Ante el profesor Luis Carlos Castillo Gómez, jefe de Planeación y Desarrollo Institucional con funciones delegadas como rector, se posesionó el profesor Carlos Arturo Lozano Moncada como nuevo vicerrector administrativo de la Universidad del Valle.

Durante el acto, el profesor Castillo Gómez destacó que “el profesor Lozano Moncada cuenta con una de las mejores hojas de vida, tanto académica como profesional. Creo que el reto que debe enfrentar es grande. Esta vicerrectoría es una de las importantes, de la cual depende la estabilidad financiera de la institución”.

Al final de su intervención, el profesor Luis Carlos Castillo señaló que el nuevo vicerrector administrativo cuenta con todo el apoyo y respaldo del equipo directivo de la Universidad del Valle, así como de los funcionarios e integrantes de esa dependencia.

Por su parte, el profesor Carlos Arturo Lozano Moncada manifestó su gratitud con todo el equipo directivo, así como con familiares y amigos. “A lo largo de mi trayectoria en la universidad he tenido el privilegio de contar con el apoyo de personas excepcionales, quienes integran equipos comprometidos en dar lo mejor de sí para trabajar por esta institución que tanto amamos”, destacó el nuevo directivo universitario.

El profesor Carlos Arturo Lozano Moncada es ingeniero electricista y magíster en ingeniería eléctrica de la Universidad del Valle y doctor (Ph.D.) en ingeniería de la Universidad de Strathclyde, Glasgow, Escocia.

Como investigador y docente sus áreas de interés son Análisis y Modelamiento de Sistemas de Potencia; Análisis de Riesgos Financieros en Mercados de Electricidad; Redes inteligentes y fuentes de generación no convencionales; y Aplicación de técnicas de inteligencia artificial en modelamiento de sistemas de potencia. Está adscrito al Grupo de Investigación en Alta Tensión, GRALTA.

Se ha desempeñado como vicedecano y como decano de la Facultad de Ingeniería, y como representante del Consejo Académico ante el Consejo Superior. Es profesor asociado de la Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad del Valle desde 1994.

“Uno no abandona la tierra, identifica si hay que abonar, remover o sanar”, dicen en el campo para referirse a la relación con la siembra y el territorio. Esta frase también podría expresar el desafío que la Universidad del Valle tiene para asumir las violencias de género. 

A la par del profundo dolor e indignación que generó el ataque violento contra dos estudiantes en el campus universitario La Carbonera, en Palmira, se gestó un proceso de acción y diálogo sin precedentes. Este lamentable suceso, lejos de paralizar la opinión, actuó como un catalizador, abriendo espacios para la reflexión y la búsqueda de soluciones en la comunidad universitaria.

La estudiante Luciana Ortega, una de las voces activas en estos debates, destaca que “las mesas de diálogo y discusiones en las facultades permitieron que nos sentáramos como iguales, escucháramos los diversos puntos de vista y contáramos nuestra experiencia con las rutas de atención”.

Desvelando lo cotidiano: la materialidad de lo sutil

“¿Cómo se puede prevenir una tragedia como la ocurrida?”, “¿Cómo te das cuenta de quién puede ser un agresor?”, "No es justo que a una familia se le trunque su vida”,  son voces, muchas veces masculinas,  que resuenan entre los pasillos de los campus de la universidad. 

Este temor surge de una comprensión crucial: no existe un "prototipo" de persona violenta. No se trata de un perfil estereotipado por su apariencia, clase social o profesión. Para la profesora Rosa Emilia Bermudez “ las violencias de género son hechos que se ejercen en la cotidianidad, de forma reiterada y sistemática, [...] hacen parte de una cultura de subvaloración a las mujeres y a la representación de lo femenino en nuestra sociedad”.  Ella es la Secretaria General de la Universidad y participó de la formulación de la Política de Equidad de Género y No Discriminación como integrante del Centro de Investigaciones de Estudios de Género, Mujer y Sociedad . Además, ha vivido en carne propia la discriminación y las violencias, por eso trabaja para que ninguna persona se sienta insegura en la institución.

Ser conscientes de estas violencias es uno de los mayores desafíos: las señales a menudo se manifiestan en detalles como celos excesivos, control sobre la vestimenta, comentarios despectivos o chistes sexistas. Para Valentina Bará, coordinadora de Ultravioleta, líder de la Juntanza Feminista y de Género de la Universidad, esta situación revela que la violencia contra las mujeres está naturalizada. Es frecuente que la gravedad de estos actos se mida con una especie de "violentómetro", subestimando aquellos que parecen insignificantes. "Las violencias suelen medirse mucho, como en el 'violentómetro', pero no hay una violencia que pese más que otra", resalta Valentina Bará.

Al revisar este "violentómetro" nadie debería sentir tranquilidad al pensar que "solo fue un chiste y no un golpe". Como argumenta Catharine Mackinnon en Only Words, la violencia, incluso cuando se expresa "solo con palabras", tiene consecuencias reales y dolorosas. Estudiantes y docentes se reconocen en esta realidad y comprenden que la clave no se trata únicamente de identificar los posibles agresores, sino poner en el centro del debate las formas de relación e interacción cotidianas. "Así como hoy sucedió un feminicidio, otros días, somos acosadas", expresa una estudiante en las asambleas, evidenciando que el problema es sistémico y abarca múltiples formas de agresión.

El reflejo global: un desafío estructural

Las universidades, como instituciones que reflejan la sociedad, no son ajenas a la problemática global de la violencia de género. En Estados Unidos, por ejemplo, se registró el asesinato a tiros de una estudiante en la Universidad Estatal de Kennesaw. En México, el feminicidio de Lesvy Berlín Rivera Osorio sucedió en los alrededores de la UNAM.  En Colombia, el homicidio de una estudiante de Comunicación Social en su residencia en el departamento de Norte de Santander se sumó a este recuento doloroso que evidencia la magnitud y universalidad de la problemática. 

Es crucial recordar que el agresor de las estudiantes fue, a su vez, ex estudiante de la institución y terminó con su vida después del suceso. "Pasó por la universidad, ¿y qué le enseñamos?", cuestiona Luciana Ortega, líder del Comité Regional de DDHH. Esta pregunta subraya la urgencia de comprender que la prevención de las violencias contra las mujeres hace necesario abordar los mandatos de masculinidad y el rol de las instituciones en la formación ciudadana.

