La presentación del proyecto de ley que limita a los artículos 86 y 87 la iniciativa de modificar la ley 30 de 1992, que rige la educación superior, es bienvenida, puesto que esos artículos establecen el mecanismo actual de financiación de las universidades públicas, cuya reforma es de la más urgente necesidad, y podrá surtirse en el Congreso con más facilidad que si hiciera parte de un proceso de reforma integral de la ley también necesaria, pero cuyo trámite sería más complejo.
El hecho simple es que 32 años después las normas que rigen la financiación de las universidades públicas ya no son adecuadas. Una educación pública de calidad, gratuita, descentralizada, con gran aumento de cobertura, que responda a las necesidades educativas de las regiones, e incorpore los grandes cambios de la sociedad del conocimiento, significa mayores costos no reconocidos por la indexación de los aportes estatales según el índice del costo de vida, IPC, que hoy dispone la ley. Cambiarlo por el índice de costos de la educación superior, ICES, que ha sido históricamente superior, es un alivio presupuestal importante, pero aún insuficiente, dado que el sistema viene creciendo alrededor de un 7% anual.
El proyecto determina además que los ajustes anuales se harán sobre la base de los presupuestos del año anterior, puesto que actualmente se hacen sobre los presupuestos universitarios de 1993. Incluye también la posibilidad de recursos adicionales que se incorporarían a la base presupuestal orientados a aumentar progresivamente el acceso, la permanencia y la graduación de estudiantes de pregrado; el mejoramiento de la calidad y la pertinencia de la oferta; el bienestar institucional y las variaciones producto de la aplicación del sistema salarial y prestacional docente vigentes. E incorpora a las Instituciones Técnicas, Tecnológicas y Universitarias, ITTU, antes no contempladas, con un mecanismo similar de financiación. Todo ello son buenas noticias.
Los ajustes por encima del IPC de los últimos años han sido producto de una gran movilización estudiantil, profesoral, sindical y rectoral, que han aliviado las finanzas pero han dependido de la voluntad de los gobiernos. El proyecto garantiza por ley una estabilidad presupuestal que hoy no existe. Se conjura así la amenaza que hay detrás de la estrechez financiera que es la virtual privatización de las universidades públicas, obligadas a generar sus propios ingresos, porcentaje que hoy llega al 44.75% del total. No se escapa a nadie el riesgo para la misión institucional de que los docentes investigadores más calificados tengan que dedicarse a la tarea de generar ingresos para sus universidades a través de asesorías y consultorías.
El debate sobre la reforma integral de la ley 30, que se realizó en muchos foros a lo largo y ancho el país, puso en evidencia sus carencias. El sector universitario ha sufrido enormes transformaciones en los últimos tres decenios. La necesidad de construir ofertas académicas flexibles, interdisciplinares, virtuales con apoyo de la presencialidad esencial en los procesos educativos. Educación de calidad al alcance de todos los ciudadanos, de todas las edades, en todas partes. Es un debate que debe darse en el futuro en los tiempos de la academia. Pero, solucionar primero el tema de la financiación es una decisión oportuna, que apoyamos. Es claro empero que La educación pública superior requiere de una revisión integral más allá de su financiación. Las universidades públicas tienen claridad sobre lo que hay que hacer para incorporar la educación superior de calidad en un mundo sin fronteras, donde la vigencia de la universidad como institución milenaria debe conservar su espacio civilizador. Bienvenido ese debate.
Por: Guillermo Murillo Vargas*
Publicado en la página editorial de El Tiempo, 13 de septiembre de 2024
*Rector de la Universidad del Valle
