“Es importante estar atento a qué mensaje está dando el pueblo colombiano, a las causas de esta explosión tan grande y cómo encauzarla para que no agrave la crisis institucional hasta llegar a soluciones extremas, sino que podamos construir una salida” expresó el rector de la Universidad del Valle, Edgar Varela Barrios durante una mesa redonda con otros siete rectores de sendas universidades colombianas en el programa Hora 20 de Caracol Radio, convocados con el propósito reflexionar sobre el papel de las instituciones de educación superior ante la crisis que vive el país.

Durante la semana se publicaron los resultados de la ‘Gran Encuesta a Jóvenes’, realizada por la alianza entre Cifras y Conceptos y la Universidad del Rosario. Para el rector Varela, los resultados marcan una tendencia de desesperanza, rabia, desilusión y desconfianza hacia muchas de las instituciones. Resaltó que las universidades, redes sociales e iglesia generan la mayor confianza entre los jóvenes, mientras que frente a instituciones encabezadas por la Presidencia y los distintos poderes públicos, existe un grado alto de recelo.

“En Cali hay una inmensa movilización ciudadana, social y juvenil, aunque no de juventudes exclusivamente universitarias. Esto ha sido rebasado por la participación masiva de otros jóvenes que no solamente plantean temas que tienen que ver con la educación, sino que, como la encuesta lo dice, las oportunidades laborales están en el centro de las reclamaciones. También supongo que hubo una explosión después de un año de pandemia y confinamiento duro que ha afectado la economía y destruido muchos negocios. Lo paradójico es que estamos en medio de la pandemia, en un tercer pico y en él se cruza una movilización social”, señaló.

El rector Varela también se refirió a los extremos alcanzados por la confrontación en Cali: vandalismo, destrucción del bien público, afectaciones graves a buses y estaciones del Sistema de Transporte Masivo MIO; así como a la violencia y excesos en la represión por parte de las fuerzas del Estado. “En los últimos días el volumen de la confrontación en la ciudad se ha reducido un poco, quizás por haber llegado a un paroxismo tan alto.

Recordó que Chile atravesó por una situación parecida en 2018, año en el que las imágenes de inmensas movilizaciones y estaciones destruidas del metro de Santiago, dieron la vuelta al mundo. La salida para ese país fue la reforma constitucional que actualmente se está llevando a cabo.

Sin embargo, el rector de Univalle considera que en Colombia ya se han hecho muchas contrareformas a la Constitución del 91 y estuvo de acuerdo con los rectores de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria Uribe, y de la Universidad Nacional, Dolly Montoya Castaño, en que el espíritu reformista que impulsó la carta magna ha sido revocado y actualmente hay una mayor centralización y concentración del poder, así como un neoliberalismo preponderante.

“Hay precarización e informalización laboral en altas escalas y eso genera desesperanza entre los jóvenes. La Constitución es una buena base para hacer un acuerdo nacional, pero hay que retomar el espíritu de la Constitución de hace 30 años”, indicó.

Recalcó que una explosión social del tamaño de la que Colombia ha vivido en los últimos días no se resolverá sin una voluntad política genuina para corregir la desigualdad y practicar más políticas de inclusión social.

“Lo que hemos hecho en las universidades es protectivo, pero la sociedad, el Estado y las empresas también tienen que proteger a los jóvenes y a los desempleados en el contexto de la pandemia. El Estado debe usar el gasto público y seguir el ejemplo de otros países que han invertido mucho más que el nuestro en financiar esta época tan crítica, como ha pasado en Estados Unidos y Europa Occidental”, dijo.

Las universidades públicas colombianas lograron ofrecer apoyo a los estudiantes durante la pandemia sin depender del dinero aportado por el gobierno nacional a través de la reorientación de sus propios recursos. Sin embargo, este mismo caso no se dio en el resto de la sociedad. Un ejemplo de ello es el desescalamiento en la entrega de subsidios alimentarios y otros apoyos económicos ofrecidos por algunas alcaldías en los primeros meses de la pandemia.

“Las universidades tenemos un primer nivel de confianza entre los jóvenes porque en medio de la pandemia dimos muchos apoyos además de los de matrícula, que las públicas conseguimos sumando recursos propios y del Estado, mientras que las privadas hicieron un esfuerzo importante de congelación, rebajas, extensiones y conectividad para que los estudiantes tuvieran la posibilidad de continuar en clases. Los respaldos en bienestar también fueron fundamentales, pues permitieron que durante un año los jóvenes sintieran que las universidades los protegen”, explicó el rector.

El directivo recordó que la renta básica universal, es decir la oferta de un mínimo vital para el conjunto de la sociedad, uno de los argumentos detrás del paro, hace parte de los temas más importantes a discutir en esta coyuntura.

En un diálogo con la periodista Cecilia Orozco Tascón del diario El Espectador, el profesor de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas Luis Carlos Castillo expuso algunos elementos para pensar la situación de orden público que atraviesa Cali.

Tomado de El Espectador

Charla con Luis Carlos Castillo Gómez, catedrático de la Universidad del Valle y doctorado en Sociología, para entender qué sucede en Cali que pasó de ser la “sucursal del cielo” y de la salsa, a una ciudad destrozada por el estallido de ira de sus habitantes, enfrentados unos contra otros, a palo y bala.

La respuesta estatal no puede ser la represión, afirma.

A raíz de los graves disturbios ocurridos en el país, algunos personajes sostienen que el vandalismo es un fenómeno “organizado” por unos conspiradores comunistas, izquierdistas y terroristas de Colombia y de otras naciones de América Latina ¿Esta interpretación puede tomarse como seria o cierta?

Ese es un enfoque que la sociología considera simplista como interpretación de las protestas y los estallidos sociales que tienen raíces - profundas y complejas - en la exclusión, la pobreza, la miseria y el conflicto político. También debe decirse que cualquier violencia debe ser rechazada, provenga de donde provenga. La destrucción de bienes públicos y privados y el ataque a miembros de la Policía son condenables. De igual manera, hay que rechazar los excesos de la fuerza pública.

Usted es profesor permanente de doctorado en sociología. En tal condición ¿ha conocido algún estudio, informe, investigación o encuesta que indique que la afirmación de que el vandalismo es una estrategia ideológica perversa, tiene fundamento documental?

Desde el punto de vista sociológico y de las Ciencias Sociales, no hay ningún soporte documental ni empírico que permita sustentar la hipótesis de que el fenómeno que está enfrentando Colombia, en la actualidad, se pueda explicar como una conspiración comunista o como un organización nacional o internacional de vándalos que estarían detrás de los hechos que han sacudido al país en las últimas semanas.

Los vándalos que destruyen los bienes públicos, tiran piedra a los uniformados y saquean en Cali, ¿responden a iguales motivaciones que los que protagonizan actos violentos en las calles de Bogotá, Pasto o Pereira o son diferentes en cada ciudad?