Redes de transformación: educación y conciencia

Uno de los retos más significativos es explicar la profunda interconexión de las violencias de género. Como toda violación de un derecho humano fundamental, implica la vulneración de otros, las diversas expresiones de la violencia de género están íntimamente ligadas. Para evidenciar esta complejidad, la universidad ofrece a su planta docente los diplomados sobre enseñanza con perspectiva de género, una iniciativa fundamental para sembrar conciencia.

Esta "semilla" ya está dando frutos concretos. Los cerca de 200 docentes que han pasado por esta formación participaron activamente en los debates en sus facultades, conformaron grupos más pequeños y compartieron las experiencias que han incorporado en sus clases. "Incluso docentes que nunca se habían preocupado, empezaron a prestar atención a lo que decían estudiantes y colegas", afirmó una profesora durante una asamblea.

En paralelo, se alzó una demanda significativa por parte del estudiantado: el aumento de la cobertura de los cursos de "Género, Pluralidad y Diversidades”. Hasta el momento se ofrece el curso en seis sedes y seccionales, a lo que se suman los seis cursos en Cali, pero la propuesta del estudiantado es que sea obligatorio. “Esto significa una reforma curricular, que en este momento no se puede dar”, aclara la profesora Rosa Bermúdez, sin embargo, esta solicitud la llena de emoción “el hecho que el estudiantado pida mayor cobertura habla de la recepción positiva de este curso y de su efecto transformador”.

Profesorado, estudiantes y personal trabajador gestó sus propios espacios e identificaron ideas que se llevaron a una mesa de diálogo con las directivas de la universidad, así como mesas de diálogo en facultades y programas en los que se asumieron compromisos particulares.

Hacia un futuro transformador

La Universidad del Valle es una de las primeras en el país en incorporar una política institucional de género y va más allá del protocolo de atención que solicita el Ministerio de Educación Nacional, trae a colación la profesora de la Escuela de Trabajo Social y Desarrollo Humano, Adriana Granados Barco, quien realizó su tesis de doctorado sobre el orden de género en las universidades y ha seguido de cerca las acciones de la institución desde la década de 1980.

Para Granados Barco “este orden sigue muy instalado”, a pesar de que el 2010 la Universidad empezó a cuestionar y visibilizar de las violencias basadas en género y desde el 2015 se trabaja en la política y su implementación. Ella enfatiza en que “los esfuerzos deben ser múltiples, continuos” y no limitados a la política, que es “solo una herramienta” y ve en las reflexiones y acciones generadas recientemente “una oportunidad de hacer cambios simbólicos, académicos e  institucionales”.

La esperanza también es sostenida por la profesora Bermúdez, “llevamos una década construyendo una capacidad institucional para asumir la equidad y la igualdad de género”. En este tiempo, se ha logrado una apertura que posibilita el debate institucional, este logro es el que “permite en la actualidad asumir este reto de transformación cultural y ético con una participación activa de todos los estamentos”, agrega. 

Las estudiantes son conscientes de los "límites institucionales", sin embargo, reconocen que las mesas de negociación y el trabajo conjunto entre directivas y la comunidad estudiantil son un paso crucial. "Si bien se alcanzaron cosas muy importantes, obviamente falta y siempre van a faltar… [pero] va a sentarse una mesa de reestructuración y mejoramiento, justamente de la política, la ruta y el área de género", señala Valentina Bará.

Finalmente, esta coyuntura dejó la certeza de que la universidad debe ser un espacio seguro para todas, todes y todos. Para ello, se requiere un compromiso individual, colectivo e institucional permanente y la Universidad debe estar alerta a los sucesos que vayan emergiendo. Dar continuidad a este tema es el camino que posibilita la vivencia de una universidad con mayor equidad, donde las violencias de género se presenten cada vez menos y haya una sanción social que contribuya a que sean eliminadas. 

Por: Laura Parra Rodríguez, Agencia de Noticias Univalle

La Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle será sede del Taller de Expertos del Sector Académico: Innovación Pública y Gestión de las Transformaciones, que se realizará los días 17 y 18 de julio de 2025, en modalidad híbrida.

Este evento reunirá a especialistas de América Latina y el Caribe para reflexionar sobre los retos actuales de la gestión pública y el fortalecimiento de la legitimidad de las instituciones estatales.

El taller forma parte de los insumos preparatorios para el Panorama de la Gestión Pública 2025, un documento elaborado por el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES), adscrito a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que sistematiza los avances y desafíos de la región en materia de gestión pública.

El objetivo principal del encuentro es promover un espacio de diálogo entre expertos del sector académico vinculados a la formación de servidores públicos, enfocado en cómo la innovación pública puede ser una herramienta clave para superar la baja capacidad institucional y las limitaciones en gobernanza que afectan el desarrollo de los países.

El evento es organizado por el ILPES–CEPAL, el Grupo Latinoamericano para la Administración Pública (GLAP), la Cooperación Española y la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle.

“Este espacio representa una oportunidad estratégica para articular saberes y experiencias entre la academia y los organismos multilaterales, con el propósito de fortalecer la gobernanza y la gestión pública en América Latina y el Caribe”, afirmó Javier Medina Vásquez, Secretario Ejecutivo Adjunto de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y profesor de la Universidad del Valle.

Consulte la programación completa aquí: https://acortar.link/Numucx 

Informes para prensa:
Programa de Comunicaciones
Facultad de Ciencias de la Administración – Universidad del Valle
? Teléfono: (602) 321 21 00 ext. 4264

Las violencias basadas en género y sobre todo aquellas en que las víctimas son mujeres, según el informe del Observatorio de Género, últimamente han aumentado en el Valle del Cauca, esto, sumado al feminicidio en nuestro campus de Palmira del que fue víctima otra estudiante Sirley Vanessa Lopez Loaiza han llevado a la Dirección de la Universidad a revisar y reflexionar sobre las rutas y canales de atención para atender todo tipo de violencias con miras a su fortalecimiento, de tal manera que hechos similares no vuelvan a ocurrir

Cómo proceso pedagógico la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad del Valle organizó, junto con la Defensoría del Pueblo Regional del Valle del Cauca el foro Rutas de atención de violencias basadas en género, un espacio de reflexión y diálogo académico e institucional, donde se abordaron los principales desafíos, rutas y responsabilidades que existen frente a la atención y prevención de las violencias basadas en género (VbG), desde una mirada interdisciplinaria y comprometida con los derechos humanos y la utilización de canales de prevención.

