Freddy Mariñez Navarro, experto mexicano en políticas públicas y gestión. Profesor del doctorado en ciencias sociales del Colegio de Jalisco.
Que la gestión de lo público y el diseño y ejecución de las políticas públicas en los distintos países debe sufrir grandes cambios, es algo que pocos controvierten. Los nuevos modelos, las nuevas formas de gobernabilidad y de gobernanza las que deben revisarse y establecer hasta cuándo las formas de actuación estatal e interacción con las sociedades deben mantener algunos componentes y cambiar otros.
Para el profesor Freddy Mariñez Navarro, el modelo de gestión pública conocido como llamado New Public Management (NPM versión inglés) o Nueva Gestión Pública (NGP versión español), debe ser replanteado. Este modelo de gestión de lo público se impuso en el mundo occidental en especial después de la década de los ochenta del siglo pasado y ha tenido como grandes objetivos redimensionar - en general achicar- el tamaño del sector público y estructurar su funcionamiento conforme a principios de gerencia basados en los desarrollos de las organizaciones empresariales privadas.
Sin embargo, el NPM no cumplió durante estas décadas su promesa central de lograr Estados más eficientes. Los servicios públicos y básicos todavía tienen grandes dificultades en muchas ciudades, también ha aumentado la desigualdad social y no ha posibilitado formas de control jerárquico acordes con las necesidades del mundo actual. Adicionalmente, se presentan fenómenos como la fragmentación de las políticas públicas y de los aparatos políticos nacionales y subnacionales y bajo mejoramiento de las capacidades de gestión del funcionariado. Además de la descoordinación de las agencias gubernamentales.
Hoy el gran hecho desencadenante de los grandes cambios sociales, la pandemia del covid-19, hace que los gobiernos, funcionarios públicos, analistas de políticas públicas y de las ciencias políticas se pregunten sobre cómo lograr mejores sociedades y mejor gestión de los Estados con base en los marcos democráticos, destaca el experto.
Uno de los aspectos de mayor importancia es la autonomía, señala el experto, si no existe la autonomía de los poderes públicos frente a intereses sectoriales, grupos de presión económicos y proyectos individuales, se vulnera el interés público. Así mismo, en el marco de un mundo inestable e inseguro, se requiere reforzar ampliamente la coordinación y la integración. También es necesario recentralizar algunas políticas para dotar de mayor capacidad los centros de gobierno.
Según el analista Mariñez Navarro, quien hace parte del equipo expertos del Grupo Latinoamericano por las Políticas Públicas –LAGPA- que integran expertos de 11 países, se requiere una visión Post Nueva Gestión Pública que tenga en cuenta cambios de orden ético que equilibre y conjugue libertades civiles irrenunciables y una autoridad estatal legitimada en la promoción de la participación, la rendición de cuentas, la transparencia y una renovada visión de la gobernanza pública. De igual forma estas nuevas formas de eticidad deben impulsar liderazgos que generen ambientes en los cuales la ciudadanía se integre a procesos para resolver problemas colectivos de la mano con el Estado (superación del esquema paternalista donde el Estado traza las intervenciones e impone soluciones).
El profesor Mariñez Navarro propone una renovada ética pública que posibilitará recuperar la confianza en las instituciones con base a la integridad pública y en aspectos como la integración cultural y la construcción colectiva de normas y valores organizacionales. Un Estado confiable requiere mayor capacidad administrativa, establecer nuevas relaciones con la ciudadanía interpretando mejor sus necesidades, fortalecer el Estado de Derecho con gobiernos abiertos y la instauración a fondo de méritos profesionales para el reclutamiento y la evaluación del desempeño con competencias renovadas para los servidores públicos. Las necesarias reformas administrativas deberán contar con laboratorios de innovación pública y herramientas digitales que den mayor poder y capacidad al centro político decisor y también a las nuevas relaciones gobierno-ciudadanos.