La expresión “vándalos” no me gusta precisamente porque simplifica la complejidad del fenómeno y trasmite la falsa idea de que el estallido social y las protestas en Colombia son el resultado de una suma de delincuentes y desadaptados sociales. En cuanto a su pregunta y en la medida en que el “vandalismo” es el término con que se define una expresión violenta de rabia, ira y descontento social, se puede afirmar que hay motivaciones similares en las diferentes ciudades del país. Ahora, insisto, la idea de que existe algo así como una organización nacional de “vándalos” financiados internacionalmente, es tan simplista como pretender explicar el bogotazo del 9 de abril de 1948 (magnicidio de Jorge Eliécer Gaitán y destrucción posterior de Bogotá en medio del levantamiento popular) por una conspiración comunista internacional de la época.

Pues hay quienes lo aseguran todavía, después de 73 años. Las personas que se identifican por su conducta destructiva después de las marchas pacíficas (“los vándalos”), son muy jóvenes. Desde la otra orilla de la teoría mencionada, ¿podría asegurarse, con algún grado de certeza, que cuando esos jóvenes atacan a los uniformados sin importar si estos los hieren o los matan, lo hacen porque los perciben como sus “enemigos”?

En las condiciones de exclusión, miseria y desempleo en que está sumidos miles de jóvenes de las barriadas populares de las concentraciones urbanas colombianas, - circunstancias que los arrojan en los brazos de la delincuencia para poder subsistir -, ellos pueden percibir a los policías como enemigos. Cuando la masa actúa, prima lo irracional y la idea de que alguno puede terminar preso o muerto, pasa a un segundo lugar.

Usted implica, entonces, que la respuesta del Estado no puede ser únicamente la de la represión violenta porque, del otro lado, solo se producirá un contraataque irracional ¿Cómo se desata, entonces, el nudo vandalismo-uso de la fuerza policial en medio de la necesidad de mantener el orden público?

Analizando lo que está sucediendo y, sobre todo, el número tan alto de enfrentamientos entre la fuerza pública y quienes están detrás de las barricadas (sobre cuyo número hay cifras aportadas por el propio Gobierno), ha quedado en evidencia la impericia y falta de profesionalismo de los agentes estatales para resolver las confrontaciones. Si tuviéramos unas fuerzas con mayor formación, no llegaríamos a los excesos que se han visto para restablecer el orden público, en democracia.

¿Los manifestantes pacíficos que marchan por intereses concretos, ¿deberían asumir o no les corresponde, el control de los actos vandálicos para impedir que sus justificados reclamos se pierdan en la discusión sobre el orden público?

Las grandes marchas colombianas como las del 28 de abril y las del 12 de mayo de 2021, han sido pacíficas. Regularmente, la logística de las manifestaciones pacíficas incluye algún tipo de dispositivos que los organizadores tratan de poner en práctica para que las marchas no terminen en actos de violencia. Sin embargo, en situaciones masivas y de desbordamiento de grandes contingentes de manifestantes, esos dispositivos no operan. Es cuando le corresponde a la fuerza pública resolver, reitero, en democracia, los excesos.

¿Por qué Cali ha sido la ciudad más golpeada del país por la violencia callejera? ¿Qué sucede en la capital vallecaucana que hace que sus condiciones sociales parezcan más críticas que las de otros centros urbanos?

Cali es el epicentro de la región metropolitana más importante del suroccidente de Colombia. De acuerdo con el censo de 2018, tiene 2 millones 228 mil habitantes, de los cuales más del 40% está en condiciones de pobreza monetaria -subsisten con 87 dólares mensuales- y del que, aproximadamente el 15%, está en condición de miseria, es decir, no tiene ingresos para comprar los alimentos. El DANE informó, el mes pasado, que la pobreza monetaria pasó del 35,7% de la población nacional en 2019, al 42% en el 2020, es decir, un aumento de 3,5 millones de personas que fueron arrojadas a las condiciones de pobreza de un año para otro. En Cali, este proceso brutal y acelerado de empobrecimiento se ha presentado con mayor crudeza; en enero de este año, la tasa de desempleo llegó a un máximo histórico del 19%. Desde hace varios años la ciudad ha sido receptora de miles de migrantes iletrados provenientes de la costa Pacífica y del sur del país, desplazados por el conflicto armado que el sector formal de la economía no ha podido absorber. Y, recientemente, han llegado contingentes importantes de venezolanos que huyen de su país por la crisis que se vive allá, y vienen a Cali porque, según dicen, la gente, aquí, es amable y los tratan bien.

El narcotráfico, ¿cuánto incide en el conflicto social de la ciudad?

Cali es el epicentro de la zona en donde existe el mayor número de hectáreas cultivadas de coca del mundo y en donde, después de los Acuerdos de Paz de 2016 entre el presidente Santos y las Farc, se ha presentado la disputa sangrienta entre grupos armados ilegales por el control del territorio, de los cultivos de coca y de las rutas del narcotráfico. La ciudad ha sido el centro de siete “generaciones” de narcotraficantes según la tesis doctoral “Cultura y barbarie. Los avatares de la zaga del narcotráfico en Cali 1970 -2018”. La última generación de narcos conocida como “los gatilleros” (porque su única solución para cualquier conflicto es el uso de las armas), extiende sus tentáculos a las pandillas de jóvenes que se vinculan a sus actividades delictivas para subsistir. La mezcla de todas las características anteriores creó un coctel explosivo que estalló después de la gran manifestación del 28 de abril. Como se ve, es un fenómeno que abarca muchas más aristas que las del denominado vandalismo.

¿Ese “coctel explosivo” que tiene en el centro a los jóvenes de la capital vallecaucana, jóvenes que dentro de poco serán adultos, los llevará a ser, indefectiblemente, los futuros jefes de los nuevos carteles del narcotráfico?

No, si el Estado actúa con propósitos serios y constantes que se hagan realidad mediante programas que les brinden alimentos, salud, educación y empleo. En Colombia solo el 10% de los jóvenes pertenecientes al estrato 1, accede a la educación superior.

La yuxtaposición de otras expresiones de fuerza de una parte significativa de los habitantes de la ciudad, como la instalación de barricadas entre barrios, los bloqueos en casi todas las carreteras de acceso al departamento y los grupos de civiles armados y dispuestos a usarlas sin disimulo, pareciera configurar una “bomba social” sin remedio. O ¿hay alternativas?

Colombia es el segundo país más desigual de América Latina, después de Haití. Tiene un índice Gini (coeficiente con que se calcula el desnivel de ingresos entre habitantes de un país) de 0,53 que muestra la profunda desigualdad social. La alternativa estructural consiste en redistribuir mejor la riqueza a través de políticas públicas que prioricen la intervención en la población empobrecida por la crisis económica que generó la pandemia. Mientras tanto, son necesarios planes, como dije antes, como renta mínima para los sectores empobrecidos, un amplio programa de empleo, opciones de acceso a la educación superior y técnica, entre otras medidas.

