Durante cinco días la Universidad del Valle acogerá la cuarta edición del ‘Congreso Latinoamericano sobre Conflictos Ambientales’, en el que también participan la Red CoLCA y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales - CLACSO.

En esta ocasión, el congreso pondrá especial foco en temas asociados a los conflictos y sus convergencias con la paz ambiental y las transiciones energéticas en América Latina. Según se enuncia desde la organización del congreso, esta intersección adquiere especial relevancia una vez alcanzado el ‘Acuerdo de Paz’ en 2016, debido a los desafíos generados en torno a la dimensión socio-ecológica de esta transición. 

En particular, para los organizadores del evento son de especial interés los temas relacionados con la declaración de la naturaleza como víctima del conflicto, así como los nuevos procesos de despojo y las nuevas formas de acaparamiento de la tierra, el agua, los servicios ecosistémicos y otros bienes comunes tras la firma del Acuerdo. 

“En este contexto, si la guerra y el extractivismo están vinculados con la naturaleza, las posibilidades de una transición hacia una paz duradera y hacia procesos diversificados y menos conflictivos de producción también dependen de re-pensar, re-sentir y re-hacer las relaciones socio-ecológicas. Un giro ontológico, como se ha llamado, resulta urgente para pensar y vivenciar mundos más justos y sustentables”, sustenta la organización del evento.

El encuentro inaugural, que alcanzó gran convocatoria, contó con la participación de reconocidos investigadores internacionales en el campo ambiental, entre los que se destacan Joan Martínez-Alier (España), Arturo Escobar (Colombia), Enrique Leff (México), Gabriela Merlinsky (Argentina), Alberto Acosta (Ecuador), Astrid Ulloa (Colombia), Erick Gómez-Baggethun (Noruega), David Barkin (México), Roldán Muradian (Brasil), entre otros.

De igual manera, al acto inaugural que tuvo lugar en el Auditorio 3 de la Ciudad Universitaria de Meléndez asistieron Johannio Marulanda Casas, decano de la Facultad de Ingeniería; María del Carmen Castrillón, vicedecana académica de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, así como Luis Carlos Castillo, secretario general de la Universidad del Valle, quien aprovechó su intervención para extender obsequios de reconocimiento al  investigador de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill Arturo Escobar y a la  ministra de minas y energía Irene Vélez Torres, quien dedicó estas palabras al auditorio:

-Esta historia que hoy nos toca contar es una historia de cambios, una historia que implica vértigo. Quisiera comenzar entonces saludando a mis profesores, a mis colegas, a los directivos, y sobre todo a los estudiantes, pues es con su pensamiento joven, renovado y crítico que vamos a ser capaces de defender el cambio que este país necesita hoy y va a seguir necesitando.

Mover las brechas es absolutamente necesario para poder lograr el cambio que nos hemos propuesto. Y esas brechas se vencen primero desde el pensamiento crítico y por supuesto, desde la acción política que en esta Universidad tanto hemos aprendido a hacer.

Cuando estaba preparando estas palabras pensaba que tenía siempre la tentación de hablar desde la academia; por esta razón voy a hacer una mezcla de cosas. Voy a hablar sobre cómo, siendo una académica, estar en gobierno me cuestiona ciertos asuntos del hacer, de la cotidianidad, de lo que significa dirigir un Ministerio como este. Pero también les voy a contar lo que estamos haciendo hoy, afrontando este cambio de paradigma. 

Hace unos días tuve la oportunidad de debatir sobre lo que significa estar en un gobierno de cambio, y pensábamos que había cuatro dilemas que nos plantea este accionar político distinto.

En primer lugar, hay un dilema tremendo entre cómo liderar una agenda ambientalista en una cartera de Minas y Energía, en el contexto de un país que históricamente ha sido dependiente de las industrias extractivas minero-energéticas:  Ese no es un dilema menor, porque es el dilema que nos pone por un lado la justicia ambiental y por otro lado la justicia económica. La manera cómo está construida la economía nacional significa que depende de estas industrias extractivas, eso lo sabemos los académicos que hemos venido trabajando estos temas durante décadas. 