Para la profesora Raquel Ceballos Decana de la Facultad de Derecho, hablar de la violencia de género en el contexto universitario, “es importantísimo porque tenemos que recordar que la violencia de género no es solo de la sociedad en sí, sino que viene desde entornos más cercanos como el familiar, de la formación que se recibe y de una cultura. Cali es una de las ciudades más violentas del mundo, tenemos unas circunstancias externas que propician la violencia, con un número alto de feminicidios y esos son elementos que trascienden a la universidad, por eso es tan importante pensar en estos temas y fortalecer en la Universidad el centro de género y una ruta de atención inmediata para la prevención de las violencias de género”. Para la profesora Ceballos lo más importante es la prevención, el seguimiento y la sanción y una ruta de atención inmediata: “no vale nada que exista una violencia, se denuncie, e iniciemos un proceso larguísimo para poder identificar a los victimarios; cuando no hay un proceso ágil y oportuno, no hay justicia y no hay garantía de derechos realmente.”

El defensor del pueblo Gerson Alexander Trujillo, aseguró que “la violencia basada en género sigue siendo un fenómeno que afecta a las mujeres y a las personas con orientación sexual diversa de manera permanente. Si bien hemos avanzado en muchos escenarios y hemos construido rutas y generado políticas públicas, en el plano estatal nos falta mucho y básicamente esa es la conversación que queremos tener.”

Las violencias

La ruta para atender las VbG es un protocolo de atención que para Sandra Viviana Salguero de la oficina de la Delegada para los derechos de la mujeres y los asuntos de género de la Defensoría del Pueblo, debe responder a qué hacer cuando se presenta una amenaza y garantizar un acompañamiento: “de qué manera podemos nosotras acompañar a las víctimas a interponer las denuncias en la Fiscalía General de la Nación y de qué manera hay protocolos de acompañamiento psicosocial, porque la carga de la culpa no debe estar en la víctima, sino en el agresor y en ese orden de ideas, hay que dignificar y humanizar a esta víctima y acompañarla y no aislarla, que es lo que históricamente ha pasado en algunos lugares.”

Pero ¿Qué son y cómo se manifiesta la violencia basada en género? Esta fue una de las preguntas básicas que amparados en la ley 1257 de 2008 respondieron los invitados de la Defensoría del Pueblo en el foro: la VbG puede ser entendida como cualquier amenaza, acción u omisión que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, económico o patrimonial a una persona por su condición de mujer, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado.

Sandra Viviana Salguero dice que esta ley es “prácticamente una convención de derechos humanos chiquitita para las mujeres, que permite, y esto va a ser muy importante, analizar las violencias basadas en género.” En ella, para la delegada Salguero, se expone una de las violencias menos conocida, la violencia económica y patrimonial que consiste en la “pérdida, transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores, derechos económicos destinados a satisfacer las necesidades de la mujer”. Salguero ejemplifica esta violencia con aquellos casos frecuentes en que el patrimonio es repartido entre la familia del hombre para que no le corresponda nada a la mujer en caso de una separación, o aquellos de inasistencia alimentaria en los que la mujer tiene que responder sola por la manutención de los hijos.

En el foro también se analizaron otros tipos de daños generados por las VbG definidas en la ley 1257/08: la violencia física, que es cuando ocurre un daño o se produce sufrimiento físico que puede provocar un riesgo de pérdida o disminución de la integridad corporal de una persona; es una violencia que transgrede los límites corporales, que busca la sumisión y la imposición de autoridad y tiene por objeto el daño, la marca y se mantiene en silencio.

La violencia institucional que hace referencia a prácticas estructurales de vulneración y violación de derechos hacia las mujeres por parte de servidores públicos ya sea por acción u omisión porque se establecen criterios discriminatorios y se generan obstáculos que limitan el acceso de las mujeres a una vida libre de violencias.

La violencia sexual que consiste en el daño o sufrimiento sexual y las consecuencias que provienen de la acción de obligar a una persona a mantener un contacto sexualizado, físico o verbal, o a participar en otras interacciones sexuales mediante el uso de la fuerza, intimidación, coerción, chantaje, soborno, manipulación, amenaza o cualquier otro mecanismo que anule o limite la voluntad personal. Igualmente se considera daño o sufrimiento sexual que el agresor obligue a la víctima a realizar estos actos con terceras personas. Se consideran actos de violencia sexual el acceso carnal abusivo, la prostitución forzada, el embarazo forzado, la desnudez forzada o el aborto forzado.

La violencia sicológica que proviene de la acción u omisión destinada a degradar o controlar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de otras personas por medio de la intimidación manipulación, amenaza directa o indirecta, humillación, aislamiento o cualquier otra conducta que implique un perjuicio en la salud psicológica, la autodeterminación o el desarrollo personal. Estas acciones pueden estar ligadas a creencias de que las mujeres requieren ser educadas y corregidas o al control sobre la opinión y los comportamientos reforzando el estatus de poder y control.


Una ruta

El Defensor del Pueblo Regional asegura que el enfoque para la atención de violencias basadas en género tiene que estar siempre en la prevención “más que atender, más que reparar, lo más importante es que podamos prevenir los escenarios de violencia”. Y es precisamente la prevención uno de los puntos más importantes cuando se piensa en una ruta de atención a las violencias, ya que compromete no solo a las instituciones sino a la comunidad en general (escuelas, universidad, medios de comunicación, juntas de acción comunal, hospitales, gobernaciones, alcaldías etc.)

Para la Defensoría, la ruta de atención tiene varias etapas que buscan proteger a la víctima de violencia y garantizar su acceso a la justicia. Esta ruta empieza con la detección, en la que también está involucrada la comunidad, centros educativos, policía, centros de atención en salud entre otros. Le sigue una etapa de protección donde operan instituciones como las Comisarías de Familia, Policía, Fiscalía, Jueces de Control de Garantías; y una etapa de atención y rehabilitación, de la que son responsables entes territoriales como gobernaciones y alcaldías, así como eps.

Finalmente, de la operación de justicia se encargan los entes judiciales como medicina legal, jueces y representantes judiciales de víctimas que funcionan bajo la dirección de la defensoría del pueblo en caso de ser requerida. Y no menos importante una etapa de investigación y análisis en la que instituciones como observatorios, organizaciones civiles, órganos de control y la academia se encargan de recopilar datos que permitan a los tomadores de decisiones atender el problema y tomar acciones o crear políticas públicas para la oportuna atención de las violencias.