Como si algo faltara, Cali también es una ciudad polarizada por la confrontación política tradicional de partidos e ideologías ¿Esto contribuye y alimenta el clima de violencia?

Pareciera que la ciudad también está polarizada en cuanto al ejercicio político formal en el que el Acuerdo de Paz ha jugado un rol importante. Se espera que estos sectores sean sensatos y diriman las diferencias mediante el diálogo razonado y no acudiendo, como otros, a la violencia.

Pero eso ya pasó frente a los colectivos indígenas que se trasladaron del Cauca a Cali para participar en el paro y apoyar a los manifestantes, sobre todo a los jóvenes. Residentes de los barrios de clase alta denunciaron presuntos saqueos de los miembros de la minga, a sus casas. Y todo terminó en ataques armados de los pudientes contra los indígenas o al contrario. “Echar a los indios” fue una consigna que se oyó ¿Esta confrontación también es de corte racial?

Un dirigente del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, al que se le preguntó por qué la minga había llegado a Cali, contestó: “porque los jóvenes nos llamaron debido a que los estaban matando”. La expresión “minga” proviene de la palabra quechua min`k y, desde los tiempos coloniales, se refiere “a una reunión de gente invitada” para algún trabajo. En la institución del resguardo o del territorio comunal indígena, es la forma como la fuerza de trabajo participa, colectivamente, en la producción. Con la efervescencia del movimiento social indígena, su significado ha mutado y comenzado a designar las grandes marchas de los pueblos indígenas del sur de Colombia en las que participan niños, mujeres y hombres que exigen al Estado reconocimiento y redistribución. En medio de la protesta que ha convertido a Cali en su principal centro, la minga bloqueó algunos de los accesos a la ciudad. Como se sabe, esos bloqueos llevaron al desabastecimiento de alimentos, de medicamentos y de combustibles. Desesperados, sectores de la clase alta del sur de la ciudad, se enfrentaron con los indígenas.

No solo bloqueos. Se denunciaron presuntos saqueos. Pero esas denuncias, ¿fueron más que reales, una manifestación de clasismo y racismo?

Todo parece indicar que se presentaron ataques armados para “echar a los indios”, que no son de la ciudad. Ello es indicador de un racismo cultural difuso y del rechazo soterrado de sectores altos de la sociedad que creíamos desparecidos o por lo menos atenuados con la Constitución de 1991 que declaró que la riqueza de la nacionalidad está en la diversidad étnica y cultural. También se trata de la incomprensión sobre el hecho de que Cali es el centro de una amplia región metropolitana en donde viven indígenas y una población amplia de afrodescendientes. Los saqueos a las viviendas y conjuntos residenciales, son todavía, como usted lo resalta, “presuntos”.

¿Los caleños de clase alta se identifican como hombres y mujeres de raza blanca o para decirlo en términos más sorprendentes, como de “raza aria” superior al resto?

En todas sociedades las relaciones están atravesadas por el clasismo, sexismo, patriarcalismo, racismo y discriminación con base en el color de piel. Cali no es la excepción. El sentimiento de “blancura” ha estado muy presente en los sectores altos y de élite de la sociedad colombiana y de la sociedad caleña. Sin embargo, habría que realizar estudios más profundos que nos permitan identificar y confirmar elementos asociados con el sentimiento de “blancura” que, a su vez, implica la presencia de un racismo difuso y estructural.

¿Quiénes son los que han estado instalando y controlando las barricadas en que quedó dividida la ciudad?

Los que están detrás de las barricadas, aunque en su mayoría son jóvenes, son personas muy heterogéneas desde el punto de vista social: unos empobrecidos, algunos vinculados a la economía informal, otros, trabajadores de la construcción y del transporte pirata; unos más, con contacto con las milicias urbanas; otros son reincorporados y algunos son parte del lumpen. Parece confirmado que unos de ellos estaban cobrando “peaje” para pasar por los puntos de bloqueos, lo que generó, como era de esperarse, un rechazo de la población.

Ciertamente, circularon rumores en la capital del Valle del Cauca sobre los chicos que custodiaban las barricadas de los cuales se aseguró que: 1. Cobraban por permitir salir o entrar a los sectores divididos por el “peaje” 2.- Que los conspiradores nacionales e internacionales les pagaban para que permanecieran en los puntos cerrados, día y noche. 3.- Que eran jóvenes reclutados por narcoterroristas. De todo lo anterior, ¿qué es cierto y qué es falso?

Las barricadas o puntos de bloqueos internos en la ciudad son escenarios de acción inéditos en la historia de la ciudad de Cali; es decir, nunca antes se habían utilizado en su extensión ni impacto. Al parecer, siguiendo la experiencia de los jóvenes chilenos, los puntos de resistencia operan mediante cuatro líneas: la primera defiende físicamente el punto; la segunda se encarga del abastecimiento de alimentos; la tercera, del suministro de medicamentos y de la atención a los heridos que resultan de los enfrentamientos con la fuerza pública; y la cuarta, de comunicar en tiempo real lo que está sucediendo. Hasta el 13 de abril había en la ciudad 25 barricadas concentradas principalmente en el oriente y en la zona de ladera. En esos sectores se concentra la población pobre.

Pero entonces, ¿su respuesta indica que, por lo menos los activistas de las barricadas sí obedecen a una organización?

En realidad, no. Detrás de las barricadas hay jóvenes que son, como señalé, muy heterogéneos y, además, existe una configuración y reconfiguración de actores sociales algunos de los cuales protestan, espontáneamente, detrás de las barricadas. Es decir, los actores son difusos y así como existe la reconfiguración de identidades, también hay cambios en los liderazgos. Detrás de las barricadas lo que usted tiene es una gran diversidad de desempleados, sectores informales de trabajadores, jóvenes vinculados con la delincuencia. Y no se puede afirmar que todos pertenecen a una única organización que está detrás de la estrategia de las barricadas. En resumen, es otro fenómeno muy complejo.

“La Iglesia, mediadora con legitimidad en las barriadas pobres”

En una entrevista con W Radio, el arzobispo de Cali Darío Monsalve, afirmó, ante las objeciones a los bloqueos de carreteras, que aún siendo molestos para la ciudadanía constituyen casi la única manera que tienen los activistas del paro de hacerse oír ¿Cuál es su opinión sobre esa forma de protesta?