Ahora, estar en el gobierno significa que tenemos que revisar cuáles son los recursos necesarios para que esa transición, para que ese independizarnos de las industrias extractivas sea posible. Y para eso, nuestro mayor desafío es cómo propiciar otras economías. Esto quiere decir que tenemos que darle un giro a la economía capitalista que está fundamentada en la extracción de materias primas en geografías del sur global como la nuestra. 

Pensábamos también en un segundo asunto que tiene que ver en cómo adelantar un gobierno de cambio en un contexto altamente mediatizado: es distinto haber hecho gobierno de cambio veinte años atrás, sin redes sociales, cuando hoy también se nos valora políticamente desde esos espacios y cuando mucho de lo que estamos diciendo primero se divulga en los medios, antes que hayamos podido hacer una conceptualización técnica sobre esos asuntos. Esta agenda que nos ponen los medios significa que tenemos que estar gobernando también en ese ámbito de lo mediático, eso es absolutamente nuevo, y mucho más difícil, más cuando hay una estructura de comunicación que no permite que las ideas de cambio tengan un lugar en la  agenda política pública.  

Abordamos otro dilema que tiene que ver con cómo gobernar con valores, rigurosidad y pensamiento crítico, cuando el tiempo de la política es otro. 

Conversaba hace un momento con una investigadora que decía: nosotros queremos contribuir, pero el tiempo de la política va mucho más rápido que el tiempo de la academia. Frente a esto pensaba hace un par de semanas, cuando necesitaba adelantar una sistematización, que en el tiempo que tardamos en suscribir un convenio con, digamos, alguna Universidad, se habrá cumplido el plazo en el que el documento tiene que estar listo.

La temporalidad de este gobierno es una temporalidad abismal. Y es así porque tenemos que responder, todo el tiempo, por escenarios de crisis. Estamos enfrentando crisis económicas duras, crisis sociales duras, herencias también de décadas de gobierno y desgobierno, y todo eso lo estamos afrontando en la cotidianidad, lo cual significa que los tiempos en los que quisiéramos gobernar son distintos a los tiempos en los que realmente podemos hacerlo. Nos abruma de alguna manera esa agenda.

Un cuarto elemento que planteamos tenía que ver con cómo evaluar a este gobierno, cuando los criterios, las matrices de evaluación, los indicadores, los marcos de referencia, son los de un gobierno ortodoxo. 

Estamos trabajando en un Plan de Desarrollo que sea mucho más progresista, mucho más comprometido con otro tipo de conceptualizaciones, con otro tipo de parámetros. Pero el indicador no existe en el DNP, no existe en la Unidad de Resultados del Ministerio. 

Entonces tenemos que comenzar a negociar, y esa negociación toma tiempo. Pero sobre todo toma un esfuerzo epistemológico, porque necesitamos que quienes están haciendo la planificación piensen las formas de gobernar de otras maneras. Se piensa en la necesidad de construir otros mecanismos de evaluación, otros mecanismos para proponer las metas hacia dónde nos dirigimos como gobierno.  

Y finalmente, que la economía que nos han enseñado, en el mejor de los casos, puede ser redistributiva. Ya hemos visto que las economías distributivas en los gobiernos de izquierda de América Latina tuvieron la dificultad de que siguieron profundizando su modelo extractivista. Por ello estamos pensando que pueden existir modelos pre-distributivos, donde se genere la riqueza con las comunidades y desde el origen de la generación de esa riqueza, poder distribuirla. Pero es un modelo que aún no se ha inventado. 

Cuando me preguntan a qué países se está mirando para poder replicar ese modelo, les respondo que estoy mirando ejemplos, pero que no ha habido una política nacional centrada en un modelo distinto, lo cual quiere decir que nos toca por primera vez construir nuestra propia historia. Y construir nuestra propia historia No es fácil en un contexto con un legado colonial, patriarcal y capitalista, y por eso ser gobierno hoy tiene tantos desafíos. 

Tenemos además una crisis civilizatoria, pero que en nuestro contexto se expresa claramente en una crisis ambiental. Cuando nos preguntamos por la crisis climática siempre he considerado que es absolutamente abstracto, hasta que vemos la manera diferenciada en que la crisis se expresa en nuestra geografía y en las comunidades y territorios más vulnerables a nivel nacional. Las lluvias, por ejemplo, son mucho peores en los barrios populares de las grandes ciudades. Es mucho peor en las zonas que han tenido que vivir la degradación de suelo, la deforestación, a causa también de una pobreza que empuja a muchos campesinos a tener que arrasar con sus ecosistemas. 