En un país donde más del 16 % de las personas mayores de 15 años ha sido víctima de ciberacoso, una joven ha decido utilizar la tecnología para enfrentar el problema. Se trata de Angélica María Agudelo Ortiz, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad del Valle, quien ha creado el primer sistema capaz de detectar mensajes de acoso y discriminación en redes sociales, como X (antes Twitter), en Colombia, incorporando el léxico y las particularidades del contexto nacional. Un prototipo que podría abrir el camino hacia entornos digitales más seguros e inclusivos para todas las personas.

¿Qué es el ciberacoso y a quiénes afecta?

De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas (ONU), el ciberacoso es una forma de intimidación que se lleva a cabo a través de tecnologías y plataformas digitales, como redes sociales y videojuegos en línea, e implica comportamientos que tienen la intención de atemorizar, enojar o humillar a otras personas. Se trata de una manifestación del acoso que también ocurre en entornos no digitales y que afecta especialmente a niñas, jóvenes, mujeres y personas de la comunidad LGTBIQ+, como lo explica Laura Sofía Rodríguez Pulecio, experta en ciberseguridad y docente de la Universidad del Valle.
“La violencia siempre ha estado, pero el ciberespacio es algo que afecta desproporcionalmente a las mujeres y a los más jóvenes, especialmente si tienen una orientación sexual diversa”, explica la profesora, quien aborda este fenómeno desde el Grupo Mujeres STEM de la Universidad del Valle.
Así, el ciberacoso es una problemática real que genera afectaciones psicológicas y emocionales en las víctimas. Siendo un accionar que, a pesar de ser tipificado como delito en varios países, incluyendo Colombia, se ha visto en aumento en parte por la eliminación de los sistemas de verificación de datos independientes en redes sociales como Facebook, Instagram y X, lo cual facilita la difusión de noticias falsas, la desinformación y los discursos de odio y discriminación.

Una respuesta tecnológica ante un problema creciente
Ante este panorama, la estudiante Angélica María Agudelo Ortiz desarrolló, como parte de su trabajo de grado, el Sistema Colombiano de Detección de Ciberacoso en Twitter para Idioma Español Basado en Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN) y Machine Learning (ML), un prototipo de aplicación web capaz de identificar mensajes textuales que buscan discriminar o acosar a las personas por su género, etnia u orientación sexual en dicha red social.
“Es un sistema que puede determinar si un tweet tiene contenido de acoso o no a partir del procesamiento del lenguaje natural y el aprendizaje automático (machine learning)”, explica Angélica María, de 28 años.
Este sistema es pionero en el país, ya que reconoce expresiones y jergas comúnmente utilizadas en Colombia con fines discriminatorios, las cuales fueron identificadas a partir de cuatro estudios previos realizados por otros autores.
“A partir de esos trabajos, identifiqué 239 palabras clave comúnmente usadas de manera peyorativa para discriminar en redes sociales en Colombia”, explica Angélica María, que, con esta información, determinó el diseño del dataset (conjunto de datos) del sistema, fundamental para una identificación óptima del acoso en el contexto digital colombiano.

Funcionamiento del sistema

El Sistema Colombiano de Detección de Ciberacoso en Twitter para Idioma Español utiliza una inteligencia artificial (IA) basada en redes neuronales: un modelo computacional que imita el funcionamiento del cerebro humano mediante nodos interconectados organizados en capas, por donde fluye la información de manera secuencial, similar al proceso neuronal.
Para entrenar la IA del sistema y lograr el aprendizaje automático (machine learning), se utilizó el algoritmo MLPClassifier de la biblioteca sklearn.neural_network para procesar vectores derivados de la transformación numérica de 4433 tweets (el 80 % del dataset) con y sin contenido de acoso y discriminación.
“Con este modelo de inteligencia artificial, logré una exactitud de detección del acoso del 82,13 % en mensajes textuales que presentaban esta característica; además de un área bajo la curva ROC (ROC-AUC) del 91,08%, que representa una altísima capacidad del sistema para distinguir entre mensajes que contienen acoso y los que no”, cuenta Angélica María, que implementó este sistema en un prototipo de aplicación web desarrollado con Vue, Vuetify, Flask y Python. Dicha app se caracteriza por tener un diseño simplificado e intuitivo, contando con dos módulos principales: el de Predicción y el de Métricas.
El Módulo de Predicción permite a los usuarios determinar rápidamente si un tweet contiene ciberacoso o no, esto a través de una interfaz que incluye una caja de texto para ingresar el contenido y un botón que activa el análisis, ofreciendo una respuesta inmediata.
Por otro lado, el Módulo de Métricas ofrece visualizaciones estadísticas sobre el ciberacoso en Colombia, esto a partir de datos previamente recopilados y analizados, brindando un panorama general de esta problemática en el país.
El prototipo del Sistema Colombiano de Detección de Ciberacoso en Twitter para Idioma Español despierta gran interés, pues tiene el potencial de ser la base del desarrollo de algoritmos que propicien redes sociales más seguras en el contexto colombiano.
“Se puede crear una herramienta con una perspectiva interseccional, que considere las violencias en línea por raza, etnia, orientación sexual y género, y que permita mitigar o censurar este tipo de agresiones. Pero las empresas como Meta deben querer hacerlo, porque tecnológicamente es posible”, afirma la docente Laura Sofía Rodríguez Pulecio, quien, junto a Óscar Fernando Bedoya Leyva de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación, dirigió el proyecto de grado de Angélica María.

Un sistema con gran potencial 

Por ahora, este sistema es un prototipo, pero ya le ha significado a Angélica María el reconcomiendo de su trabajo de grado como meritorio. Además, a pesar de aún no ser lanzado públicamente, se perfila como un sistema prometedor con importantes proyecciones de desarrollo.
“Ahora existen técnicas de inteligencia artificial más avanzadas, que utilizan algoritmos capaces de analizar el contexto semántico de los textos. Entonces se podría trabajar en eso para mejorar los resultados. También sería clave que el sistema reconozca emoticones y caracteres especiales, que muchas veces se usan para expresar emociones o reemplazar letras”, explica Angélica María, quien espera perfeccionar el prototipo y lanzarlo públicamente en el futuro.
De esta manera, el Sistema Colombiano de Detección de Ciberacoso en Twitter para Idioma Español Basado en Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN) y Machine Learning (ML) es una prueba clara de que la tecnología, cuando se orienta con propósito, puede convertirse en una poderosa herramienta para enfrentar problemáticas sociales como el ciberacoso. Asimismo, esta innovación refleja el talento, la dedicación y la visión de Angélica María Agudelo Ortiz, así como el valor del entorno académico y humano que la acompañó en la Universidad del Valle.