Desde el punto de vista de la acción colectiva y la contienda política, los actores sociales usan el bloqueo como uno de los repertorios de acción más eficaces, políticamente hablando. Sin embargo, el bloqueo es un mecanismo bumerán en el que, al usar la fuerza, se desgasta rápidamente, produce rechazo y se vuelve en contra del actor o de los actores que lo emplean. Esto es lo que ha venido sucediendo en la ciudad de Cali.

¿Cuál es su opinión, no sobre las opiniones del Arzobispo de Cali sino sobre el rol que él juega en la capital vallecaucana: ¿es un catalizador de tensiones, un polarizador o una voz que habla por los que no tienen voz?

Frente a la crisis social en Cali, el rol de la Iglesia es fundamental como mediadora de las partes en el conflicto urbano puesto que tiene gran legitimidad por su larga tradición de acompañamiento y uso de incentivos a las soluciones de los problemas que los jóvenes que enfrentan en las barriadas empobrecidas.

“Excluidos por su condición étnica”

¿El conflicto social que estalló violentamente en Cali, también tiene componentes étnicos?

Sí. Cali es una ciudad pluriétnica y multicultural en que el 26% de la población se reconoce como negra o afrocolombiana. Desde los tiempos coloniales también han vivido, aquí, indígenas cuya población se ha recuperado desde el punto de vista demográfico. Además del castellano, en Cali se hablan por lo menos cinco lenguas más. En las barricadas y en los puntos de resistencia, participan jóvenes y adultos afrocolombianos, en su mayoría del Distrito de Agua Blanca, una de las principales concentraciones de gente negra de Colombia que se encuentra sumida en profundas condiciones de pobreza.

Los afrodescendientes y los indígenas han sido siempre excluidos de los programas de desarrollo económico y social ¿Por qué?

Los afrodescendientes y los indígenas están, mayoritariamente, sumidos en la pobreza y en la exclusión. Esto se explica, por lo regular, por su condición étnica o por su color de piel. Los negros y los indígenas son pobres entre los pobres.

El Consejo de Rectores del Sistema Universitario Estatal reconoce y valora significativamente la voluntad de diálogo que se ha expresado en los últimos días por parte del gobierno nacional y de distintos actores sociales que han participado en las amplias movilizaciones pacíficas desarrolladas desde el 28 de abril. El mejor camino para fortalecer la democracia es profundizar la participación de todos los sectores sociales, escuchando atentamente sus demandas en materia de educación, salud, empleo, derechos humanos, ambiente, entre otros asuntos que han hecho parte de la agenda política que el país ha presenciado en las últimas semanas.

Una de las demandas presentadas en el marco del Paro Nacional ha sido sustentada por miles de jóvenes que han exigido garantizar el derecho a la educación superior pública, además de oportunidades laborales y mejores condiciones de vida. En este sentido, reconocemos como un avance relevante los anuncios del gobierno nacional con la disposición de recursos adicionales del fondo nacional de solidaridad por la educación y de otras fuentes que permitan pagar la matrícula de los estudiantes de las instituciones de educación superior pública de estrato 1,2 y 3. La matrícula cero para las universidades públicas en tiempos de pandemia constituye una medida justa y necesaria.

Ratificamos nuestro compromiso y disposición de trabajo para participar y acompañar activamente todos los espacios de diálogo que contribuyan en abordar las demandas de los diversos sectores sociales. Insistimos en la necesidad imperiosa de construir una política estado que asegure la financiación del funcionamiento de las universidades públicas, de tal manera que se cubran los gastos operaciones que implica la formación de alta calidad.

Consejo de Rectores
Sistema Universitario Estatal SUE.
14 de mayo de 2021

Desde el inicio de la protesta social que comenzó el 28 de abril en el contexto del Paro Nacional como rechazo a la reforma tributaria y otras medidas del gobierno de Iván Duque, la ciudad de Cali se constituyó en el epicentro de una movilización plural y sostenida de diversos sectores sociales - estudiantes, sindicalistas, líderes barriales, organizaciones de mujeres, grupos culturales-. A su vez, se convirtió en el escenario de una acción delincuencial y destructiva a la que se sumó el uso indiscriminado y desproporcionado de la fuerza pública, a través de la presencia policial y del ESMAD y de la militarización de la ciudad, ejecutada a partir de una directriz presidencial.

Ante la magnitud de los cruentos eventos de los últimos días en Cali, hemos experimentado una pugna por el posicionamiento de diferentes agendas a través del uso de los medios de comunicación, todo lo cual ha creado, además de mecanismos de censura, una sobreexposición de imágenes y discursos desde muy diversos ángulos y posiciones que terminan construyendo un entramado confuso y parcial de lo que está pasando en las calles: una comunicación gubernamental dispersa y ajena a lo que pasa en la ciudad, medios de comunicación masiva que privilegian la postura institucional y el encuadre del vandalismo y la estigmatización de la protesta social, una explosión de medios alternativos en las redes sociales que hacen acompañamiento a los diferentes puntos de concentración, que denuncian los abusos policiales mínimamente mostrados en los grandes medios y que destacan los procesos de resistencia de los manifestantes. Se agrega, además, la capacidad de viralización de las redes sociales y de saturación de voces e imágenes de diversidad de sectores: las noticias falsas, los insultos, las incitaciones a la violencia, entre otros, hacen más complejo el panorama.

Las preguntas que nos planteamos entonces giran en torno a cómo darle un sentido al tumulto de informaciones a las que estamos sobreexpuestos. Así mismo, cómo contribuir desde los escenarios mediáticos y redes sociales al cese de la violencia y del abuso de la fuerza pública. Nos interesa indagar en lecturas sobre lo que está pasando en esta ecología mediática- informativa confusa.

Invitados:
Nicole Bravo, corresponsal de La Silla Vacía. Egresada de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Valle.
Oscar Campo Hurtado, profesor de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Valle. Documentalista.
Fabio López de la Roche, profesor del Instituto de Estudios Políticos IEPRI, de la Universidad Nacional de Colombia.
Luis Alfonso Mena, magíster en Historia y periodista independiente. Director de Periodismo Libre.

MEDIOS. REDES Y PROTESTA SOCIAL
Mensajes mediáticos emergentes en contextos políticos fracturados
Organiza: Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Valle
Mayo 18 de 2021. 10:00 a.m.
Enlace para la transmisión https://lobby.sar.ruav.edu.co/#/2YZLL8Z14TKL 

El rector Edgar Varela anunció que, gracias al trabajo conjunto de los directivos de las universidades con el gobierno nacional, se ha acordado la inclusión de docentes y funcionarios de las instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas, como prioridad en el esquema de vacunación.

“Por iniciativa de la rectora de la Universidad Nacional, Dolly Montoya, y con el acompañamiento de otros directivos universitario, se hizo una mesa de trabajo con los Ministerios de Educación y Salud que permitieron incorporar, desde hace un par de semanas, a la totalidad de los maestros, funcionarios y administrativos de las universidades públicas y privadas en la tercera etapa de vacunación que acaba de comenzar”, informó el profesor Varela.