Quiere decir que nosotros estamos pensando en la crisis climática y la crisis ambiental no solamente porque tenemos que cumplir con nuestros compromisos respecto a la reducción de gases de efecto invernadero, que es una problemática y es global. Sino también porque nosotros, además de la crisis climática, tenemos que lidiar con una crisis ambiental que ha sido generada por el propio modelo de distribución desigual de la riqueza y de distribución desigual de los daños. 

Es entonces cuando vamos al Congreso y defendemos la perspectiva de que tenemos que reducir o descarbonizar nuestra economía, y nos dicen que la producción de gases de efecto invernadero en Colombia es menos del 1% que es más importante frenar la deforestación. Y nos preguntan ¿para qué la descarbonización en el sector minero energético, si realmente ahí no se produce el impacto?

Entonces la respuesta que ofrecemos es, por un lado, porque es un compromiso moral y aquí importa algo más que la economía, tenemos otros principios que también son importantes, pero también porque para nosotros las industrias extractivas han generado daños, no solo respecto a la emisión de gases de efecto invernadero, sino también a las relaciones desiguales que se crean en el territorio.

Ahora, eso no quiere decir que vamos a dar pasos al vacío y es donde la mayor dificultad ha sido en el campo comunicativo, público y mediático. 

Nosotros queremos hacer una transición energética justa y una transición energética que al ser justa debe ser segura. Y para ser segura en nuestro caso debe ser paulatina. Paulatina no es lenta, porque también esa es otra dificultad. Hacerlo lento puede hacerlo sumamente costoso por los impactos que percibiríamos al no hacer los cambios tecnológicos, sociales y económicos en el momento adecuado. 

Paulatina significa que queremos estudiar, analizar cuáles son las condiciones, cuáles son los recursos y cuáles son los tiempos en los cuales podemos hacer una transición que responda de manera adecuada a las necesidades ambientales y sociales de nuestro país. 

Decíamos con la ministra de medio ambiente, Susana Muhamad, que no hay tiempo porque básicamente ya cerramos una ventana de oportunidad para cumplir con los compromisos que ha indicado el IPCC y eso nos pone a frente al compromiso de acelerar la transición energética y las transiciones, tal como lo enseña el profesor Arturo Escobar, no obedecen a un único modelo. 

Creo importante que pensemos las transiciones desde preguntas clave: con quienes hacemos las transiciones, cuál es la dirección de la transición, para que la transición y cómo la transición. Estas son preguntas que migran de la economía ecológica, de la economía política, y enunciarlas hoy nos permite saber que no solo estamos hablando de una transición tecnológica, porque la transición tecnológica podría simplemente reproducir una economía verde que favorezca a las corporaciones en un contexto de reducción de gases de efecto invernadero. 

Nuestro interés es ir mucho más allá y asegurar que la transición energética justa beneficie a las comunidades históricamente excluidas.  Y eso tiene otros desafíos, tanto epistemológicos como económicos y políticos. Y en eso estamos. 

Estamos precisamente construyendo esas otras matrices de cambio, en las cuales podemos asegurar que los beneficios también son percibidos por las comunidades locales desde el primer momento, y no esperando a que la riqueza de la vuelta a través de las regalías y de la generación de empleo. 

Ese cambio del modelo significa que necesitamos pensar las economías populares, y lo que desde el programa de gobierno hemos llamado las alianzas público, privado, comunitarias, que quiere decir qué vamos a hacer Alianzas también económicas, también modelos de negocio que nos permita, pensar con la gente, cuáles son sus beneficios, cuáles son las formas en que ellos quieren dirigir y orientar sus agendas territoriales. 

Eso pasa también, necesariamente, por otro elemento de la transición energética justa y es cómo generar participación vinculante. No solamente se trata de garantizar un derecho constitucional a la consulta previa, libre e informada, sino que se trata de asegurar que esas visiones de las líneas indígenas, de las comunidades afrodescendientes, de las comunidades populares, hoy pueden hacer parte de la agenda política. Se trata de hacer un gobierno con la gente y para la gente, porque no de otra manera logramos que Colombia sea potencia mundial de la vida.