiezan a vulnerarse los derechos de los demás ciudadanos y se generan secuestros y bloqueos, el problema detona en otros lados. No todas las personas se autocontrolan y como agravante venimos de la cultura del dinero fácil en la ciudad, por lo que mucha gente sigue armada pese a que los civiles no deben tener armas”.

A diferencia del investigador Jorge Hernández, María Isabel Gutiérrez no está de acuerdo con la propuesta de una renta básica para los jóvenes de los sectores más vulnerables, pues lo considera asistencialismo, y al asistencialismo como ‘el padre del subdesarrollo’. “Creo que es mejor darles oportunidades de empleo y que se ganen esa renta básica, que no se les regale nada porque acabamos con su necesidad de crecer como personas y eso no se lo podemos hacer a la juventud colombiana”, dice la investigadora, quien también afirma que, pese a lo ocurrido en estas últimas semanas en la ciudad, Cali sigue siendo la Sucursal del Cielo y un buen vividero.

Una revisión a la historia de la ciudad

El conversatorio virtual ‘Cali en medio de la crisis’, en el que tuvo lugar este encuentro de distintas perspectivas de análisis sobre la situación actual de la capital del Valle del Cauca, fue organizado por el Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Bogotá y se llevó a cabo el pasado martes. “La sociedad caleña mantiene una relación muy fuerte con el territorio”, concluye el profesor Fabio Zambrano Pantoja, director de este instituto y moderador del evento, después de hacer una revisión de la historia de Cali, la ciudad sobre la que el mundo ha puesto sus ojos en los últimos días por ser el escenario donde han tenido lugar la mayor cantidad de expresiones de violencia durante el paro nacional, que inició el pasado 28 de abril.

Después de ser asignada como capital del departamento en la fundación del Valle del Cauca, a inicios del Siglo XX, Cali llegó tardíamente a iniciar su transformación en ciudad moderna, en comparación con otras del país. Entre las décadas de los cuarenta y cincuenta esta región tuvo un importante desarrollo industrial, que sobre todo benefició al sector agrícola.

Terratenientes, azucareros e industriales tuvieron un papel protagónico en el desarrollo de la región y la nueva urbe, en el que también establecieron a sus representantes como clase política dirigente. Desde entonces, la historia de Cali ha estado marcada por una fuerte influencia de lo privado sobre lo público.

En los años setenta surgió en esta ciudad una nueva clase política de corte populista, mientras que, entre los ochenta, hasta su declive en los noventa, las dinámicas de la ciudad estuvieron marcadas por el apogeo del narcotráfico, la cercanía estratégica al puerto de Buenaventura y un crecimiento demográfico acelerado, qué tan sólo en 20 años duplicó la población, pasando de un millón a dos millones de habitantes. Durante ese período se produjeron las mayores migraciones a esta ciudad.

A principios de los noventa las tasas de homicidio en Santiago de Cali también empezaron a tener un incremento alarmante. Actualmente, Cali mantiene fuertes líneas de exclusión urbanas que atraviesan factores étnicos, económicos y espaciales.