En sintonía con el calendario electoral que se aproxima en la región, el Grupo Latinoamericano por la Administración Pública -LAGPA por sus siglas en inglés- comenzó sus actividades en el 2022 con el nuevo ciclo de conversatorios denominado “Experiencias en los procesos electorales en América latina”.

Esta renovada mesa de diálogos inició con la bienvenida del presidente, el vicerrector administrativo de la Universidad del Valle Rubén Darío Echeverri Romero, y continuó con la presentación del director de la Escuela de Gobierno y Gestión Pública de la Universidad de Chile, Ariel Ramírez Orrego, sobre el balance del calendario de elecciones chileno, destacado por ser uno de los más ajustados de los últimos tiempos.

De acuerdo con el investigador, la transformación del calendario electoral inició el 18 de octubre de 2019 a causa del estallido social incubado durante los 30 años de alternancia del poder entre los sectores de centro-izquierda (Concertación de Partidos por la Democracia y Nueva Mayoría) y de centro-derecha (Coalición por el Cambio y Chile Vamos), dado que las fuerzas no representaron cambios significativos, desde sus orillas, a las políticas económicas y sociales implementadas por la dictadura de Pinochet. Esta falta de transformaciones, explica, ocasionó un distanciamiento entre los partidos y la población, manifestada en la falta de adherencia a partidos políticos.

Ariel Ramírez plantea que, a pesar de que el siglo XX representó un período histórico de aumento de los índices de crecimiento económico y desarrollo social, el continuismo de las medidas pinochetistas significó una inequidad en la distribución del ingreso que germinó el descontento social manifestado en las calles en 2019.

Por otra parte, el docente señaló que no sólo ha habido una alternancia del poder entre dos corrientes políticas, sino que, además, los últimos 4 períodos de gobierno han estado en manos de dos presidentes: Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018) y Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022).  Es precisamente durante el último gobierno de Piñera que las alzas de tarifas del metro desencadenan una respuesta, a través de vías de hecho, por parte de los estudiantes de secundaria.

Bajo el lema “no son 30 pesos, son 30 años”, las fiestas patrias de Chile inauguraron, ese 18 de septiembre de 2019, la oleada de manifestaciones con una evasión masiva del pago en las estaciones del metro. La situación de orden público, mal manejada por la fuerza policial, fue catalizador del inconformismo generalizado hasta la consolidación del estallido social un mes después, el 18 de octubre.

Como consecuencia de la destrucción de infraestructura pública y privada y la violencia policial dentro de las manifestaciones públicas masivas se declaró el estado constitucional de emergencia en el país, que concluyó con la salida institucional en Congreso para la creación de una nueva constitución (Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución). En ese sentido, a pesar del rechazo hacia la política, el profesor Ariel Ramírez resalta que es precisamente desde la vía institucional que se encuentra la solución al descontento.

Además de la crisis política que estalló en la segunda mitad del 2019, otro acontecimiento mundial aparecería a finales del mismo año para golpear, como en un dominó, las condiciones económicas y sociales de todos los países del mundo: el SARS-Cov2.

Chile confirmó su primer caso Covid el 3 de marzo de 2020 y la primera muerte a causa del virus 20 días después. Como respuesta a esta emergencia sanitaria, el gobierno anunció una serie de medidas para mantener el distanciamiento social y brindar soporte tanto a las familias como a los pequeños empresarios. Sin embargo, los mensajes carecían de profundidad y la aplicación de las políticas generó desconcierto por su falta de coordinación intersectorial e intergubernamental, donde solo la campaña de vacunación tuvo aprobación general.

Las determinaciones tomadas para contener el virus no solo modificaron la vida cotidiana, sino que también tuvieron efectos en el ajustado calendario electoral chileno, que aplazó su inicio -programado para el 26 abril- para el 25 octubre de 2020. A partir de esa fecha, informó el profesor Ramírez, Chile ha vivido un total de 12 procesos electorales y se encuentra a espera de otro adicional para ratificar la constitución resultante.

Dentro de los resultados de los comicios, el investigador destaca que es la primera vez que los gobernadores son nombrados por elección popular y que, producto de la selección de gabinete del presidente electo, Gabriel Boric, Chile tendrá por primera vez a una mujer como ministra de Interior.

En cuanto a las elecciones presidenciales, recordó el cambio de tendencias entre primera y segunda vuelta, dado que en la primera ronda de los comicios las mayorías estaban con José Antonio Kast, el candidato republicano, con un 27,91%, mientras que el segundo en votación fue Gabriel Boric, candidato de Convergencia Social, con un 25.83%. En cambio, la vuelta decisiva declaró ganador, por un amplio margen de un 55,87%, a Boric, frente al 44,13% obtenido por Kast

Esta reversión se dio en medio de las elecciones con mayor participación en la historia del voto voluntario en Chile. De acuerdo con Ariel Ramírez, tanto el aumento del número de votantes como el crecimiento de los porcentajes detrás del actual presidente electo son parte de una estrategia del miedo alrededor de la figura de su contendor, perteneciente a las fuerzas denominadas de extrema derecha.

Para generar dichos consensos, expresa el docente, Gabriel Boric generó un plan de gobierno centrado en la migración, los derechos humanos, el feminismo, la transición ecológica justa, la descentralización, la reactivación económica y el control de la pandemia. En ese sentido, el investigador considera que el presidente tendrá como principal reto, posterior a su posesión, moderar las expectativas de los sectores que hacen parte de la coalición, sobre todo porque, ante la ausencia de mayorías en el congreso, necesitan consolidar nuevos apoyos para cumplir los cambios sociales que plantea su gobierno.

Como conclusión, Ariel Ramírez señaló como un reto la llegada a término de la nueva constitución, así como su implementación. “Como va el proceso de la nueva constitución, es probable que se necesite un nuevo plazo, lo que implicaría una nueva reforma. Y después de la aprobación de la constitución, lo más difícil es implementarla. Es un tema que nos tendrá ocupados un par de décadas”, cerró.

Del Grupo Latinoamericano por la Administración Pública también hace parte el rector de la Universidad del Valle Edgar Varela Barrios, los profesores Bairon Otálvaro y Eleonora Alzate, entre otros integrantes de la Universidad.