De acuerdo con lo hablado por los rectores con Ministerio de Educación Nacional, la etapa 3 de vacunación se extenderá durante los meses de mayo y junio, por lo que se espera que al final de este último gran parte de los empleados y docentes universitarios se encuentren vacunados.

“Nuestro Servicio de Salud ha hecho una tarea importante, en alianza con las EPS e y IPS de la región, vacunando a nuestros docentes, empleados administrativos y contratistas priorizados en las etapas 1 y 2. En ese sentido, continuaremos el trabajo en vacunación para que haya un mayor grado de presencialidad en la Universidad del Valle tanto en Cali como en el Sistema de Regionalización en el comienzo del segundo semestre”.

Por otro lado, el rector enfatiza en que, si bien es importante el regreso a las aulas y la universidad ha adelantado procesos de alternancia, un retorno mayor a la presencialidad requiere condiciones de bioseguridad para el ejercicio académico y administrativo.

“Entendemos el cansancio alrededor las clases por plataformas digitales -que ya llevan más de un año- y la importancia de la presencialidad para el desarrollo de actividades académicas, por lo que se han abierto algunos espacios como talleres y laboratorios de prácticas clínicas. Sin embargo, se requiere una apertura mayor, pero ésta tiene que estar condicionada a la bioseguridad y la vacunación de nuestros docentes y empleados”.

Con esta priorización por parte del gobierno nacional, la dirección universitaria ve respaldado su compromiso con el avance del esquema de la alternancia y reafirma sus esfuerzos en monitoreo y vacunación para garantizar a la comunidad universitaria un regreso pronto y seguro a los campus de su Alma Máter.

Acontecimientos coyunturales que fueron el detonante de grandes expresiones de inconformidad hacia problemáticas estructurales, sobre todo en los sectores más populares de la ciudad; un círculo de violencias ejercidas por diversos actores durante los días del paro; la falta de continuidad de intervenciones sociales para los jóvenes de las zonas más vulnerables de la ciudad y una posible manipulación a los noveles participantes en los desmanes y las afectaciones a la propiedad pública y privada, son algunas de las hipótesis que tienen dos investigadores de la Universidad del Valle para explicar las causas de la crisis que por el momento aqueja a la ciudad.

Los investigadores formularon reflexiones sobre la situación de violencia que se ha desencadenado en Cali durante las últimas semanas desde distintas orillas: una enfocada en el análisis social y la otra a partir de una perspectiva epidemiológica.

Un análisis sociológico

“Así como en los setenta Cali era reconocida como la ‘capital deportiva de América’, luego se convirtió en la ‘capital de la salsa’ y posteriormente en la del narcotráfico, ahora se construye una nueva imagen de la ciudad a partir del apelativo de ‘capital de la resistencia’, que empezó a tomar fuerza desde las protestas de noviembre de 2019”, señala el profesor Jorge Hernández Lara, docente del Departamento de Ciencias Sociales e investigador del Centro de Investigaciones y Documentación Socioeconómica - CIDSE de Univalle, que desde hace más de 40 años contribuye al análisis social y económico del país, con énfasis especial en el Suroccidente.

Para el sociólogo, estas protestas se dieron por causas coyunturales que se suman a las estructurales: “La causa de esta protesta en toda Colombia, pero de manera más intensa en Cali, es una combinación de dos cosas: la primera es la ineptitud de las autoridades para manejar la situación con fórmulas políticas y que no sea la represión la primera o única alternativa. Por el otro lado está la expresión de una gran irritación acumulada y profunda que no pasa por la mente, pero sí por el corazón: un sentimiento de injusticia arraigado que puede llevar a la gente a actuar de forma espontánea e incluso radical”.

La pandemia hizo un paréntesis para las grandes reclamaciones y movilizaciones que se dieron en la ciudad desde el 2019. En el marco de las manifestaciones de ese año se empezó a resignificar la geografía urbana a partir del renombramiento de espacios populares de la ciudad como Puerto Rellena, ubicado en una importante zona de acceso al Oriente de la Cali, ahora llamado ‘Puerto Resistencia’. Desde entonces, las marchas que tradicionalmente confluían en el Centro Administrativo Municipal -CAM o en la Plazoleta de la Gobernación, finalizan en este punto.

“Los ciudadanos renombraron el lugar y lo llenaron de contenido, convirtiéndolo en otro referente. Asimismo, durante este paro otros puntos de la ciudad han sido resignificados: es el caso del renombramiento de la Loma de la Cruz como ‘Loma de la Dignidad’ y del Puente de los Mil Días como ‘Puente de las Mil Luchas’.

Los activistas caleños han desarrollado una táctica de acción colectiva contenciosa de la que apenas hay atisbos en otras ciudades del país y que no figuró a finales de 2019”, enuncia el profesor Hernández Lara.

Para garantizar que el paro no se limitara a una marcha, surgió la estrategia de los puntos de resistencia, de los cuáles hay al menos 13 en la ciudad. “Estos son bloqueos realizados por jóvenes de los barrios populares que se mantienen por varios días con barricadas artesanales para impedir el flujo de cualquier tipo de tránsito”, afirma el sociólogo.

Sin embargo, con el paso de los días los organizadores del paro han perdido el mando de esta dinámica popular y dichos puntos de bloqueo se desgastan, pero siguen paralizando la movilización masiva en la ciudad.

En algunos de estos espacios se han dado confrontaciones entre vecinos, como es el caso del punto de bloqueo ubicado a las afueras de la Universidad del Valle, un paso obligado hacia el sector de Ciudad Jardín y Pance, barrios en la cima de la estratificación social.

“Se empiezan a generar conflictos entre civiles y esto implica una singularidad de lo ocurrido en Cali”, apunta el investigador.

El profesor Jorge Hernández hace un análisis sobre lo que denomina un ‘círculo de violencias’ que ha tenido a Cali como escenario durante los últimos días:

“Al inicio de esta escala, están las protestas masivas de noviembre de 2019 y abril del 2021 en las que aparece una primera violencia: la represiva policial, ejercida por un cuerpo que no está bien formado profesionalmente para controlar el orden público sin producir más violencia. Este puede ejercer una violencia brutal, ilegal y criminal contra los sectores que protestan.

Después viene la violencia colectiva como una reacción de los manifestantes contra la violencia policial. En ese momento incluso gente muy pacífica puede volverse violenta frente al abuso contra sus pares.

Por su parte, la violencia oportunista se caracteriza por saqueos, destrucción de bienes públicos y establecimiento de peajes urbanos ilegales por parte de quienes aprovechan el desorden.