Por: Joan Zúñiga

Con el paso de los últimos años, se han vuelto más visibles otras formas de experimentar o performar la masculinidad, en las cuales los hombres ya no temen mostrarse vulnerables o frágiles, se permiten sentir, ser amorosos, de tal modo que rompe con esa imagen del hombre fuerte, que todo lo puede, que nada le afecta, ese estereotipo que la sociedad ha fijado como hegemónico, el único modo de ser hombre.

Estas nuevas masculinidades son fundamentales para promover relaciones -de todo tipo, no solo las de pareja- que sean más justas, igualitarias, libres de violencia. Permiten experimentar la masculinidad desde otras aristas, más desde el respeto, la empatía, la responsabilidad afectiva, rechazando todo tipo de violencia.

Aunque estas formas de performar la masculinidad no son nuevas, ni son un fenómeno reciente, ha cobrado especial importancia debido a una ruptura que se dado ante esa imagen del hombre fuerte, omnipotente, rudo, que no lo atraviesan sus sentimientos, que no siente, que es invulnerable.

Como recuerda Julián Lasprilla, licenciado en filosofía, psicólogo clínico, egresado de la Universidad del Valle y psicoanalista, ser hombre o mujer, como lo planteó Simone de Beauvoir en 1949, es algo que se llega a ser.

“Ese devenir, más allá de las identificaciones y lo que uno pueda hacer respecto a una característica a cómo son y qué hacen los hombres, es más una pregunta interna sobre lo que cada quien puede hacer apropiándose de su propia historia y de lo que sí mismo puede responder ante esa pregunta”, afirma.

“Tanto lo masculino como lo femenino no es algo que pertenezca al hecho de ser un hombre o de ser una mujer. Son expresiones de la subjetividad y la manera como cada quien puede adoptar dentro de esas cualidades identificatorias, algo que pueda resonar con eso que quiere expresar de sí mismo”.

El estereotipo que desde la hegemonía se ha impuesto sobre lo que debe ser un hombre ha generado problemas en nuestra sociedad. Negar que los hombres pueden sentir dolor, tristeza o impedir que expresen sus sentimientos de manera afectuosa, de manera constante, va a llevar a que en algún momento todas esas sensaciones que se intentan ocultar, exploten, surjan, se desborden de algún modo.

“Cuando no se han puesto palabras, ni se ha dado lugar a elaborar o simbolizar eso que internamente está pasando, puede traducirse en violencia hacia el otro, en agresión hacia el otro o incluso sobre sí mismo”, señala Lasprilla.

Por eso, es importante que los hombres puedan tener espacios en los cuales puedan conocer otras experiencias de vida y crear lazos que les permitan repensar la masculinidad. “Independientemente de la orientación sexual y de la identidad de género, el compartir las historias de cada quien nos acerca más a lo que somos como seres humanos y nos aleja, de alguna forma, de esas dicotomías que finalmente la sexualidad, desde lo que podría plantearse como el hecho biológico, podría marcar como un destino”, señala Lasprilla.

No tiene nada de malo que un hombre se replantee su manera de experimentar la masculinidad. Por el contrario, es un ejercicio sano y necesario. Permite poner en duda esas estructuras que durante décadas han parecido fijas, pero cuyos efectos están generando efectos adversos en la cotidianidad.

Es un ejercicio que los hombres deben hacer desde su interior, de preguntarse desde su singularidad qué significa experimentar la masculinidad ¿es ser abiertamente competitivo? ¿tengo que demostrarle a todas las personas que no soy frágil? ¿debo actuar como una persona dominante e imponer mi voluntad por medio de la fuerza? ¿acaso no puedo ser un hombre amoroso con mi pareja, mi familia, mis amigos?

Si se cuestiona el modelo hegemónico de masculinidad, que asocia como un todo indisoluble a la virilidad, el control, la superioridad y la represión emocional, se dará un paso enorme y necesario para encontrar masculinidades más sensibles, más libres, más humanas; masculinidades que generan otro tipo de impactos en el mundo.

La música del Pacífico colombiano nos conecta con los ríos, el océano y la selva. Tiene el poder de evocar los sonidos de la vida cotidiana de las comunidades que habitan esta región, y de transmitir la memoria colectiva de un territorio profundamente ligado a la naturaleza.
La Universidad del Valle resonó con fuerza en un escenario global: la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos 2025, en Niza, Francia.
Las Conferencias de las Naciones Unidas sobre los Océanos son momentos cruciales para que la sociedad civil se una y comparta sus preocupaciones y visiones sobre el futuro del océano.
Del 9 al 13 de junio, la Universidad del Valle embarcó en esta travesía con el proyecto “Tejiendo Saberes Amanecer Guapireño y los Legendarios Hermanos Torres”. Esta investigación fue liderada por la profesora María Ximena Alvarado Burbano, vicedecana de investigaciones de la Facultad de Artes Integradas, en compañía de la profesora de la Escuela de Música de la Universidad del Valle, Natalia Puerta, quien fue co investigadora. Ambas trabajaron de la mano con la escuela Tejiendo Saberes de Guapi, Cauca.
En la inauguración de la Cumbre, ante presidentes y cancilleres de todas partes del mundo, los maestros del Pacífico colombiano, el corazón de nuestro proyecto, ofrecieron el concierto inaugural. Sus voces, sus instrumentos, no solo interpretaron melodías; tejieron lazos, contaron historias de resiliencia y conexión con la naturaleza, dejando a la audiencia cautivada.
Dentro de agenda académica de la Cumbre se abrió a la sabiduría ancestral. La profesora Alvarado, junto a los maestros Nani Valencia Anderson, Steven Obregón y Jimmy Mansilla de la escuela Tejiendo Saberes, dirigieron un conversatorio que fue un puente entre mundos. Explicaron cómo las músicas tradicionales y las comunidades del Pacífico colombiano, a través de sus prácticas culturales, se convierten en verdaderos centinelas de los ecosistemas marinos. Los aplausos y los elogios, incluso del embajador de Colombia y otros representantes gubernamentales, confirmaron que el impacto del mensaje fue profundo.
La Embajada de Colombia en Francia organizó un emotivo encuentro con la comunidad colombiana. En esta ocasión, la Agrupación de Maestros del Pacífico tuvo un papel destacado, fortaleciendo los lazos culturales y el sentido de pertenencia.
También, se llevó a cabo un intercambio cultural en el Conservatorio de Música de Niza, con talleres, conversatorios y una muestra de música. Estos eventos permitieron a los estudiantes locales no solo tocar nuestros instrumentos, sino también sentir la profundidad de nuestra música tradicional y la relevancia de nuestro proyecto. Fue un encuentro donde la curiosidad y el respeto mutuo crearon una melodía única.
Esta participación tan significativa, impulsada por la Embajada de Colombia en Francia, contó con el respaldo incondicional de la Universidad del Valle y su Vicerrectoría de Investigaciones.
“Fue una experiencia profundamente enriquecedora, un orgullo para la Universidad del Valle haber estado presente en un evento de tan alto nivel, no solo representando la investigación, sino también el alma creativa de una región. La cálida acogida, los auditorios llenos y los comentarios entusiastas de todos los asistentes, dibujaron una historia de éxito. Esta aventura en Niza no fue solo un viaje; fue la confirmación de que la cultura, cuando se entrelaza con el conocimiento, tiene el poder inmenso de transformar y construir un futuro más consciente y sostenible”, destacó la profesora María Ximena Alvarado Burbano.
La participación en este escenario internacional no solo evidencia la calidad del trabajo académico y artístico que realiza Univalle, sino que también visibiliza el valor de las expresiones culturales del Pacífico colombiano como una fuerza viva para el cuidado del territorio, el diálogo de saberes y la construcción de un futuro más sostenible.

