Sin rodeos. Así habló en el auditorio Ives Chatain de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle, en San Fernando, a decenas de estudiantes, educadores y médicos, el profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cantabria, y miembro del Advisory Board de la European Association on Health Law, José Joaquín Cayón de las Cuevas.

Con su conferencia, “La salud como derecho humano. Contexto actual”, la Escuela de Salud Pública de la Universidad del Valle dio inicio, la semana pasada, al Curso de Verano “Mediación Sanitaria en Salud. Salud como derecho fundamental autónomo”.

Durante su intervención, en el marco del Programa Internacional de Actualización en Salud Pública-PAS de la Universidad del Valle, Cayón de las Cuevas dijo que hoy asistimos al extremismo de la judicialización de la salud.

“El recurso de la tutela en Colombia, por ejemplo, es un extremismo al que se ha llegado en reclamo al derecho a la salud”, precisó Cayón, quien dirige el Grupo de Investigación en Derecho Sanitario y Bioética (Grides) del Observatorio de Salud Pública de Cantabria y hace parte del Consejo Directivo de la Red Iberoamericana de Derecho Sanitario.

En diálogo con la Agencia de Noticias de Univalle, Cayón de las Cuevas señaló que, “la idea no es que haya que acudir a un tribunal para acceder a un servicio de salud, pero en última instancia el derecho implica eso”.

Muchos pacientes en Colombia, sobre todo de enfermedades terminales, han tenido que recurrir a tutelas y tribunales para que les atiendan sus necesidades ¿Qué piensa de esto?
Creo que es triste. Es un claro ejemplo de judicialización extrema de la salud. La idea no es que un paciente tenga que acudir a un tribunal para acceder al servicio de salud, pero en última instancia el derecho implica eso. Siempre recuerdo la frase de un Emperador alemán que quiso expropiar las tierras de un noble, y este le preguntó por qué se las quitaba si no tenía el derecho a expropiarlas, a lo que el Emperador respondió: porque tengo la soberanía. La respuesta del noble fue contundente, y es una frase que ha quedado en la historia del derecho: “Afortunadamente aún quedan jueces en Berlín”, que es lo mismo a decir: aún quedan jueces en Bogotá, en Cali, en Colombia y en el mundo.

Es el derecho de la colectividad…
Evidentemente. Aunque vivamos en un mundo oligárquico en el que unos pocos deciden por todos, hay un reconocimiento de los derechos de la colectividad. Allá donde ha habido intervenciones colectivas, ha sido gracias al derecho y gracias a artículos como las tutelas en Colombia. Por eso no echo en saco roto que este tipo de normativas, así como la participación de los ciudadanos en las decisiones púbicas, sean relevantes.

Usted contrapone democracia sanitaria a aseguramiento sanitario ¿Por qué?
Es una  diferencia conceptual que puede parecer solo retórica, pero que tiene mucha importancia. Las democracias sanitarias se caracterizan por dos cosas con las que no cuentan los sistemas de aseguramiento. Primero, en una democracia sanitaria conceptualmente la salud es universal; es decir, en la democracia sanitaria por el solo hecho de ser ciudadano recibo asistencia médica, sin hacer contribuciones, y eso es relevante. En los sistemas de aseguramiento, por el contrario, el reconocimiento del derecho a la asistencia está condicionado a que yo contribuya a mi cotización.

¿Pero finalmente se reconoce ese derecho?
Sí, pero la lógica del sistema es una lógica de contraprestación: te doy salud y tú me pagas. La democracia sanitaria se basa, en cambio, en que te doy salud porque es un derecho humano, así no la pagues. Tendrás que contribuir lógicamente al país, con impuestos por ejemplo, pero no vinculados específicamente a la sanidad.

¿Y la segunda gran diferencia?
Pues que en la democracia sanitaria la universalidad no solo es entendida como el derecho que tenemos todos a la salud, sino en cuanto a que todos construimos las políticas sanitarias, y eso es decisivo. En una democracia sanitaria los que recibimos salud participamos en la toma de decisiones en políticas de salud.

¿Podría pensarse que la pobreza de un país atenta contra la democracia sanitaria?
No creo que la democracia esté reñida con los números. La democracia al fin y al cabo es un proceso de toma de decisiones.