La violencia vengativa es ejercida por habitantes de los barrios más acomodados de la ciudad, que manifiestan sentirse secuestrados por los bloqueos. Parte de esa población se expresa de forma pacífica, pero otra usa las armas, como sería el caso de quienes protagonizan atentados, efectuados desde camionetas particulares, hacia los otros civiles que custodian los ‘puntos de resistencia’.

Por último, está la violencia profesional del Ejército, cuya intervención hasta ahora se ha apartado del ejercido de la violencia y ayuda a controlar un poco la situación”, formula el investigador.

En el estallido ocurrido en Chile a finales de 2019 se encontró una salida política y dialogada a una crisis similar, situación que derivó en una nueva Constitución, “Aquí no necesitamos otra Constitución, pero ¿qué tal una renta básica con prioridad para los jóvenes de los sectores más afectados por la crisis que trajo la pandemia?”, propone el profesor Hernández Lara.

Un abordaje desde la epidemiología de la violencia

El enfoque epidemiológico de la violencia urbana tiene en cuenta factores de riesgo como la formación de valores, la presencia de un referente de autoridad y la disfuncionalidad en la familia. Los estilos de crianza también constituyen un signo de alerta según la profesora María Isabel Gutiérrez Martínez, docente de la Escuela de Salud Pública e investigadora del Instituto Cisalva, pues el castigo físico está relacionado con la toma de justicia por mano propia, la violencia interpersonal e intrafamiliar. Entre otras causales del fenómeno de la violencia urbana están la impunidad y la consecuente reacción ante ésta que deriva en nuevos brotes. La inequidad, la falta de acceso a la educación y al empleo son otros factores de riesgo importantes.

La investigadora llamó la atención sobre la pérdida de continuidad en la actual administración municipal del trabajo de atención integral a jóvenes en situación de vulnerabilidad que se llevó a cabo durante el periodo de gobierno del exalcalde Maurice Armitage.

En un recorrido de más de 25 años, Cisalva ha estado presente en los territorios del Oriente y la Ladera realizando diversas intervenciones para prevenir la violencia y promover la convivencia. El programa ‘TIP Jóvenes Sin Fronteras’ fue ejecutado entre el 2016 y el 2020 por este instituto de investigación, de la mano con la Policía Metropolitana y financiado por la Secretaría de Seguridad y Justicia de la Alcaldía de Cali. “Era un proyecto de intervención social para jóvenes vulnerables que no caía en el asistencialismo. En esta iniciativa se hizo un abordaje integral que involucró atención psicosocial, oferta cultural, deportiva y para el uso del tiempo libre, así como oportunidades educativas y laborales para los muchachos de las zonas más vulnerables de la ciudad", indicó la profesora Gutiérrez.

“La situación de orden público en Cali se salió de las manos porque una gran cantidad de jóvenes sin oportunidades, como los que habían sido beneficiarios de este proyecto, aún no miden las consecuencias de sus actos y fueron manipulados por otras personas que están detrás de los vandalismos al MIO y a la propiedad privada que se dieron en las jornadas de protesta”, manifestó la epidemióloga, quién también señaló que muchos de los jóvenes entre los 14 y 21 años que se involucran en hechos violentos provienen de familias disfuncionales, con una figura de autoridad ausente.

“Nos hemos encontrado con desigualdad, inequidad y falta de oportunidades para esta población, en su mayoría de origen campesino, que en la ciudad no encuentra facilidades para desarrollar un proyecto de vida. La situación económica de estas personas es difícil y hay dificultades en el acceso a la educación, no por la carencia de oferta, sino porque existen fronteras invisibles en los territorios que dificultan la movilidad para los jóvenes en algunos sectores. Ante la falta de empleo también existe la posibilidad del dinero fácil”, menciona la profesora Gutiérrez Martínez.

Históricamente, la elevación de las tasas de homicidio en Cali, un indicador por el que esta ciudad ha sido señalada con preocupación, coincidió con la llegada de los desplazamientos masivos, originados no sólo por el conflicto armado sino también por desastres naturales en el Pacífico. Para la epidemióloga, estas inmigraciones rompen el enfoque de ciudad: “En la ladera y el Oriente se ven perfiles muy diferentes a los de los habitantes del resto de la zona metropolitana en relación con culturas, problemáticas y factores de riesgo que afectan a la población", afirmó.

Gutiérrez manifiesta estar a favor de las marchas pacíficas y del derecho a la protesta frente a la equivocada decisión del gobierno nacional de proponer una reforma tributaria en medio de la pandemia y de una crisis económica que afectó a todos los sectores. Sin embargo, rechaza lo que denomina la vulneración de los derechos de los otros ciudadanos durante las jornadas del paro en Cali: “Cuando empiezan a vulnerarse los derechos de los demás ciudadanos y se generan secuestros y bloqueos, el problema detona en otros lados. No todas las personas se autocontrolan y como agravante venimos de la cultura del dinero fácil en la ciudad, por lo que mucha gente sigue armada pese a que los civiles no deben tener armas”.

A diferencia del investigador Jorge Hernández, María Isabel Gutiérrez no está de acuerdo con la propuesta de una renta básica para los jóvenes de los sectores más vulnerables, pues lo considera asistencialismo, y al asistencialismo como ‘el padre del subdesarrollo’. “Creo que es mejor darles oportunidades de empleo y que se ganen esa renta básica, que no se les regale nada porque acabamos con su necesidad de crecer como personas y eso no se lo podemos hacer a la juventud colombiana”, dice la investigadora, quien también afirma que, pese a lo ocurrido en estas últimas semanas en la ciudad, Cali sigue siendo la Sucursal del Cielo y un buen vividero.

Una revisión a la historia de la ciudad

El conversatorio virtual ‘Cali en medio de la crisis’, en el que tuvo lugar este encuentro de distintas perspectivas de análisis sobre la situación actual de la capital del Valle del Cauca, fue organizado por el Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Bogotá y se llevó a cabo el pasado martes. “La sociedad caleña mantiene una relación muy fuerte con el territorio”, concluye el profesor Fabio Zambrano Pantoja, director de este instituto y moderador del evento, después de hacer una revisión de la historia de Cali, la ciudad sobre la que el mundo ha puesto sus ojos en los últimos días por ser el escenario donde han tenido lugar la mayor cantidad de expresiones de violencia durante el paro nacional, que inició el pasado 28 de abril.

Después de ser asignada como capital del departamento en la fundación del Valle del Cauca, a inicios del Siglo XX, Cali llegó tardíamente a iniciar su transformación en ciudad moderna, en comparación con otras del país. Entre las décadas de los cuarenta y cincuenta esta región tuvo un importante desarrollo industrial, que sobre todo benefició al sector agrícola.

Terratenientes, azucareros e industriales tuvieron un papel protagónico en el desarrollo de la región y la nueva urbe, en el que también establecieron a sus representantes como clase política dirigente. Desde entonces, la historia de Cali ha estado marcada por una fuerte influencia de lo privado sobre lo público.

