“América latina sólo representa el 2% de los genomas secuenciados a nivel mundial”, expresó el profesor Guillermo para dimensionar el riesgo de no recibir regalías por el uso comercial de la información genética de la biodiversidad que se protege en la región.

Por: Laura Parra Rodríguez

Más de 200 personas se reunieron en el segundo Foro de socialización de las 23 metas del marco mundial de biodiversidad de Kunming-Montreal, documento para hacer seguimiento a las acciones que han realizado 197 Estados en materia de protección de biodiversidad. Evaluación base de las negociaciones de la COP 16 que se llevarán a cabo en el Distrito de Cali en octubre de 2024.

El campus Meléndez de la Universidad del Valle fue el escenario de debate entre docentes de diferentes universidades, empresa privada, activistas y centros de investigación, al rededor de las posibilidades y riesgos de comercializar secuencias genéticas, animales silvestres y la gestión sostenible de la tierra, incluidas las metas 9 -13 de dicho documento.

El evento hace parte de la alianza académica de universidades y Alcaldía de Cali, y contó con el liderazgo del director de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación de la Universidad del Valle, el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) y el Dagma.

Uno de los puntos más álgidos del debate de la jornada fue alrededor de la meta 13, que aborda la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos y de la información digital sobre secuencias de recursos genéticos.

Uno de los ejemplos más claros para entender el tema lo dio el profesor Guillermo Barreto con el caso de las células de Henrietta Lacks, una afroamericana a quien, sin consentimiento, un doctor le tomó una muestra de su tumor. Estas células fueron las primeras en el mundo en ser vendidas y compradas alrededor del mundo para experimentación farmacéutica y cosmética, comercialización sigue dando millones de dólares a los laboratorios, mientras la mujer falleció en la pobreza en 1951. Solo después de tres generaciones su familia supo lo que sucedía y abogó por recibir parte de las ganancias.

“América latina sólo representa el 2% de los genomas secuenciados a nivel mundial”, dimensionó el profesor Barreto para dar cuenta de la ventaja de los países del norte global en el registro del material genético y en su comercialización.

Además, “en Colombia no tenemos un régimen normativo interno fuerte que permita garantizar la protección de esos recursos y la capacidad de negociación de las comunidades en cuyos territorios se va a hacer en lo que es investigación en recursos genéticos”, aclaró Carlos Andrés Echeverri Restrepo, profesor de la Universidad Javeriana y director del Departamento de Ciencia Jurídica y Política de esa Universidad.

“El conocimiento tradicional debe ser objeto de reconocimiento, de protección y de los beneficios derivados del uso y aprovechamiento de ese conocimiento. Entonces, es indispensable generar proyectos en conjunto de investigación e innovación social, en los que se materialice efectivamente unos beneficios que no necesariamente van a ser monetarios”, expresó Felipe Figueroa Cardozo abogado, especialista en propiedad industrial, derechos de autor y nuevas tecnologías, apoderado general de trámites de patente y propiedad intelectual de la Universidad del Valle. El llamado fue al trabajo colectivo entre las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas con las universidades.

Específicamente, el CIAT ha trabajado en los bancos de germoplasma que documentan la diversidad genética del fríjol, yuca y forrajes tropicales de más de 140 países en el mundo, incluidos Colombia.

“Se está perdiendo información, se están perdiendo semillas, se están perdiendo recursos genéticos, entonces es muy importante conservar en sitio, o sea, in situ esa diversidad biológica y ese conocimiento”, explicó la doctora Marcela Santaella del CIAT, quien destacó cómo el desplazamiento de las poblaciones hacia las ciudades pone en riesgo la preservación de las semillas.
Finalmente, los protocolos bioculturales comunitarios son uno de los instrumentos más oportunos que permiten respetar el “derecho consuetudinario que tienen los pueblos para decidir de qué manera pueden o no acceder a estos espacios que son considerados, en muchos casos, lugares sagrados” explicó la docente Diana Mendoza.

A lo que añadió que la discusión es compleja, pues “hay más de 80 pueblos indígenas, más de 60 lenguas nativas en Colombia y cada una de ellas establece unas categorías filosóficas para entender la naturaleza” y hay que respetarlas.