Por: Melissa Pantoja Osorio

¿Sabías que el macho de esta especie es quien pasa la noche con los polluelos, protegiéndolos dentro del nido, mientras la hembra colabora activamente en su alimentación y cuidado?

Este comportamiento colaborativo es una de las características más llamativas del Melanerpes rubricapillus, conocido como uno de los grandes “arquitectos de la naturaleza”.
Esta ave tiene una amplia distribución que abarca desde Centroamérica hasta el norte de Colombia y parte de Venezuela. En Colombia, su presencia se extiende a lo largo de las cordilleras, y en los últimos años ha incrementado su rango geográfico hacia el suroccidente del país, estableciéndose también en nuestra región.
El Carpintero Habado tiene un inconfundible tamborileo sobre los árboles y cumple un papel esencial en los ecosistemas: es uno de los principales constructores de cavidades naturales en árboles viejos, donde se reproduce, duerme y también ofrece refugio a otras especies que reutilizan estos espacios, como el periquito de anteojos (Forpus conspicillatus) y el Sicalis coronado (Sicalis flaveola).
La profesora Lorena Cruz Bernate, bióloga con énfasis en zoología y docente del Departamento de Biología de Univalle, lidera investigaciones sobre esta ave. Explica que “su lengua le permite, casi que, en algunos casos, arponear algunas de esas larvas que se encuentran en pequeñas galerías realizadas por algunos insectos en los árboles para su reproducción”.
Un aspecto fundamental del Carpintero Habado es que construye sus nidos sólo en árboles muertos, evitando dañar ejemplares vivos. Al usar este tipo de árboles, no solo favorecen la salud del bosque, sino que contribuyen a la renovación del hábitat. De ahí la importancia de conservar estos troncos, incluso si han perdido parte de su estructura. Como lo sugiere la profesora Cruz Bernate, una alternativa segura es dejar tocones de 4 o 5 metros de altura: estos no representan un peligro para las personas y continúan siendo útiles para las aves.
Entre 2019 y 2020, investigadores de Univalle realizaron un estudio detallado sobre su historia natural. “Los estudios que hemos realizado en el Campus de Univalle con el Carpintero Habado han aportado los primeros datos específicos sobre la reproducción, el tamaño del nido, el tamaño y forma de las cavidades que construyen, la tasa del crecimiento de los polluelos”. Es la primera vez que se obtiene información detallada sobre la reproducción del Carpintero Habado.
“Cada nido fue monitoreado desde su descubrimiento hasta el momento de la salida de las aves jóvenes. El comportamiento reproductivo de los adultos fue cuantificado en detalle. Los períodos de incubación por hora fueron más largos durante las etapas tempranas del desarrollo embrionario, y estos períodos aumentaron con el tamaño de la nidada y la intensidad de la lluvia. La tasa de alimentación aumentó con el tamaño de la nidada y la edad de los polluelos”.
Además, el campus universitario es uno de los principales puntos de conteo de aves en la ciudad, y desde hace varios años se realiza allí un seguimiento constante a la avifauna. Estas acciones no solo permiten conocer cómo fluctúan las poblaciones, sino también proponer medidas para su protección.
¿Cómo podemos ayudar?
Conservar los árboles viejos, evitar la poda indiscriminada, mantener a nuestras mascotas dentro del hogar y sembrar especies nativas. Estas son acciones clave para proteger al Carpintero Habado y a muchas otras aves urbanas.

Su tamborileo no es solo un sonido del bosque: es un llamado a conservar, a aprender y a convivir con las especies que comparten nuestro entorno.

Por: Melissa Pantoja Osorio

La Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería (Acofi) y el Servicio Geológico Colombiano (SGC) fueron reconocidos con el Premio Codazzi 2025 por el desarrollo del Modelo Nacional de Riesgo Sísmico para Colombia (MNRS), un proyecto que involucró el trabajo colaborativo de trece universidades del país, incluida la Universidad del Valle.

Colombia: un país expuesto a la amenaza sísmica

​Colombia es un país sísmicamente muy activo. Su ubicación geográfica, en la convergencia de tres placas tectónicas (Nazca, Suramericana y Caribe), y la existencia de más de 23 volcanes activos en su territorio provoca que diariamente se presenten, en promedio, 62 movimientos telúricos. Esta situación representa una amenaza considerable, ya que el 87 % de la población nacional vive en zonas de amenaza sísmica alta o intermedia.
Este panorama fue lo que motivó la creación del Modelo Nacional de Riesgo Sísmico, una herramienta diseñada para estimar los daños y las pérdidas económicas, estructurales y humanas que podrían sufrir los hogares colombianos en caso de un evento sísmico.