En los años setenta surgió en esta ciudad una nueva clase política de corte populista, mientras que, entre los ochenta, hasta su declive en los noventa, las dinámicas de la ciudad estuvieron marcadas por el apogeo del narcotráfico, la cercanía estratégica al puerto de Buenaventura y un crecimiento demográfico acelerado, qué tan sólo en 20 años duplicó la población, pasando de un millón a dos millones de habitantes. Durante ese período se produjeron las mayores migraciones a esta ciudad.

A principios de los noventa las tasas de homicidio en Santiago de Cali también empezaron a tener un incremento alarmante. Actualmente, Cali mantiene fuertes líneas de exclusión urbanas que atraviesan factores étnicos, económicos y espaciales.

Este viernes 14 de mayo -a las 10:00 a.m. (hora Colombia), 4:00 p.m. (hora Reino Unido)- se realizará la mesa redonda “Colombia ahora”, con la participación de Luis Carlos Castillo (sociólogo, docente e investigador del Departamento de Ciencias Sociales); Stephania Recalde García (trabajadora social y estudiante de la Maestría en Sociología de la Universidad del Valle); Jorge Hernández Lara (sociólogo, docente e investigador del Departamento de Ciencias Sociales); Jorge Pérez Jaramillo (arquitecto y consultor en urbanismo); y Austin Zeiderman (Antropólogo - London School of Economics). Las moderadoras son Ange La Furcia (egresada de sociología de Univalle y candidata a doctorado de la Universidad de Cambridge) y Andrea Aramburu Villavicencio (candidata a doctorado de la Universidad de Cambridge).     

A continuación, un breve resumen del contexto y el propósito de la mesa redonda: 

“Desde el 28 de abril, Colombia ha estado inmersa en confrontaciones violentas que han afectado el país entero. La ciudad de Cali es considerada el epicentro de las protestas que se han extendido por dos semanas, exponiendo fragmentaciones socioeconómicas y políticas que se interponen en el camino hacia un futuro pacífico en Colombia. Mientras es difícil acceder a información confiable, en los medios circulan imágenes de agitación, junto con declaraciones sobre vandalismo y brutalidad policial. Todo esto ocurre en medio de una pandemia con mucho peso en las vidas de las poblaciones más vulnerables. Esta mesa redonda invita a cinco ponentes a examinar la situación actual en Colombia, explorando aspectos múltiples de las manifestaciones”.

Este evento es organizado por el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad del Valle y el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Cambridge. Será transmitido en vivo a través de nuestra página de Facebook: https://www.facebook.com/uvsocioeconomia 

Para registrarse en el evento, por favor enviar un correo a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. con la siguiente información: 1) Nombre del evento (Colombia Ahora) 2) Su nombre 3) Institución a la que pertenece. 

Las situaciones de violencia política y de conflicto social que viven algunos escenarios latinoamericanos, entre ellos el que ha atravesado nuestro país en las últimas semanas, tienen efectos emocionales en las personas.

Algunas personas experimentan estos efectos de manera más intensa que otras; esto dependerá de las características de cada persona, su trayectoria individual, grupal o colectiva, entre otros factores.

Los académicos han llamado a estos efectos de diferentes maneras. Se pueden encontrar las nociones de "efectos psicosociales de la represión" (Rozitchner), "dolor país" (Bleichmar), "sufrimiento ético-político" (Sawaia). Incluso de manera reciente y en circunstancias crónicas se habla de “daños antropológicos”.

Estas son algunas de las ideas que expuso el profesor Pedro Enrique Rodríguez, docente del Instituto de Psicología de la Universidad del Valle, durante la presentación “Intervención psicológica en escenarios de violencia política” realizada a través del Facebook de la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología”.

El profesor Rodríguez es psicólogo y especialista en psicología clínica comunitaria de la Universidad Católica Andrés Bello y doctor (Ph.D.) en psicología de la Universidad Central de Venezuela.

Ante estas situaciones de conflicto social, la psicología tiene un llamado a responder. Sin embargo, los dispositivos que habitualmente se emplean en este campo del conocimiento deben ser adaptados, ya que esta ciencia no suele operar en circunstancias de esta naturaleza, expuso el profesor Rodríguez.

Para la adaptación de estos dispositivos se pueden recuperar dos aportes. El primero, desde la tradición de los estresores psicosociales, que se basa en detectar aquellos factores que alteran al sujeto y a su capacidad de respuesta. De este modelo surgió la intervención en crisis, una estrategia que parte de la identificación de un elemento estresor que afecta de manera temporal la capacidad de respuesta de un individuo, ante el cual se despliegan unas acciones para permitirle su readaptación.

Sin embargo, a pesar de lo útil que puede ser la tradición de los estresores sociales, se corre el riesgo de aplicarla de manera molecular o individual y estos fenómenos, como recalcó Pedro Rodríguez, afectan a un grueso de la población. De ahí la necesidad de establecer un diálogo con otras posturas y tradiciones más relacionadas con los modelos sociales.

En América Latina en la década de los 80, el psicólogo, filósofo y sacerdote Ignacio Martín-Baró (quien dedicó la mayor parte de su vida a la investigación de la difícil realidad social y política de El Salvador) propuso cuatro conceptos que pueden ser un punto de partida para entender la situación actual en la región: la polarización, el trauma psicosocial, la mentira institucionalizada y la violencia.

El profesor Rodríguez aclaró que, aunque estos cuatro elementos pueden encontrarse en nuestro contexto, requieren de una actualización y una contextualización debido a que fueron pensados y formulados en un escenario que no es el nuestro, pero constituyen un valioso aporte.

Los conflictos sociales y de violencia política producen un efecto de polarización entre los integrantes de una sociedad. Más que forzar la despolarización, lo que debe evitarse es la deshumanización del otro, de quien hace oposición.

Cuando Martín-Baro formuló estos elementos, habló de violencia de manera general, por lo cual el profesor Rodríguez señala que en nuestro contexto es necesarioentender que la violencia se da en diferentes dimensiones, no solo la física: se da de manera institucional, simbólica, entre otras.

Ante el trauma psicosocial se puede mencionar que no todas las personas van a requerir de atención psicológica o psiquiátrica. Esto dependerá si estuvieron muy expuestos ante el conflicto o si ya contaban con elementos previos que los hicieran más sensibles ante estos hechos. Este tipo de trauma no debe entenderse en el sentido clínico, sino como uno cuya naturaleza afecta a todo el conjunto de la sociedad y que debe ser metabolizado.

