Lo que pasa en la U

Violencias de género en el marco del estallido social 2021 en Colombia

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Miércoles, 02 Junio 2021
Agencia de Noticias Univalle

A 28 días de la convocatoria del paro nacional en Colombia, se ha configurado un estallido social generalizado en amplias zonas del país vinculando a miles de ciudadanos que han mantenido durante estos días una actividad sostenida de actos, marchas, actividades culturales vinculadas con la protesta social.

Es una coyuntura inédita en la sociedad colombiana, en la que se han expresado múltiples y diversas ciudadanías inconformes e indignadas enfatizando en su condición de exclusión y vulnerabilidad histórica para exigir el conocimiento de sus derechos y las posibilidades de tener una vida digna. Los jóvenes han sido los protagonistas de este estallido social, una juventud heterogénea y diversa que converge en esta coyuntura y nos ha interpelado de múltiples formas, la cual está esperando una respuesta de esta sociedad que a veces indolente y otras veces activa.

Diana Salinas – Periodista y Cofundadora de Cuestión Pública.

Caso de Alison en Popayán

“El 12 de mayo a las 9:04 Alison Meléndez cuenta que estaba sentada en un muro a dos cuadras de la URI de la fiscalía de Popayán, como ella lo dijo en su portal de Facebook, estaba allí esperando llegar a la casa de un amigo, pero cuando vio a unos policías se dedicó a grabar. Ellos advierten su presencia y la abordan.

Narra Alison que la violencia inicia en el momento en que más de 15 policías armados, con escudos y manejando motocicletas llegan a hacer una supuesta captura de una mujer, 30 segundos después del inicio de la grabación se puede constatar que en esos segundos se presentan acciones que constituyen una agresión sexual de la cual Alison dejó constancia en su Facebook.

Con la reconstrucción de estos hechos, se podría llegar a la conclusión de que el caso de Allison se constituye como un caso de violencia de género institucional, al ser perpetrada por agentes de la fuerza pública:  según esto habría agresiones de carácter sexual como por ejemplo desnudos forzados.

En estos contextos, además de reprimir la protesta, se busca a través de la violencia restablecer roles tradicionales de género que le asigna a las mujeres un mandato que promueve su pasividad social.

Este tipo de violencias, además de daños físicos y psicológicos, pueden derivar en repercusiones irreversibles en las vidas de las mujeres, desde la lesión a su integridad como personas, hasta la perdida de la vida (Lagarde, 1996), como en este caso.  Los hechos apuntarían a una relación directa y evidente entre la violencia de género infligida por policías y la muerte resultante de la joven menor de edad, aspectos que deben ser tenidos en cuenta en la investigación.

Ángela Ocampo – Socióloga e integrante de la Colectiva Feminista de Derechos Humanos La Manada.

El 9 de mayo se presentaron agresiones por parte de civiles armados quienes se encontraban cerca de la fuerza pública en el sector de Ciudad Jardín, allí fueron heridas mujeres indígenas y ese mismo día se reportó el rapto de una mujer indígena en otro punto de la ciudad.

En todos los casos sucedidos de violencia detectados en el paro nacional se puede identificar la violencia basada en género por parte de la fuerza pública como un abuso claro de poder y un uso excesivo de la fuerza y la violencia estructural en relación con la condición racial.

Frente a casos de mujeres menores de edad agredidas hay otras connotaciones en relación a la fuerza, tamaño, nivel de sometimiento, en el caso de estas mujeres que fueron agredidas en el Cauca y en Palmira, fueron mujeres que tuvieron que soportar también sometimiento físico no solo por un número mayor de hombres armados sino también en términos de la composición de estas personas y además unas recriminaciones que prevalecen en casi todos estos casos de abuso donde se presentó recriminación a las mujeres por estar en el espacio público, una estigmatización por hacer parte de la protesta.

Se habla de al menos diez situaciones de amenazas a mujeres defensoras de derechos humanos, ha habido detenciones despojándolas de sus pertenencias, amenazas directas y agresiones que bien se puede tipificar como atentados, además de siete casos en el Cauca de mujeres que mientras acompañaban la brigada de salud son amenazadas y sufren violencia política y simbólica por parte de los agentes armados.

María del Pilar Castillo - Profesora del Departamento de Economía de la Universidad del Valle.

Lo que pasa en el marco del paro nacional ha sido evidente, es un tratamiento diferencial cuando el perpetrador es una entidad estatal, existe un uso maniqueo de agresiones o violencia que pueden y no pueden ser permitidas.

El 26 de junio del 2020 el consejo de ministros adoptó un paquete de medidas para frenar la violencia contra la mujer y mediante este decreto formalizar la instancia que reúna a todas las entidades del estado tanto a nivel nacional como regional para crear una hoja de ruta de prevención y atención de violencias.

Entre las medidas adoptadas está la instalación de una sala de control y monitoreo exclusiva para combatir crímenes de violencia en contra de las mujeres, esta mesa está en cabeza de la Policía Nacional, entidad que se debe articular con la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y allí están todos los entes de control, Fiscalía, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, para poder tratar de forma conjunta los casos de violencia.

Las fuerzas policiales en Colombia, a pesar de estar compuestas tanto por hombres como por mujeres, son percibidas estrictamente como masculinas y esto responde a que ese trabajo policial coincide con el rol que se les ha asignado a los hombres en la historia de la división sexual del trabajo, consecuentemente es antagónico al lugar de cuidado, cautela y empatía que se le ha asignado a las mujeres además de que la policía es una institución que se percibe masculina, aspecto que se ocupa de construir y resaltar siempre todo el tema.

Carolina Agoff - Investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México.

En esta oportunidad se conjugan dos pandemias de algún modo, el Covid y esta pandemia tan naturalizada que es la violencia de género en el marco del estallido social en Colombia.

Las mujeres que ponen el cuerpo en una protesta son el blanco más débil y se ataca donde resulta más fácil por la condición de género, edad y por la situación o posición de protestante demandante. Resulta un botín de guerra de fácil acceso y la consiguiente desmoralización que puede provocar por el terror que esto impone, es decir, que fuerzas del Estado ejerzan violencia sexual contra las manifestantes. Atacar a la mujer sexualmente tiene efectos desmoralizantes para quien es considerado por el Estado, el enemigo.

Es muy importante hacer campañas para afianzar la idea de que la violencia sexual no es solamente lo que comúnmente se conoce como acceso carnal. El género es una dimensión de la vida social en todas las esferas y ámbitos, es decir, no solo aparece frente a cierto orden patriarcal en un espacio como este, sino que lo permea todo y en ese sentido debemos estar muy atentas a relacionarnos y a pensar el género como una dimensión que lo atraviesa absolutamente todo.

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