Un modelo con cuatro componentes clave

El MNRS tiene cuatro componentes: el Modelo de Amenaza Sísmica, el Modelo de Exposición, el Modelo de Fragilidad y Vulnerabilidad, y el Modelo de Riesgo Sísmico.
Entre 2013 y 2020, el SGC y la Fundación Global Earthquake Model realizaron el Modelo de Amenaza Sísmica, mapeando los posibles eventos telúricos en las distintas regiones del país. A partir de este insumo, en 2021, se estableció el convenio entre el SGC y Acofi (que incluyó la participación de trece de sus universidades asociadas) para avanzar en el desarrollo de los tres modelos restantes.
El Modelo de Exposición contó con la participación de ocho universidades, entre ellas Univalle. Estas instituciones conformaron equipos de docentes y estudiantes de pregrado y posgrado para hacer un muestreo de las viviendas de 65 municipios, que representan el 60 % de la población nacional. El levantamiento de la información se realizó mediante una herramienta digital, que facilitó el proceso incluso en el contexto de la pandemia de Covid-19.
“Muestreamos más de 70.000 predios, identificando su sistema constructivo y estructural, y haciendo una estimación de los riesgos asociados a este frente a los sismos esperados”, explicó Albert Ricardo Ortiz Lasprilla, profesor y director de la Escuela de Ingeniería Civil y Geomática de la Universidad del Valle, quien coordinó el equipo junto al docente Jhon Jairo Barona Mendoza.

Jhon Jairo Barona Mendoza y Albert Ricardo Ortiz Lasprilla, profesores e investigadores de la Escuela de Ingeniería Civil y Geomática de la Universidad del Valle.

 Simultáneamente, se desarrolló el Modelo de Fragilidad y Vulnerabilidad, que implicó un análisis detallado de las diferentes tipologías constructivas identificadas, evaluando su comportamiento estructural ante posibles eventos telúricos.
Finalmente, al integrar los datos de los modelos de exposición y vulnerabilidad, se construyó el Modelo de Riesgo Sísmico, con participación también de la Universidad del Valle. Esta herramienta permite estimar los daños y las pérdidas en términos económicos, estructurales y humanos que se presentarían ante un sismo determinado. Dicha información es clave para que los gobiernos comprendan el contexto del riesgo telúrico en sus territorios, identifiquen los retos normativos e infraestructurales, y tomen decisiones informadas.
“El proyecto reveló que, desafortunadamente, no estamos bien preparados para las amenazas sísmicas. Solo entre el 6 % y el 20 % de las viviendas cumple con una estructura capaz de resistir el sismo de diseño, lo que evidencia que aún queda mucho por hacer”, señaló el docente Ortiz Lasprilla.

Premio Codazzi: reconocimiento a un proyecto de país

El Premio Codazzi, otorgado por la Sociedad Colombiana de Ingenieros en honor a Agustín Codazzi y Lorenzo Codazzi, es una de las distinciones más prestigiosas de la ingeniería en Colombia. Este busca exaltar los mayores aportes al conocimiento ingenieril en el país, ponderando especialmente su impacto social.
En esta edición, el galardón fue concedido a Acofi y al SGC por el documento Modelo Nacional de Riesgo Sísmico (MNRS): un modelo de referencia y datos abiertos para Colombia, reconociendo así la labor de las más de 80 personas vinculadas a la investigación a través de las universidades asociadas.
“Este premio es muy importante para todos los que hicimos parte de la investigación, pues Agustín Codazzi es una figura emblemática de la historia colombiana. Sin embargo, lo más valioso ha sido participar en este proyecto de país, con la Universidad del Valle como un referente por el compromiso y la calidad del trabajo de su equipo”, destacó el profesor Ortiz Lasprilla.

Desde la Universidad del Valle celebramos este reconocimiento a Acofi, SGC y a todas las universidades participantes, y aplaudimos especialmente a los integrantes de nuestro equipo:

• Albert Ricardo Ortiz Lasprilla (docente, investigador y director de la Escuela de Ingeniería Civil y Geomática de Univalle)
• Jhon Jairo Barona Mendoza (docente e investigador de la Escuela de Ingeniería Civil y Geomática de Univalle)
• Pedro Steven Torres Arbeláez (profesional coordinador estructuras)
• Lina Marcela Espinal Zapata (profesional coordinador SIG)
• Sebastián Castillo (estudiante de pregrado)
• Bayron Salazar Manrique (estudiante de pregrado)
• Lizette Tello Cifuentes (estudiante de posgrado)
• Daniela Lasso (estudiante de pregrado)
• Esteban Sepúlveda (estudiante de pregrado)
• Sarah Velasco (estudiante de pregrado)
• María del Pilar Caicedo (estudiante de pregrado)

¡Gracias por representar a Univalle en este gran proyecto nacional!