Pero la salud cuesta, y en ese sentido no tener recursos puede estropear el derecho a la salud…
Para nada. Entre todos podemos fijar prioridades. Pongo el ejemplo de Grecia. Grecia ahora está inmersa en una crisis económica, no tiene dinero, pero destina el 3,3% del PIB para su programa de defensa nacional, doblando a Alemania. Evidentemente que la salud cuesta dinero pero la democracia sanitaria consiste en que entre todos decidamos cuál es el dinero que disponemos para nuestra salud. Eso por un lado. Por el otro, la democracia sanitaria también implica cuánto es lo que debemos recaudar, cuál es la participación que deben tener las clases más pudientes en el sistema impositivo (impuestos). En cualquier caso, la democracia sanitaria no es un concepto propio solo de países desarrollados. Es tomar, entre todos, decisiones.

¿Si persisten las crisis económicas no tiene por qué haber crisis sanitaria?
No deberían y explico por qué. Porque el derecho a la salud es un derecho humano, es un derecho por definición. La salud está ligada al principal derecho que tenemos: la vida, y por tanto hay un mínimo de asistencia. La prioridad en inversión de un Estado debe ser la salud. Y no hay hoy un Estado, ni en Latinoamérica ni en Europa, que no pueda garantizar el derecho a la salud con ese mínimo de asistencia del que estoy hablando. El derecho a la salud es un derecho de priorización, y hoy en día en las decisiones públicas hay otros derechos que están siendo priorizados por encima del derecho a la salud, que es un derecho conectado directamente a la vida. Se están priorizando, por ejemplo, inversiones en defensa, en seguridad nacional, etcétera; en cualquier caso, sea la razón que sea, si fuera necesario restringir el derecho a la salud, esa es una decisión que será legítima si la decidimos entre todos.

¿Por qué el temor de asociar la salud a los derechos humanos si la salud es un derecho humano?
No, por supuesto, el derecho a la salud es un derecho humano, pero a lo que estamos asistiendo hoy es a una extraordinaria judicialización del derecho a la salud. Lo que propongo en este caso es que haya un pacto nacional en cada país que, respetando el estándar mínimo, y ese estándar mínimo en cualquier país latinoamericano es perfectamente posible, permita entre todos decidir cuáles son los límites. Por tanto, creo que urge un contrato social, que entre todos seamos capaces de construir un contrato de salud; con limitaciones, por supuesto, porque los derechos humanos, y la salud lo es, no son derechos absolutos. Todo derecho humano tiene sus limitaciones pero esas limitaciones las decidimos entre todos. Eso es democracia sanitaria.

¿Hay algún otro factor que atente contra la democracia sanitaria?
Claro, los medios de comunicación influyen claramente en el sistema. Recordemos la crisis de la gripe aviar: los medios de comunicación alarmaron a la sociedad, se compraron ingentes cantidades de vacunas, lógicamente no porque los medios tuvieran un interés, sino porque detrás de los medios también hay empresarios que direccionan el sentido. Y ya sabemos qué pasó. Exactamente pasa lo mismo con las compañías farmacéuticas: hay muchos actores invisibles, y mi llamado es a la construcción colectiva del sistema de salud en el que, incluso, participen los medios de comunicación, las familias, las farmacéuticas; todos los que intervienen en el proceso de la toma de decisiones. Eso es democracia sanitaria.

Ahora, en una democracia sanitaria todo estaría garantizado mediante leyes, de seguro. En Colombia nos sobran leyes en salud pero nos falta salud…
En teoría la Ley Estatutaria 1751 que se promulgó en febrero pasado (16 de febrero), por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud, habla de la participación de la sociedad civil en las decisiones públicas. Y eso es bueno. También hay una sentencia de la Corte Constitucional sobre las audiencias deliberativas. Creo que una democracia participativa no solo es votar cada cuatro años. La democracia es algo que se ejerce todos los días, incluso para equivocarse. Obviamente desconozco la realidad.

¿Esta Ley es una ganancia de los colombianos?
Indudablemente. En este momento me conformaría con que la legislación española tuviéramos un precepto similar. Evidentemente, tiene que haber una voluntad de llevar las normas a la práctica. De nada sirve el papel mojado. Pero cuando un Estado reconoce un derecho, si de verdad es un derecho, un derecho es una obligación. Por eso creo que este tipo de leyes, si el Estado no tiene una actitud voluntaria para hacerla cumplir, porque lógicamente el Estado es refractario y conservador frente a los recursos, tienen que ir acompañadas de un clarísimo empoderamiento de la sociedad civil para reclamarlas.