Por último, ante la mentira institucionalizada Martín-Baró se refería al ocultamiento de la realidad, un factor que este filósofo veía en los grupos en conflicto. El profesor Rodríguez destaca que ahora, con todos los cambios que se han vivido, se debe generar una reflexión sobre la transmisión de la información y la generación de opinión que va más allá de los medios tradicionales y que incluyen las diferentes formas de influencia por redes sociales. Es decir, es necesario revisar y pensar los medios tradicionales, sino también las redes sociales debido al modo en que se difunde la información y la manera en que se construyen narrativas que pueden estar distorsionadas a partir de intereses particulares.

Para el profesor, investigador y psicólogo Pedro Rodríguez, hoy se tiene que pensar la intervención en diversos planos. El contexto actual no solo exige interacciones individuales, sino también institucionales, para que a nivel particular y colectivo se construyan acuerdos que permitan el trámite de aquellas situaciones de conflicto y que suelen movilizar a las personas.

Frente al anuncio de gratuidad en matrículas para los estratos 1, 2 y 3 hecho por el presidente y la ministra de educación el pasado 11 de mayo en Cali, el rector de la Universidad del Valle Edgar Varela Barrios celebró la medida, la cual resaltó como un avance sobre beneficios obtenidos por los estudiantes de las universidades públicas durante la pandemia.

“Este anuncio es una buena noticia frente a una necesidad que desde el año pasado se viene reclamando y, en parte, se había logrado. El año anterior unos 100 mil millones de pesos fueron repartidos entre todas las universidades públicas para subsidiar la matrícula de los estratos más pobres. En el caso de Univalle, nos correspondieron unos 3.200 millones de pesos, cifra insuficiente para cubrir todos los estudiantes de estratos 1 y 2, por lo que necesitamos hacer un esfuerzo adicional entre la Universidad y la Gobernación para asegurar la cobertura total de los estudiantes”, expresó el profesor Varela.

Con la nueva medida por parte de la presidencia, enunció el rector, la nación entraría a cubrir la totalidad del subsidio de matrícula para los estratos 1, 2 y 3, por lo que no sería necesario a futuro el complemento de la subsidiaridad por parte de la Universidad del Valle y la Gobernación. En ese sentido, el profesor Edgar Varela contempló esta alivio presupuestal como una oportunidad de continuar avanzando hacia la gratuidad de la educación superior pública.

“Los compromisos adquiridos por el gobierno abren la oportunidad de hacer un debate formal para el apoyo relacionado con los estratos 4 y 5, tema que deberá hablarse en el Consejo Superior de la Universidad del Valle una vez se formalice lo propuesto por el presidente”, comunicó el rector.

Por otra parte, la decisión tomada también permitirá a la universidad la continuidad en las políticas de ampliación y fortalecimiento de la cobertura, tanto en Cali como en el Sistema de Regionalización.

“Hemos estado empeñados en que la universidad crezca en su matrícula. Hoy tenemos un poco más de 33000 estudiantes, de los cuales cerca de 30 mil están en pregrado; 12400 en sedes regionales y los restantes en Cali. Cuando llegué a la rectoría, a finales del 2015, estábamos en una cifra aproximada de 26 mil estudiantes. Así que hemos crecido en unos 6000 cupos y seguiremos trabajando para continuar el crecimiento y permitir que nuevos jóvenes puedan ingresar a la universidad, no sólo en Cali sino también en nuestro Sistema de Regionalización”, afirmó el rector.

Otra de las estrategias impulsadas por la dirección universitaria para el fortalecimiento de la oferta gira en torno a la apertura de programas de carácter virtual y del bienestar estudiantil. “También estamos trabajando en oferta académica en las modalidades virtual y dual, a las que la propia pandemia nos ha empujado y en las que hemos conformado una buena estrategia. Construir más en términos financieros, avanzar hacia la gratuidad y la financiación adecuada y fortalecer el bienestar para los estudiantes son faros en lo que todos hemos venido trabajando de la mano de la gobernadora y presidenta de nuestro Consejo Superior, Clara Luz Roldán”, complementó el rector Varela.

Para finalizar, el profesor Varela planteó que, en línea con los esfuerzos encaminados a brindar gratuidad educativa, es necesario garantizar la financiación de las universidades públicas en el largo plazo.

“Esperamos que los temas de gratuidad y financiación deriven en la apertura de la discusión en el Congreso de la reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 en el segundo semestre, de tal manera que el modelo de asignación de recursos por encima de la inflación -aplicado en los últimos años fruto de las movilizaciones del 2018- tenga un carácter de permanencia por lo menos por un período de unos 20 años. Este anhelo de larga data en las universidades, cuya búsqueda de solución ha estado encabezada por los rectores de las universidades públicas, sería un paso fundamental hacia una política integral de educación superior”.

El Ministerio de Educación Nacional emitió para la Universidad del Valle en sus sedes Buga, Tuluá y Norte del Cauca el concepto favorable en el cumplimiento de las Condiciones de Calidad Institucionales en su etapa de pre-radicado.

Con la emisión de dichos conceptos, estas sedes regionales podrán, por un término de siete años, realizar la radicación de solicitudes de ampliación del lugar de desarrollo o modificaciones curriculares, de cupos, créditos, ente otras, de los registros calificados de los programas académicos de la sede Buga de la universidad, sin necesidad de hacer la etapa de pre-radicación.

Bajo el liderazgo de la Dirección de las sedes y su equipo de trabajo y con el acompañamiento de la Dirección del Sistema de Regionalización y de la Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica -DACA, se realizó un proceso de demostración, frente a la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación -CONACES, de condiciones de calidad institucional en elementos como sus mecanismos de selección y evaluación de estudiantes y profesores, estructura administrativa y académica, cultura de la autoevaluación, programa de egresados, modelo de bienestar y la existencia de recursos suficientes para garantizar el cumplimiento de sus metas.

El registro calificado es un requisito obligatorio y habilitante para que una institución de educación superior, legalmente reconocida por el Ministerio de Educación Nacional, y aquellas habilitadas por la ley pueda ofrecer y desarrollar programas de educación superior en el territorio nacional₁.

Este importante logro institucional es producto del trabajo de muchas personas, especialmente de profesores, estudiantes, egresados, empleados, trabajadores, directivos y empleadores, con el apoyo de los Consejos Académico y Superior y la solidaridad y confianza de los gobiernos locales y nacionales.

La Comunidad Universitaria se siente orgullosa de este logro y, a la vez, comprometida en hacer de nuestra Universidad del Valle una sola institución, caracterizada por la calidad, el compromiso social y la innovación tanto en las regiones como a nivel nacional e internacional.

Ahora sigue un trabajo muy importante y es el cumplimiento al plan de mejoramiento producto de la autoevaluación para consolidar los documentos de condiciones institucionales, articulando las recomendaciones de los pares institucionales (producto de la evaluación de los pares) y las recomendaciones expresadas en las comunicaciones emitidas por del Ministerio de Educación Nacional.

₁ Decreto 1330 de 2019