Colombia, un país bañado por ríos, quebradas y lluvias, aún tiene sed en su corazón rural. Este preciado líquido es mucho más que un recurso natural: es motor de vida y pilar del desarrollo social. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas ha sido enfático al señalar que el acceso al agua no es solo una necesidad básica, sino un derecho humano esencial para vivir con dignidad y garantizar otros derechos fundamentales. En Colombia, esta afirmación resuena con especial urgencia.
A pesar de ser una de las naciones más ricas en recursos hídricos del mundo, las cifras revelan un rostro distinto: en 2023, el Ministerio de Vivienda reportó que 3,2 millones de personas en zonas rurales —una cuarta parte del país— no tienen acceso a agua potable. En cuanto al saneamiento básico, cerca de 1,5 millones de personas hacen sus necesidades fisiológicas al aire libre, y solo se trata el 52 % de las aguas residuales. Aunque la Constitución de 1991 consagró el acceso a los servicios públicos como un derecho, en muchos rincones del país este sigue siendo un privilegio.
Frente a esta paradoja hídrica, el Instituto CINARA de la Universidad del Valle, en alianza con la organización Aquacol, desarrolló una estrategia que conjuga saberes comunitarios con herramientas digitales. De este esfuerzo nació Nuestra Agua, un sistema de información diseñado desde y para las comunidades rurales, que utiliza Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), así como herramientas propias de los sistemas de información geográfica, para fortalecer la gestión colectiva del agua.
Actualmente, el sistema opera en cuatro acueductos comunitarios del suroccidente colombiano: Acuabuitrera, en el corregimiento La Buitrera de Cali; ASAVLASI, en la vereda La Sirena, también en Cali; Acueducto de Mondomo, en el corregimiento de Mondomo, municipio de Santander de Quilichao (Cauca); y Acuasur, en el municipio de Jamundí (Valle del Cauca).
“Trabajamos situando el agua como eje fundamental de la sociedad, no solo por lo que representa en términos biofísicos, sino también políticos, económicos y culturales”, afirma Federico Pinzón, profesor e investigador adscrito a CINARA.
Lejos de ser un lujo, el uso de las TIC se convierte en una herramienta clave para transformar vidas. Nuestra Agua permite registrar, almacenar y compartir datos fundamentales como el estado de la red, la calidad del agua o los cambios en el entorno natural. Es, en palabras sencillas, una especie de “Waze del agua rural”: cada dato registrado alimenta un mapa vivo del territorio. Esta información, al estar sistematizada y disponible, posibilita a las comunidades identificar riesgos, localizar infraestructuras comprometidas, activar respuestas colectivas y tomar decisiones frente a eventuales afectaciones causadas por obras externas.
“Cada acueducto cuenta con su propio usuario y contraseña, lo que le da acceso individualizado a su sistema de información. Esta herramienta permite visualizar y gestionar datos propios, fortaleciendo la toma de decisiones de manera autónoma y contextualizada en cada territorio. Así, se responde a las particularidades de la gestión del agua en cada comunidad, se promueve la gobernanza y se potencia la capacidad organizativa de las comunidades”, explica Jorge Luis Amaya Domínguez, presidente de Aquacol desde hace tres años.
En zonas donde la conectividad, la electricidad o la cobertura móvil son intermitentes, esta iniciativa, en principio, podría parecer imposible. CINARA demostró que la tecnología no necesita imponerse: puede adaptarse al ritmo de las zonas rurales y convertirse en una aliada si nace de las necesidades de la comunidad. A través de metodologías como la investigación acción participativa y la ciencia ciudadana, fueron los habitantes de los territorios quienes diseñaron sus sistemas de información.
Gracias al trabajo colaborativo entre la academia y la comunidad, el sistema abre la puerta a que, si un operario detecta turbiedad en el agua o identifica señales de deforestación en la cuenca, pueda registrar una alerta en tiempo real. Pero su valor no radica solo en los aspectos técnicos: también funciona como un escudo para proteger el territorio. Si una obra daña una tubería, el sistema ofrece pruebas; si un proyecto urbanístico amenaza un nacimiento de agua, proporciona evidencia para sustentar la oposición. La información deja de ser un privilegio de expertos o funcionarios y se convierte en una herramienta de lucha, dignidad y autonomía.
“El sistema, que inicialmente fue pensado como un catastro técnico para mejorar la toma de decisiones en torno al agua potable, ha derivado en usos mucho más amplios y potentes. Hoy se utiliza como herramienta de resistencia frente a procesos de expansión urbana o en defensa del territorio”, explica Federico Pinzón.
La lógica detrás de esta herramienta es tan sencilla como poderosa: si el Estado no diseña soluciones para las realidades rurales, ¿por qué no hacerlo desde las propias comunidades? Lejos de reemplazar el conocimiento comunitario, esta tecnología lo organiza, lo protege y lo amplifica.
El monitoreo del agua en Colombia no es un asunto técnico menor: es una problemática estructural de altísima complejidad que atraviesa lo ambiental, lo político y lo empresarial. Las herramientas del Estado, muchas veces centralizadas y desconectadas del territorio, no han logrado responder con eficacia a esta urgencia. En ese vacío, iniciativas como Nuestra Agua cumplen un papel vital.
En Colombia, la calidad del agua para consumo humano se evalúa según los lineamientos de la Resolución 2115 de 2007, que establece el Índice de Riesgo de Calidad del Agua (IRCA). Sin embargo, en muchos acueductos rurales resulta difícil responder a este indicador. Según cifras de 2010, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) monitorea la calidad del agua en apenas 154 puntos de su red básica. Esta cobertura no alcanza siquiera el 30 % de las zonas hidrológicas del país, esto evidencia una cobertura insuficiente para un monitoreo efectivo.
Esa brecha técnica tiene efectos directos en la salud pública. De acuerdo con el Ministerio de Ambiente (2017), el 60 % del agua que llegaba a los hogares colombianos no está en condiciones óptimas de potabilización. Pero más allá del déficit operativo, el problema también es de confianza y legitimidad. En territorios donde operan grandes proyectos extractivos, como el Cerrejón en La Guajira, el monitoreo lo realizan consultoras privadas contratadas por las propias empresas. Esto ha generado una percepción generalizada de sesgo en la producción de conocimiento técnico, y una creciente desconfianza de las comunidades hacia las instituciones ambientales.
La fragilidad institucional es reconocida incluso por los organismos de control. En 2019, la Contraloría General de la República advirtió que ni la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) ni las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) cuentan con la capacidad administrativa suficiente para ejercer un control ambiental riguroso. En este escenario, la emergencia de herramientas comunitarias como Nuestra Agua no solo responde a una necesidad técnica: es también una apuesta política frente a un modelo de control ambiental que, lejos de garantizar derechos, reproduce desigualdades.
“Este logro no puede atribuirse a una sola persona ni a un esfuerzo aislado. Desde el nacimiento de CINARA, hace más de 30 años, uno de los principales objetivos ha sido fortalecer la gestión comunitaria del agua. En 2006, el Instituto CINARA, bajo el liderazgo de la profesora Mariela García, logró promover espacios de diálogo entre los acueductos comunitarios y la Superintendencia de Servicios Públicos. El objetivo era claro: fortalecer las capacidades locales y mejorar las plataformas existentes para que las comunidades pudieran contar con su propio sistema de información. Desde entonces han surgido varios intentos por desarrollar un sistema de información para las comunidades rurales”, dice Pinzón.
En lugares como Acuasur, donde antes se registraban múltiples variables por hora en cuadernos fáciles de extraviar, hoy el respaldo de la información en la nube se presenta como una posibilidad concreta. Una revolución de lo cotidiano. Y con ello, se abre también un nuevo horizonte en el rol de las comunidades: más allá de ser proveedoras de mano de obra o usuarias del recurso, ahora cuentan con una herramienta que no solo refuerza el papel histórico que han ejercido como defensoras ambientales, sino que amplía de forma significativa su capacidad de acción.
Lo que hoy se conoce como el sistema de información comunitario es el resultado de casi veinte años de trabajo colectivo, sostenido y profundamente comprometido con la autonomía de los territorios. Las comunidades no solo se apropiaron de la herramienta, sino que la integraron a sus dinámicas organizativas, celebrándola y asumiendo su gestión de forma autónoma.
Para el Instituto CINARA, este proceso representa una forma distinta de hacer investigación, que responde a las necesidades reales de los territorios, reconoce el valor de los conocimientos locales y se compromete con la transformación social. En contextos donde los derechos básicos se convierten en un privilegio, contar con datos propios y sistematizados no es solo una mejora técnica: es una apuesta política por democratizar la información, fortalecer la gobernanza comunitaria y transformar la forma en que se habita y se protege el territorio.

Por: Carol Tatiana Cadena Banguera