Facultad de Ciencias Sociales y Económicas- Universidad del Valle

Santiago de Cali, 14 de abril de 2015

Los profesores adscritos a la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad del Valle se permiten presentar a la opinión pública las siguientes consideraciones sobre el actual modelo para el reconocimiento y medición de grupos de investigación y para el reconocimiento de investigadores, implementado por el Departamento Administrativo de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación -Colciencias-, a través de la Convocatoria 693 de 2014.

Las políticas públicas actuales en materia de investigación deben leerse a la luz del proceso de reconfiguración al que asiste el Estado colombiano desde hace por lo menos dos décadas y media. A nivel institucional, este modelo se ha sustentado en un proceso de modernización estatal que supone reestructurar las funciones y ámbitos de competencia estatales, adecuar el aparato institucional y transformar los modelos de gestión y administración pública, a través de la privatización, la descentralización y la desregulación. En el ámbito económico, el modelo se fundamenta en la liberalización económica encaminada a la inserción de la economía nacional al mercado global, a través de la flexibilización de los mercados de bienes, trabajo y capitales, la apertura económica y comercial y el fomento a la competitividad . En este modelo de política, propio de los gobiernos neoliberales, en donde la responsabilidad social de los gobiernos se trata de minimizar, la mayor parte de las responsabilidades sociales y económicas recaen sobre los individuos.

Llevadas al plano de la ciencia y la tecnología, estas medidas se han traducido en la disminución del gasto público destinado a la investigación y en un modelo que tiende, cada vez más, hacia la tercerización de la educación, la innovación empresarial y el desarrollo tecnológico, en detrimento de la investigación que se realiza desde las universidades, institutos y centros de pensamiento del país . Un modelo en el que además, las ciencias sociales, las humanidades y las artes quedan a la saga de las ciencias naturales y las ingenierías por no ajustarse a estos parámetros.

Es por ello que nos sumamos a las voces de inconformidad que día a día crecen entre los grupos e investigadores de distintas universidades, frente al modelo de medición de Colciencias, y en particular, frente a la Convocatoria 693 de 2014, por considerar que este modelo:

1.Responde a políticas cortoplacistas y a soluciones remediales que no se traducen en un fomento real a la investigación, toda vez que el presupuesto destinado a la misma es cada vez más exiguo. Este sistema crea toda una parafernalia de requisitos para acceder a unos beneficios insuficientes y precarios, que claramente no permiten resolver los problemas de fondo, sino más bien implementan políticas remediales desarticuladas que se ajustan a las políticas de recorte del gasto público, como consigna fundamental de la política económica. 

2.Privilegia las actividades de inspección y vigilancia por encima del fomento y apoyo real a la investigación. De esta manera, la producción académica de los investigadores se ve sometida al más riguroso escrutinio, bajo la presunción de mala fe y culpabilidad de los mismos. Todo el sistema –como también sucede en otras esferas de la política pública de los últimos gobiernos– parece estar orientado a crear un esquema de premios y castigos en el que se parte de la “culpabilidad y responsabilidad social de los individuos” por encima de los vacíos institucionales prevalecientes.

3.Delega en las universidades y los investigadores, las funciones que le son propias a Colciencias como institución rectora del conocimiento. Esto queda claro cuando se observa que en esta última convocatoria, Colciencias trasladó buena parte de los costos de inspección y vigilancia a las propias de universidades, al tener éstas que encargarse por su propia cuenta de la certificación de los estándares de calidad de las publicaciones y libros de los grupos de investigación. Con ello, los costos de transacción (en términos de recursos humanos y tiempo) de las exigencias de la convocatoria para los investigadores y universidades crecieron notablemente, pero al mismo tiempo bajaron para Colciencias. 

4.Desconoce la manera como tiene lugar la producción de conocimiento en el área de las ciencias sociales y humanas, cuyos productos académicos son medidos con herramientas inadecuadas. En los pronunciamientos emitidos por investigadores y grupos de investigación de distintas universidades del país, se ha insistido en señalar cómo el nuevo sistema de medición desestimula la publicación de libros y capítulos de libro, toda vez que el reconocimiento de los mismos depende de su aparición en sistemas de clasificación que, como el Book Citation Index y el mismo Publindex, dejan por fuera editoriales de reconocida trayectoria en el país. Algo similar sucede con los artículos publicados en revistas, cuya valoración se realiza en función de la indexación de estas revistas en bases de datos especializadas en la medición de productos derivados de las ciencias exactas, pero no de aquellos provenientes de las ciencias sociales y humanas. A esto se suman los sesgos e imperfecciones de los sistemas que miden las tasas de citación, en los que la visibilidad de los productos de las humanidades es significativamente menor a la de aquellos generados en otras áreas del conocimiento. Ello sin mencionar la situación claramente desventajosa de las revistas colombianas, dada su incipiente conexión a los buscadores que captan estas citaciones.

5.Vulnera el principio de confidencialidad académica, al exigirle a los grupos e investigadores, la presentación de los conceptos de los pares evaluadores que dictaminan los libros, como requisito para el reconocimiento de los productos académicos de los investigadores publicados como libros o capítulos de libros. Ello no sólo va en contravía de los principios básicos de publicación académica, sino que además, desconoce la rigurosidad con que las editoriales y universidades efectúan sus procesos de evaluación.

6.Desincentiva la creación de grupos de investigación con una mayor proyección social, cuando desconoce a aquellos integrantes que no tienen una vinculación contractual con las universidades, tales como miembros de organizaciones sociales, consultores, estudiantes de maestría, pasantes o investigadores que residen fuera del país.

7.Se basa en una plataforma tecnológica cada vez más obsoleta e ineficiente, en la que predominan una serie de exigencias burocráticas estériles y redundantes, que suponen una alta inversión en tiempo y recursos por parte de los investigadores y las universidades. A esto se suman los cambios reiterativos en los criterios para la evaluación de los productos que, con cada convocatoria, miden de nuevo productos evaluados previamente.

Por último, quisiéramos señalar la necesidad de reflexionar acerca de las posibles implicaciones que estas medidas puedan tener en el régimen salarial de los docentes de universidades públicas, por cuanto la recategorización de las revistas tendría un efecto directo en el reconocimiento de puntos salariales por productividad académica, al tiempo que la clasificación de los grupos de investigación en categorías inferiores, le dificultará a estos grupos la aprobación de proyectos por parte de Colciencias.

Evidentemente, el actual sistema de clasificación y medición de la producción científica en el país desestimula la consolidación de grupos de investigación, niega los esfuerzos que han venido realizando nuestras revistas y casa editoriales, desconoce las dinámicas particulares de producción de conocimiento en las diferentes áreas del saber y vulnera principios básicos como la buena fe de los investigadores y la confidencialidad académica, al tiempo avanza a pasos de gigante hacia la tercerización de la educación, razones de peso para convocar el debate y la movilización de los académicos a nivel nacional.

Presenta

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